Ciudad Juárez, Chih., 03/07/2025 — Tras el hallazgo de 383 cuerpos en el crematorio “Plenitud”, ubicado en las afueras de Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua aseguró que investigará posibles omisiones de autoridades y buscará justicia para las víctimas, en medio de una creciente presión social y el dolor de familias afectadas.
El fiscal general César Jáuregui Moreno confirmó que hasta ahora han sido identificadas 15 personas entre los restos hallados en condiciones insalubres, luego de que al menos seis funerarias contrataran los servicios del inmueble, presuntamente sin supervisión adecuada.
En una conferencia celebrada el pasado 1 de julio, Jáuregui se reunió con familiares preocupados por la posibilidad de que sus seres queridos estén entre los cuerpos. “Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables. Se investigarán las acciones u omisiones de autoridades responsables en la fiscalización de este tipo de establecimientos”, declaró el funcionario.
El director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, detalló que los restos corresponden a 218 hombres, 149 mujeres y 16 cuerpos de sexo indeterminado, incluyendo cuatro menores de edad. Todos presentaban algún grado de embalsamamiento y algunos llevaban etiquetas hospitalarias con nombre o número de seguridad social, lo cual podría facilitar su identificación.
La situación ha generado una fuerte respuesta ciudadana. Familiares como Rosa Esther Jaques relataron ante medios que temen haber recibido cenizas falsas. “Ya lo habíamos llorado, y ahora tenemos que volver a empezar. Es horrible pensar que pudo estar ahí todo este tiempo”, dijo entre lágrimas.
En paralelo, decenas de personas se manifestaron frente a la Fiscalía en Ciudad Juárez para exigir pruebas científicas que verifiquen si las urnas que recibieron realmente contienen los restos de sus familiares. “Vamos a abrirlas, porque creemos que son piedras, tierra… queremos hacer pruebas de ADN”, expresó Nora Canales a la prensa.
Dos personas, identificadas como José Luis A. C. y Facundo M. R., fueron detenidas por su presunta participación en el funcionamiento del crematorio. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, la cual fue concedida por el juez de control ante el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso penal.
Además, la Fiscalía busca fincar responsabilidades a funcionarios públicos que pudieron incurrir en omisiones administrativas o penales al no detectar las irregularidades en inspecciones previas.
“La revictimización debe evitarse a toda costa. Estamos comprometidos a esclarecer los hechos y garantizar una reparación del daño para todas las familias afectadas”, concluyó Jáuregui.
Las investigaciones continúan en curso. Mientras tanto, la indignación y el dolor siguen creciendo entre quienes buscan respuestas y justicia por la dignidad de sus muertos.
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