Culiacán, Sinaloa, 15/10/26 (Más).- Madres buscadoras denunciaron que alrededor de 400 cuerpos permanecerían sin identificar en la zona centro de Sinaloa, situación que atribuyeron al rezago en los procedimientos forenses, la falta de personal especializado y la suspensión de trabajos relacionados con restos recuperados de fosas comunes.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la madre buscadora Micaela González, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa y del colectivo Armadillos Rastreadores Sinaloa, señaló que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) les informó sobre la acumulación de cadáveres en sus instalaciones. Aclaró que la cifra de más de 400 cuerpos corresponde a un cálculo compartido con las familias y no a un registro oficial confirmado.
González manifestó que algunos cuerpos se encontrarían acumulados dentro de las instalaciones forenses, por lo que consideró necesario establecer una política pública enfocada exclusivamente en la identificación de personas desaparecidas. La propuesta busca separar estas labores de la atención de los casos recientes que ingresan diariamente a los servicios periciales.
“Yo creo que sí se necesita ya generar una política que sea destinada solamente a trabajar con lo que son los cuerpos del tema de desaparecidos”, expresó la buscadora al medio local Línea Directa, al referirse a la necesidad de atender los expedientes y restos que permanecen pendientes de identificación.
Las familias solicitaron una reunión con el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para conocer el avance de los procedimientos y dialogar con la responsable del área, identificada como la maestra Cindy. Entre sus principales demandas se encuentra la asignación de personal dedicado exclusivamente a analizar e identificar cadáveres y restos humanos recuperados durante las jornadas de búsqueda.
La representante de los colectivos explicó que los recursos humanos disponibles resultan insuficientes para atender el volumen de trabajo acumulado. Por ello, las familias plantearon la creación de una plantilla especializada que permita procesar los restos pendientes, realizar las confrontas genéticas correspondientes y avanzar en la identificación de personas desaparecidas desde hace varios años.
En una reunión previa con la Fiscalía, las familias recibieron información sobre una necesidad presupuestal estimada en 90 millones de pesos para fortalecer las labores de identificación forense. González indicó que esperan que el presupuesto correspondiente a 2027 contemple recursos suficientes para atender el rezago y dar continuidad a los procedimientos.
La buscadora consideró que los esfuerzos institucionales se han concentrado principalmente en los casos recientes, mientras que las desapariciones de larga data continúan sin avances suficientes. También advirtió que la cantidad de cuerpos sin identificar podría ser mayor, debido a la violencia registrada durante los últimos años y al número de investigaciones que permanecen pendientes.
Otro de los problemas señalados por las familias corresponde al procesamiento de las muestras de ADN. González relató que algunos familiares acudieron al área de genética y recibieron información sobre la falta de un cuadro familiar complementario, necesario para efectuar las confrontas entre los perfiles genéticos de las personas desaparecidas y los restos bajo resguardo.
La ausencia de esos datos puede impedir que los análisis genéticos concluyan con una identificación. Ante ello, las familias solicitaron información clara sobre las muestras entregadas, los requisitos pendientes y las etapas necesarias para obtener resultados, con el propósito de evitar que los expedientes permanezcan detenidos por falta de documentación o información genética.
A estas dificultades se suma la suspensión de los trabajos relacionados con fosas comunes en el centro de resguardo, donde se revisan restos recuperados. González afirmó que las familias habían recibido información sobre el inicio de una nueva etapa de procesamiento, pero hasta el momento de sus declaraciones no habían observado la reanudación de las actividades.
La falta de acceso directo a las instalaciones también limita la información que los colectivos pueden obtener sobre los restos resguardados y los avances de los procedimientos. Por ello, la madre buscadora pidió a las autoridades informar cuándo se retomarán los trabajos, qué actividades se realizarán y cuáles serán los mecanismos para mantener informadas a las familias.
González busca a sus hijos, Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Giovanni Lozoya González, desaparecidos el 27 de noviembre de 2012 en Culiacán. De acuerdo con su testimonio, ambos fueron detenidos por personas a quienes atribuyó vínculos con servidores públicos y, desde entonces, no volvieron a ser presentados ante una instancia oficial. Estas afirmaciones forman parte de su denuncia como familiar de personas desaparecidas.
Durante los primeros años, relató, las familias realizaron búsquedas sin acompañamiento institucional y se enfrentaron a amenazas, intimidaciones y detenciones. Entre 2016 y 2017, varias de ellas comenzaron a integrarse en colectivos y brigadas, lo que les permitió organizar recorridos, compartir información y fortalecer sus exigencias ante las autoridades.
La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de las personas buscadoras en Sinaloa. González señaló que algunas jornadas requieren acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina debido a los riesgos en distintas zonas. También afirmó que ciertos recorridos han tenido que suspenderse ante advertencias sobre la presencia de grupos armados o posibles laboratorios clandestinos.
“Sin seguridad no podemos salir”, advirtió la integrante de la brigada, al insistir en la necesidad de garantizar condiciones de protección para las familias durante las búsquedas y fortalecer las investigaciones sobre las desapariciones.
Como parte de los esfuerzos para orientar a quienes enfrentan estos casos, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, presentó la “Guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras”, elaborada por Silvia Ortiz Solís, Micaela González González y Fabiola Pensado Barrera.
El documento reúne información sobre derechos humanos, herramientas de rastreo, procedimientos de denuncia y acciones que pueden emprender los familiares desde las primeras horas de una desaparición. También contempla rutas de búsqueda bajo presunción de vida y búsqueda forense, así como recomendaciones para documentar las gestiones ante las autoridades y conservar información útil para las investigaciones.
Las familias buscadoras mantienen la exigencia de que las autoridades destinen recursos suficientes, amplíen el personal especializado y reanuden los trabajos de identificación. Para los colectivos, atender los cuerpos que permanecen sin identificar es fundamental para esclarecer las desapariciones, avanzar en las investigaciones y permitir que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos.
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