Ciudad de México, 05/02/25 (Más / IA).- En un proceso de solo 12 minutos y con un máximo de 4 preguntas, los aspirantes a una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron evaluados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Entre los temas abordados destacaron su postura sobre la elección judicial y la suspensión concedida por un juez de Michoacán para frenar la reforma en curso.
Previo al proceso de insaculación que determinará qué candidatos y candidatas estarán en la boleta de los primeros comicios de personas juzgadoras, magistradas y ministras del país, los Comités de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo realizaron entrevistas a los aspirantes considerados elegibles. En el caso del Legislativo, estas se llevaron a cabo a puerta cerrada o en línea y abarcaron a cerca de 5,000 interesados.
Uno de los aspirantes, quien solicitó el anonimato, detalló que fue cuestionado sobre la posibilidad de analizar el procedimiento o el fondo de una reforma constitucional. “Me preguntaron sobre si era factible que en un momento dado se estudiara el procedimiento o el fondo de una reforma constitucional. Para mí la postura era que no era posible echar atrás una ley emitida por el Constituyente permanente, formulado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores”, explicó en referencia al proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de la reforma judicial votada en la SCJN.
Otra persona aspirante relató que recibió solo dos preguntas: una sobre cómo acercaría la justicia a la ciudadanía en el contexto de la reforma, y otra sobre la suspensión concedida por el juez de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú. “Me preguntaron primero cómo haría yo para acercar la justicia a la ciudadanía, sobre todo la de la Suprema Corte, ya en el contexto de la reforma. La segunda pregunta era qué opinaba yo de la suspensión del juez de Michoacán. Así con esa ambigüedad me la preguntaron”, relató el aspirante, quien también pidió el resguardo de su identidad.
El juez Santamaría Chamú emitió la suspensión a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para proteger los derechos laborales de los juzgadores ante la reforma que podría eliminar sus puestos con la instauración de un nuevo proceso de elección judicial. Como consecuencia, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus trabajos una semana antes del inicio de las comparecencias, que comenzaron el 14 de enero.
Uno de los aspirantes más conocidos en el proceso fue Roberto Gil Zuarth, exlegislador del PAN, quien se registró ante los Comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero solo compareció ante este último. Según explicó, en su entrevista no le preguntaron sobre la reforma judicial, lo que atribuyó a su postura pública en contra de la misma. “Me imagino que no me lo preguntaron conociendo mi posición pública. Yo sí dije en respuesta a la pregunta sobre la imparcialidad que habría que tomar como un elemento las nuevas reglas y los incentivos que genera el método electivo”, comentó.
En su caso, recibió cinco preguntas de contenido técnico, entre ellas la definición de violaciones graves a derechos humanos, cómo garantizar la imparcialidad en funciones judiciales, la perspectiva de género, algún criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que haya influido en el Poder Judicial mexicano y la relación entre la jurisprudencia nacional e internacional.
Las entrevistas fueron realizadas tanto a aspirantes a la Suprema Corte como a integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Primer Circuito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México. A distancia, en tanto, comparecieron aspirantes a las Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como a magistrados de circuito y jueces de distrito.
El procedimiento incluyó el envío de un correo a los aspirantes cinco días antes de su entrevista con la fecha y hora asignadas. Al llegar a la sede de Xicoténcatl, esperaban en una sala antes de ingresar en grupos de cuatro personas para ver un video explicativo del proceso. Posteriormente, tenían tres minutos para preguntas del Comité y 12 minutos para responder hasta cuatro preguntas. Finalmente, eran filmados en otra sala.
La comisionada Maribel Méndez de Lara explicó que, debido al alto volumen de aspirantes, algunas entrevistas fueron realizadas por los equipos de apoyo del Comité de Evaluación. “Firmamos un acuerdo delegatorio, el comité, para que nos apoyaran nuestros equipos a realizarlo y nosotros la evaluación de ellas en conjunto los cinco, en sesiones extenuantes que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a la una de la madrugada”, señaló.
Sobre el tipo de evaluación, Méndez de Lara aseguró que las preguntas se centraron en conocimientos técnicos, experiencia, propuestas de mejora del sistema de justicia y liderazgo humanista. También revisaron si los aspirantes habían trabajado en la defensa de derechos humanos y si habían desarrollado sentencias o proyectos relevantes en este ámbito. Como parte del proceso, se llevó a cabo una investigación de antecedentes en la Fiscalía General de la República y en distintos poderes judiciales para detectar posibles casos de corrupción.
Pese a calificar el proceso como “histórico”, la comisionada reconoció áreas de mejora, como la necesidad de mayor tiempo para la evaluación y un sistema informático más sólido. “Sería conveniente al menos que durara dos meses más el proceso”, señaló, considerando que esta opción podría aplicarse en las elecciones judiciales de 2027.
No obstante, el exlegislador Gil Zuarth criticó el proceso, calificándolo de desaseado y denunciando una supuesta manipulación para favorecer ciertos perfiles. “Redujeron el número de los preseleccionados para que los que ya estaban designados por dedazo pudieran superar la tómbola”, afirmó. También sostuvo que en su caso se tomaron en cuenta criterios extrajurídicos para descalificarlo, haciendo referencia a las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien justificó su exclusión por antecedentes penales. Mientras tanto, el proceso continúa y se espera que en los próximos días se definan las candidaturas a través del mecanismo de insaculación, en lo que se considera un proceso inédito para la selección de jueces, magistrados y ministros en México.
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