Ciudad de México, 08/07/25 (Más).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un plan nacional contra la extorsión, uno de los delitos de mayor crecimiento en México y que afecta tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes.
La estrategia fue presentada en el contexto de una serie de reformas legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la modificación del marco jurídico para que este delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia previa por parte de las víctimas.
La extorsión, considerada un delito silencioso, afecta al comercio, al transporte, a la distribución de mercancías y a sectores vulnerables de la población, incluidos vendedores ambulantes y pequeños negocios familiares. A pesar de su alcance, solo se denuncia el 0.2 por ciento de los casos, lo que ha dificultado su visibilización estadística y su atención prioritaria.
Según el especialista Carlos Pérez Ricart, “es valiente” que el gobierno federal aborde un delito que pertenece al fuero común y que no ha sido abordado directamente por administraciones anteriores para evitar un incremento en las cifras oficiales.
En su intervención, Harfuch explicó que el plan contempla el uso de inteligencia policial y financiera, la creación de unidades locales especializadas en el combate a la extorsión y una campaña nacional para promover la denuncia.
Como parte de esta estrategia, se pondrá a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 089, y se implementarán protocolos de atención para víctimas que, por temor a represalias, no reportan los hechos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera se integrará al esfuerzo con acciones orientadas a congelar cuentas vinculadas con actividades delictivas.
Otro de los componentes del plan anunciado es el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, muchas de las cuales operan desde los centros penitenciarios. Para ello, se solicitarán órdenes judiciales que permitan identificar y suspender estos números.
Según el especialista Raúl Benítez Manaut, la renta de celulares en las cárceles es todo un negocio y las máquinas inhibidoras no sirven, porque afectan a la población que rodea los centros penitenciarios. En su opinión, el impacto más fuerte del delito se produce fuera de los penales, por bandas delictivas de barrio y delincuentes independientes.
El contexto en el que se presenta esta estrategia es significativo. México será una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2026, lo que ha incentivado acciones de seguridad en las ciudades anfitrionas.
De acuerdo con Benítez Manaut, este tipo de acciones recuerdan a las implementadas en Brasil durante su propio mundial, donde varias ciudades fueron blindadas contra el delito. El analista también mencionó la relación entre García Harfuch y Rodrigo Martínez, actual responsable de la seguridad para la FIFA en México, como un factor de coordinación.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha sostenido reuniones con empresarios nacionales en el marco del llamado Plan México, una propuesta para fortalecer el mercado interno ante las amenazas económicas provenientes del exterior, especialmente las que provienen de Estados Unidos. En esas reuniones, la seguridad ha sido uno de los temas prioritarios.
La extorsión, aunque no golpea principalmente a las grandes empresas, sí genera un ambiente de incertidumbre que puede disuadir inversiones. A nivel local, su impacto es directo en la subsistencia de pequeños negocios, por lo que su combate adquiere un valor estratégico.
En términos políticos, la figura de García Harfuch se fortalece como una de las más visibles dentro del gabinete federal. Su popularidad ha aumentado desde que asumió el cargo, y se le atribuyen resultados inmediatos en distintos frentes del combate a la inseguridad. De cara al proceso electoral de 2030, su presencia pública y los resultados que pueda ofrecer en la lucha contra la extorsión podrían ser determinantes.
La implementación de nuevas leyes de seguridad e inteligencia también ha generado debate. Parte del paquete legislativo incluye medidas que permiten el uso de plataformas centralizadas de información, interconexión de bases de datos y la incorporación de datos biométricos a la CURP. Aunque la presidenta ha insistido en que estas herramientas solo podrán utilizarse con autorización judicial, diversos colectivos han expresado su preocupación sobre posibles abusos y la falta de contrapesos.
Sheinbaum ha defendido la constitucionalidad de las reformas y ha reiterado que no se trata de espionaje, sino de acciones enfocadas en la prevención del delito. Sin embargo, sectores de la sociedad civil consideran que estas medidas podrían abrir la puerta a nuevas formas de vigilancia sin controles adecuados. “Hará falta la orden de un juez, no es espionaje”, ha dicho la mandataria en reiteradas ocasiones.
Según Pérez Ricart, la seguridad será la apuesta central del gobierno de Sheinbaum, en contraste con su antecesor. El especialista considera que mientras en temas como economía o infraestructura los resultados podrían ser limitados, en seguridad es donde la presidenta buscará dejar su sello. Para Benítez Manaut, esta estrategia refleja una forma de “mano dura con discurso blando”, una aproximación que, sin ser explícitamente represiva, puede atraer apoyo social si se perciben resultados concretos.
En este nuevo escenario, el combate a la extorsión se perfila como una de las prioridades del gobierno federal. Las acciones anunciadas, tanto desde el ámbito legal como operativo, buscan dar respuesta a uno de los delitos más extendidos y menos denunciados del país. Con Harfuch al frente, el gobierno intenta articular una respuesta integral que involucre tanto a las autoridades federales como a las estatales, con el objetivo de frenar una práctica que afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos.
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