Ciudad de México, 04/09/26 (Más).- El excontralmirante Fernando Farías Laguna cuestionó desde el penal de máxima seguridad del Altiplano las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señalan como uno de los presuntos responsables de una red de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal y afirmó que no existe evidencia que demuestre su participación en las operaciones investigadas.
De acuerdo con información publicada por El País, Farías realizó una llamada telefónica a su esposa, Mónica Gámez, el pasado 30 de agosto y le pidió grabar la conversación para hacerla llegar a autoridades, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
En la grabación, a la que tuvo acceso el medio español, el excontralmirante cuestiona diversos elementos que, según su versión, fueron presentados como pruebas durante su audiencia inicial para sostener las acusaciones en su contra.
Uno de los principales señalamientos que rechaza está relacionado con el supuesto inicio de las operaciones de una red de contrabando marítimo en enero de 2023. Farías sostiene que durante ese periodo se encontraba en Madrid, España, junto con su familia, debido a que desempeñaba funciones como agregado naval.
El exintegrante de la Secretaría de Marina argumenta que su ubicación durante ese periodo puede ser acreditada mediante documentación oficial de la institución y considera que esa información contradice la acusación de haber participado en la creación de la estructura dedicada a introducir combustible ilegal al país.
La investigación de la Fiscalía ubica desde 2023 el comienzo de operaciones de una red que habría utilizado embarcaciones para trasladar grandes cantidades de combustible y que presuntamente involucró a integrantes de la Marina, funcionarios aduaneros y empresarios.
Otro de los elementos que Farías cuestiona corresponde a supuestas reuniones con Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado conocido como Capitán Sol y cuyo paradero se desconoce. Según el excontralmirante, la Fiscalía le atribuyó encuentros con Solano los días 29 y 30 de mayo de 2025.
Farías afirma que esas reuniones eran imposibles porque el 29 de mayo de ese año ingresó al Centro Médico Naval para someterse a una intervención quirúrgica de hombro programada para el día siguiente. Asegura que su expediente médico puede acreditar tanto su ingreso como la operación.
El excontralmirante también sostiene que fue él quien alertó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre la existencia de una presunta red de corrupción dentro de las aduanas, y no un integrante de la estructura criminal como plantea la investigación.
Según su relato, a finales de mayo de 2024 recibió información de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien posteriormente fue asesinado, sobre la operación de una red de corrupción. Farías asegura que llevó esos datos directamente a Ojeda Durán, quien además era su tío político.
Como respaldo de esta versión, Farías sostiene que cuenta con mensajes de WhatsApp que habría enviado a Ojeda en distintas fechas. El País reportó haber tenido acceso a parte de esas comunicaciones, que presuntamente respaldarían el relato del excontralmirante sobre el origen de la alerta.
Farías también afirma que fue él quien propició la reunión entre Ojeda Durán y Guerrero Alcántar que posteriormente quedó registrada en un audio. Ese encuentro, fechado en junio de 2024, se convirtió en uno de los elementos conocidos públicamente dentro de la investigación sobre presunta corrupción en la institución naval.
En la grabación enviada por Farías a las autoridades, el excontralmirante niega categóricamente haber formado parte de la operación criminal y sostiene que en los cuatro tomos de la carpeta de investigación no existe una prueba que lo vincule directamente con alguno de los hechos investigados.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ocupaban posiciones de dirección dentro de la estructura criminal presuntamente dedicada al contrabando de combustibles.
Las pesquisas incorporan diversos elementos de investigación, entre ellos testimonios, intervenciones telefónicas, información de georreferenciación, análisis patrimoniales y documentación recabada por las autoridades para establecer las responsabilidades de los presuntos integrantes de la red.
Farías atribuye las acusaciones a una investigación que, según su versión, fue construida de manera “tendenciosa” y asegura que algunas de las evidencias utilizadas en su contra deben ser revisadas por las autoridades judiciales.
El excontralmirante permanece recluido en el Altiplano después de haber sido detenido en Argentina en abril y trasladado a México en agosto. Su regreso al país ocurrió el 21 de agosto, tras lo cual quedó a disposición de las autoridades mexicanas que habían solicitado su captura.
La defensa de Farías y su esposa ha comenzado a presentar argumentos basados principalmente en fechas, registros médicos, comunicaciones y documentación oficial con la intención de cuestionar los elementos que sustentan la acusación.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de huachicol fiscal que habría operado mediante el ingreso y comercialización de combustible sin el pago correspondiente de impuestos y que ha involucrado a empresarios, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas.
Desde el penal de máxima seguridad, Farías pidió que las autoridades revisen nuevamente las pruebas utilizadas durante el proceso y sostuvo que, de haberse considerado los elementos que presenta en su defensa, no debería permanecer privado de la libertad.
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