Torreón, Coahuila, 28/09/26 (Más).- Integrantes del colectivo Juntos por Nuestros Hijos se manifestaron nuevamente frente a los juzgados familiares de Torreón para exigir que se agilicen procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes que, de acuerdo con los manifestantes, llevan años sin una resolución definitiva.
De acuerdo con las declaraciones de Sergio Carrillo, vocero del colectivo, la agrupación comenzó con alrededor de 20 integrantes y actualmente acompaña cerca de 80 casos, algunos con entre uno y cuatro años de espera, mientras que otros acumulan periodos de 10 y hasta 11 años sin una resolución.
Durante la protesta, las familias colocaron pancartas y una lona con la frase “Los niños no son un negocio”, en la que fueron incluidos los nombres y fotografías de los jueces Fernando Villarreal y Obed Santibáñez, así como de los magistrados José Adame y Raymundo Venegas.
La exhibición de los funcionarios corresponde a los señalamientos realizados por los integrantes del colectivo durante la manifestación y no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad o irregularidad por parte de los servidores públicos mencionados.
Carrillo explicó que la problemática ya había sido denunciada públicamente hace poco más de un año, pero afirmó que una parte importante de los expedientes continúa sin resolverse, por lo que las familias decidieron volver a manifestarse frente a las instalaciones judiciales.
El representante del colectivo acusó presuntas prácticas de negligencia, corrupción y favoritismo dentro de los tribunales familiares, además de señalar que, según su versión, personas ajenas al Poder Judicial tendrían capacidad para influir en determinados procedimientos.
Carrillo indicó que estas acusaciones serán presentadas ante las autoridades competentes para que sean investigadas y precisó que el colectivo cuenta con documentación relacionada con los casos que acompaña.
El vocero explicó que las familias decidieron no hacer públicos los documentos durante la manifestación, debido a que su intención es entregarlos directamente a las instancias correspondientes para sustentar sus denuncias y solicitar una revisión de la actuación de los servidores públicos señalados.
Uno de los principales reclamos del colectivo es la prolongación de los procesos mediante trámites y acuerdos que, desde su perspectiva, mantienen los expedientes sin una resolución de fondo.
Carrillo señaló que los retrasos tienen consecuencias para las familias involucradas, ya que afectan a madres y padres, pero también a abuelos y, principalmente, a niñas, niños y adolescentes que permanecen separados de integrantes de sus familias mientras continúan los procedimientos judiciales.
La agrupación mantiene su exigencia de que los procesos sean revisados y agilizados, particularmente aquellos relacionados con menores de edad, y que las autoridades competentes investiguen los señalamientos presentados por las familias.
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