Ciudad de México, 21/10/26 (Más).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma para tipificar el reclutamiento forzado de personas, con penas de hasta 25 años de prisión. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión y eventual aprobación.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la reforma establece que reclutar a niñas, niños y adolescentes para grupos criminales será considerado reclutamiento forzado, incluso cuando no existan amenazas, violencia o intimidación.
La iniciativa incorpora un capítulo a la Ley General en Materia de Trata de Personas para sancionar a quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para organizaciones delictivas, ya sea directamente, mediante intermediarios o a través de medios electrónicos.
El proyecto contempla penas de 10 a 20 años de prisión y multas de cinco mil a 50 mil días por reclutamiento. Cuando se utilicen amenazas, coacción, violencia o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas de 10 mil a 80 mil días.
Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana o sean sometidas a tortura, violencia sexual, privación de la libertad u otros tratos crueles. También se contemplan agravantes relacionadas con antecedentes en corporaciones de seguridad y el uso de conocimientos especializados.
Para los servidores públicos que cometan este delito, la reforma prevé destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Además, quienes aporten información corroborada para esclarecer los hechos o identificar a otros responsables podrán obtener una reducción de hasta una tercera parte de la pena, bajo determinadas condiciones.
Durante la discusión, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo señaló que la falta de una figura penal específica ha dificultado investigar y sancionar estas conductas, que en ocasiones se persiguen como trata de personas, corrupción de menores, secuestro o desaparición.
La legisladora priista Ofelia Socorro Jasso Nieto respaldó la propuesta y sostuvo que las sanciones deben acompañarse de medidas preventivas en escuelas y comunidades, así como de oportunidades educativas y atención para las víctimas.
La reforma también busca abarcar mecanismos de captación mediante falsas ofertas de empleo, promesas de dinero y contactos en videojuegos o aplicaciones de mensajería, prácticas documentadas en reportajes de Animal Político sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.
El proyecto aún debe ser aprobado por el Senado. Si entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las entidades que ya contemplen este delito tendrán hasta 180 días naturales para armonizar sus legislaciones.
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