Por Miguel Villarello
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A partir del 1 de enero del 2022 habrá en Coahuila placas nuevas a un costo de poco más de 900 pesos y los impuestos estatales tendrán un incremento del 6.5 por ciento, tasa inferior a la inflación registrada según las previsiones en el país y que será ligeramente arriba del 7 por ciento a finales del 2021.
Lo anterior en una larguísima sesión del Congreso del Estado en la que se plantearon los cinco dictámenes contenidos en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 de Coahuila.
Así, por mayoría calificada pues los diputados del PRI ocupan 16 escaños de los 25 que tiene el Legislativo, la “aplanadora partidista” se impuso y se aprobaron la Ley de Hacienda para el Estado, Ley de Ingresos para el Estado, reformas al Código Fiscal del Estado, Presupuesto de Egresos del Estado y la Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios de la entidad enviadas anteriormente por el Ejecutivo estatal.
En específico, en el caso de las placas, los 933 pesos sólo corresponderán al pago que harán los coahuilenses que tengan vehículo por las láminas nuevas, monto al que habrá que sumarle otros conceptos como, por ejemplo, el pago del refrendo vehicular que será, de acuerdo con los resultados de aprobación del Congreso por mayoría, de 1 mil 946 pesos.
No obstante, entre las justificaciones de dicho dictamen, que previamente fue votado en la Comisión de Hacienda del Legislativo a favor por diputados del PRI y en contra por legisladores de MORENA y el PAN, se expuso que en esta Ley de Hacienda se consideraba “necesario llevar a cabo la modificación de la fracción VI de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila a efecto de establecer que la dotación de placas metálicas con número identificatorio para los vehículos que se enumeran en dicha fracción será de tres años”.
Que dicha periodicidad de la vigencia de las placas de identificación vehicular de tres años entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y aplicará para los ejercicios fiscales subsecuentes.
De acuerdo con este planteamiento el Artículo 96 de la referida Ley es el que se refiere a lo concerniente al control vehicular en cuanto a los refrendos y laminados nuevos, el cual quedó como sigue: ARTÍCULO 96, Inciso 1. Refrendo para automóviles, camiones y camionetas, 1 mil 946.00 (Un mil novecientos cuarenta y seis pesos).
Y el Inciso VI., el más debatido y que representó motivo de queja por parte de los diputados de los grupos parlamentarios del PAN y de MORENA para derogarlo, es decir, no aprobarlo y retirarlo de la Ley de Hacienda, quedó de la siguiente manera: Inciso VI. Dotación de placas metálicas con número identificatorio y con vigencia de tres años para los vehículos siguientes: 1. Automóviles, camiones y camionetas 933 pesos (Novecientos treinta y tres pesos).
Otro ejemplo de las leyes aprobadas fue el concerniente al concepto de baja de placas, circunstancia que anteriormente era sin costo, que fue el Inciso XI. La baja de placas del estado y de otros estados será de 13 pesos (Trece pesos), mismo que también fue aprobado por mayoría.
Las razones del PAN y MORENA fueron que, ante la descapitalización de las familias coahuilenses a causa de la pandemia, era necesario no aprobar el replaqueo vehicular, no obstante que en 2019 se aprobó la vigencia de cuatro años del laminado, es decir, renovado hasta el 2024, sin embargo, comentó el panista Rodolfo Walss Aurioles, ese decreto se revirtió mediante esta ley del 2022 para obtener láminas nuevas el siguiente año.
Para finalizar la sesión ordinaria, fueron electas la Diputación Permanente y la Mesa Directiva que entrarían en funciones a partir del 1 de enero del 2022.
Cabe destacar que los 25 legisladores aprobaron la expedición del acuerdo mediante el que se autoriza a la diputación permanente, que estará funcionando en enero y febrero del año entrante, tramite y resuelva los asuntos pendientes y los que se presenten durante su funcionamiento.
Lo anterior a excepción de aquellos asuntos y trámites, así como las iniciativas para la expedición o reforma de leyes que requieran la estricta intervención directa del Pleno del Congreso.
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