Astillero
Por Julio Hernández López
El tiempo y las circunstancias no son propicios para que la nueva gobernadora interina de Sinaloa pueda emprender una labor aceptable de corrección de la crisis en que vive esa entidad. No es cuestión de apellidos o intenciones, sino de la realidad estructural.
De entrada, la socióloga Graciela Domínguez Nava queda con una etiqueta precaria: interina, no sustituta, pues Rubén Rocha Moya solicitó licencia de manera “temporal e indefinida”, no “definitiva”, así que en estricto apego a la legalidad, y a semejanza de lo que hizo el viernes pasado, él puede retomar su cargo cuando desee (si no hay una causa grave que se lo impida: una enfermedad grave o una sujeción a proceso en México o Estados Unidos). Aunque en una eventual reincidencia el mandatario con licencia se toparía con la virtual sentencia de facto que en su contra pronunció este lunes la presidenta Sheinbaum al asegurar que el relevo sería por el resto del sexenio estatal.
Domínguez Nava ha llegado, además, en un contexto de doble fuego condicionante: de un lado, el rochismo al que perteneció como secretaria de Educación y del que no obtuvo veto, por ejemplo, al ser postulada a una diputación federal, y del que ahora debería ir distanciándose de manera rápida y evidente para tratar de responder a las exigencias de una parte cuantiosa de la sociedad sinaloense que desea remontar la crisis acentuada a partir del episodio del presunto secuestro de El Mayo Zambada y el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Los tiempos políticos no le dan para mucho. Un año y dos meses, de los cuales la mayor parte deberá sobrellevarlos en segundo plano con el muy próximo destape morenista al gobierno sexenal (mucho se habla de la senadora Imelda Castro, a quien ha ayudado la caída de Rocha Moya, o el ex secretario federal de Agricultura Julio Berdegué, mazatleco que cuenta con afectos en Palacio Nacional), las campañas electorales y la etapa de la gobernadora o gobernador electo.
Más allá de los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Domínguez, hay una realidad hasta ahora imbatible en Sinaloa: el enorme peso e influencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno, no sólo las policiacas y militares. Rocha Moya, antes de caer en doble desgracia (la de las acusaciones desde Estados Unidos y la de su regreso al cargo sin tomar en cuenta a la Presidenta de la República), tuvo todo el apoyo posible desde las dos administraciones federales 4T y casi nada cambió (más que las estadísticas manejables).
Con el agregado de la persistencia del factor rochista en las instancias civiles, a tal grado que el poder central del país (Palacio Nacional y la presidencia del comité de Morena) batalló y fue exhibido durante más de 24 horas de tardanza en llegar a arreglos respecto a la sucesión de Rocha Moya. Resistencia regional facciosa frente a instrucciones nacionales no compartidas. Por ello no pudo avanzar la propuesta centrista a favor del diputado federal morenista Jesús Ibarra, de corte cargado a lo tecnocrático y alejado de la órbita rochista.
En el fondo, y es importante no perder de vista este dato, grupos que han compartido el poder en Sinaloa recelan de un probable proyecto de entronización de un grupo empresarial y político que los desplazaría, con sede en Mazatlán y apoyos en Palacio Nacional.
Astillas
Lo más notable de la primera ronda de destapes morenistas para gobiernos estatales ha sido la evidente cesión de poder decisorio a gobernantes que mediante recursos varios buscan controlar (¿también financieramente?) su propia sucesión; en la especie, la campechana Layda Sansores y la colimense Indira Vizcaíno, quienes han colocado a sus alfiles… Y, mientras Nora Ruvalcaba va por su cuarta candidatura al gobierno de Aguascalientes, una de las plazas más difíciles para Morena, ¡hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
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