Astillero
Julio Hernández López
La familia del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años de edad, 35 de ellos como trabajador de la construcción en Houston, Texas, tuvo que verlo morir tirado en el pavimento, sin poder acercarse a él, rodeado de manera infranqueable por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, conforme a sus siglas en inglés), uno de los cuales lo había asesinado.
“La crueldad del cerco institucional obligó a sus seres queridos a identificar a Lorenzo escuchándolo pedir ayuda y viéndolo desangrarse a través de videos difundidos en redes sociales. Las autoridades continuaron con la violencia institucional, ya que después de disparar contra Lorenzo impusieron un muro de silencio burocrático, negando a la familia cualquier dato sobre su estado de salud”, señalan los familiares mediante un comunicado difundido anoche.
Salgado Araujo no tuvo “jamás ningún otro conflicto con la autoridad” y estaba “a un paso de consolidar su estatus legal y obtener un permiso de trabajo, tras décadas de aportaciones”, precisaron los familiares. Antes del amanecer de este martes, salió de su hogar en Houston para recoger en camioneta a otros trabajadores. Un vehículo sin logotipos oficiales interceptó al de Lorenzo, con saldo de su muerte por disparo de arma de fuego y la detención de tres acompañantes. ICE aseguró que fue en defensa propia, pues Salgado Araujo no habría obedecido órdenes y habría pretendido arrollar con su vehículo a los agentes (misma narrativa utilizada por ICE en otros ataques a migrantes).
De 2018 a 2026 se han documentado 38 muertes de mexicanos en cárceles de ICE o en incidentes migratorios. El pasado 25 de junio, Human Rights Watch publicó la investigación titulada Morir en detención, en la que se señala que “en los 500 días transcurridos entre la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, 52 personas fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (…) Los fallecidos representaban 20 nacionalidades diferentes”; 10 de esos 52, mexicanos (https://goo.su/afian).
La presidenta de México declaró ayer en su conferencia matutina de prensa: “nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas (…) sí, estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”.
En lo inmediato, los familiares de Salgado Araujo plantean “demandas fundamentales”: apertura de una investigación del crimen, exhaustiva y transparente; garantías procesales y toma de declaración a los testigos detenidos; dignificación de la víctima y reforma a los protocolos de notificación y asistencia consular y un posicionamiento claro y contundente por parte de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Ayer mismo fue convocada en Houston una “vigilia comunitaria, por la vida, la dignidad y la justicia”, pues “le quitaron la vida a un guerrero, que sólo iba a trabajar” y “quien le quitó la vida fue un agente del ICE”.
En cuanto a la subida presidencial de tono por el caso de Ismael Zambada El Mayo, ayer la Fiscalía General de la República secundó el posicionamiento de Sheinbaum y puntualizó que hay “tres situaciones graves: violaciones al derecho mexicano e internacional, al establecimiento de un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense” (el ex embajador Ken Salazar, quien ayer mismo declaró que nunca mintió y que Estados Unidos no tuvo nada que ver en el tema)”.
Y, en tanto se despeja la pregunta clave: ¿hasta dónde habrá de llegar México ante estas tres “situaciones graves”?, ¡hasta mañana, con la muerte, en enfrentamiento con fuerzas federales y estatales, del jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, apodado El Texas!
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