Ciudad de México, 27/10/26 (Más).- La consejera electoral Carla Humphrey pidió investigar hasta las últimas consecuencias a Guadalupe Taddei y al Instituto Nacional Electoral (INE) por las presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras, pese a la renuncia de la funcionaria a la presidencia del organismo. También llamó al Congreso de la Unión a revertir la reforma que concentró facultades administrativas en la titularidad del instituto.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, Humphrey sostuvo este lunes que las investigaciones deben continuar por las vías legales para esclarecer los señalamientos, determinar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes en caso de acreditarse irregularidades. La consejera hizo estas declaraciones a su llegada al INE, luego de que Taddei anunciara su salida del cargo.
Al ser cuestionada sobre si la expresidenta del organismo debía ser investigada pese a su renuncia, Humphrey respondió que las indagatorias deben incluir tanto a Taddei como a la institución. Señaló que los cuestionamientos sobre el manejo de contrataciones y recursos públicos deben atenderse mediante procedimientos que permitan conocer los hechos y deslindar responsabilidades.
La consejera propuso realizar investigaciones internas, solicitar revisiones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y valorar la intervención de otra institución mediante una auditoría externa. También consideró necesario hacer pública la información relacionada con el caso para que la ciudadanía conozca el alcance de las indagatorias y los resultados que se obtengan.
Humphrey afirmó que el INE debe garantizar la rendición de cuentas, aun cuando las consejerías no tengan a su cargo la administración directa de los recursos y las contrataciones. Explicó que corresponde a quienes integran el Consejo General facilitar la información necesaria para que las autoridades competentes puedan revisar los procedimientos cuestionados.
La consejera vinculó la crisis con la concentración de facultades en la presidencia del organismo y responsabilizó a los legisladores que aprobaron los cambios legales que permitieron ampliar esas atribuciones. Por ello, solicitó al Congreso de la Unión revertir la reforma y recuperar mecanismos de decisión colegiada para los nombramientos y otros asuntos administrativos.
El señalamiento se refiere a la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el 14 de octubre de 2024, que facultó a la presidencia del INE para nombrar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Antes de ese cambio, las designaciones debían someterse al Consejo General y obtener al menos ocho votos para su aprobación.
De acuerdo con Humphrey, la modificación redujo los espacios de deliberación entre las consejerías y dificultó el acceso a información relacionada con el funcionamiento interno del instituto. En una entrevista con W Radio, afirmó que se volvió cada vez más complicado obtener explicaciones sobre el manejo de recursos, incluso cuando las solicitudes provenían de integrantes del propio Consejo General.
La consejera también cuestionó la salida de funcionarios con experiencia electoral, algunos de los cuales dejaron sus puestos por motivos de salud u otras razones, según las explicaciones difundidas en cada caso. Humphrey consideró necesario revisar las decisiones administrativas y recuperar una dinámica institucional en la que los asuntos relevantes sean discutidos de manera colegiada.
Respecto a los funcionarios nombrados durante la gestión de Taddei, indicó que deberá analizarse su permanencia y las facultades del Consejo General para solicitar que algunas personas sean separadas de sus cargos. Aclaró que esa posibilidad todavía no había sido discutida formalmente entre las consejerías, por lo que no existe una decisión tomada al respecto.
La renuncia de Taddei se anunció el domingo, después de la publicación de reportajes sobre contratos con empresas proveedoras, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg, así como presuntos vínculos entre proveedores y personal adscrito a la presidencia del INE. Las publicaciones también difundieron imágenes de la funcionaria con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con las compañías señaladas.
Los señalamientos dieron lugar a revisiones sobre las contrataciones y posibles conflictos de interés. Taddei había rechazado favorecer a empresas en los procedimientos de adquisición del instituto y, en su mensaje de renuncia, sostuvo que su salida no exime a ninguna persona de la obligación de esclarecer los hechos mediante investigaciones transparentes y con respeto al debido proceso.
En sus declaraciones, Humphrey destacó que la continuidad del INE depende de su estructura institucional y del personal que participa en la organización de los procesos electorales. Señaló que el servicio profesional electoral constituye uno de los componentes centrales del organismo y que sus funcionarios han contribuido a organizar elecciones a lo largo de distintas administraciones.
Mientras se formaliza la salida de Taddei, las diez consejerías restantes comenzaron a revisar la ruta para garantizar la continuidad de las actividades del instituto. Humphrey indicó que el organismo puede seguir funcionando con una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará el cargo de manera definitiva.
La eventual revisión de las facultades de la presidencia y la continuidad de las investigaciones se perfilan como asuntos centrales para el INE después de la renuncia. La consejera insistió en que la salida de una funcionaria no debe detener el esclarecimiento de las presuntas irregularidades ni impedir que se determinen las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
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