Ciudad de México, 14/08/24 (Más / IA).- La reciente pretendida reforma al artículo 19 de la Constitución ha generado preocupación entre especialistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre un posible aumento en la violación de garantías individuales en México.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una reforma constitucional para incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa.
El dictamen, que es producto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, así como de diversas propuestas de legisladores, fue avalado en lo general con 26 votos a favor y 14 en contra, y en lo particular con 20 votos a favor, 14 en contra, y una abstención.
Tras su aprobación en la Comisión, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su discusión y eventual votación en el Pleno de la Cámara.
De acuerdo con expertos en derechos humanos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa podría incrementar la población penitenciaria, afectando especialmente a personas indígenas, migrantes, y aquellas de bajos recursos y con baja escolaridad.
Según el abogado Luis Tapia, esta medida no fortalece los procesos de investigación ni beneficia a las víctimas, sino que otorga más poder y discrecionalidad al Ministerio Público y a las fuerzas policiales, quienes podrían utilizar esta medida para fabricar culpables, especialmente en delitos como la extorsión y el narcomenudeo.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de julio de 2024 reveló que el 37 por ciento de la población penitenciaria en México no tiene sentencia, lo que significa que miles de personas permanecen encarceladas bajo la figura de prisión preventiva, sin haber sido condenadas.
Este problema se ha agravado desde 2019, cuando se comenzaron a sumar más delitos al artículo 19 de la Constitución, pasando de 127 mil personas encarceladas en ese año a 233 mil a finales de 2023.
La situación es aún más preocupante para las mujeres, quienes han sido las más perjudicadas por la prisión preventiva oficiosa. Entre 2019 y 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia aumentó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.
Según la investigación de Animal Político y la organización Intersecta, la mayoría de las personas encarceladas bajo esta medida provienen de sectores económicamente vulnerables, lo que evidencia una discriminación estructural en la aplicación de la justicia.
La iniciativa de reforma incluye delitos como extorsión, narcomenudeo, y la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, que han mostrado un notable aumento en las carpetas de investigación en los últimos años.
Los críticos sostienen que incluir estos delitos en la lista de aquellos que ameritan prisión automática no necesariamente reducirá su incidencia, sino que podría resultar en un uso excesivo de la prisión preventiva y en la fabricación de culpables.
Además de ampliar el catálogo de delitos, la propuesta reforma incluye una disposición que limita la capacidad de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Esta medida ha sido vista como una contradicción con sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado la necesidad de revisar esta medida cautelar en México por su impacto en los derechos humanos.
Con esta reforma, se pone en riesgo el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales, abriendo la puerta a posibles abusos y a un incremento en la población penitenciaria, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
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