Godoy ¿fiscal espía?

Revela investigación de Animal Político que durante la gestión de Ernestina Godoy, la Fiscalía de la CDMX utilizó un software para intervenir la ubicación de celulares en 48 mil ocasiones, sin tener la autorización de un juez

REDACCIÓN MÁS / IA

Durante la gestión de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones entre 2020 y 2021, según datos proporcionados por la propia dependencia. Estas intervenciones se realizaron sin la autorización judicial necesaria, incumpliendo con el requisito legal, según reportó la agencia Animal Político.

Las vigilancias de geolocalización no lograron la detención de presuntos delincuentes ni el rescate de víctimas en riesgo, como lo demuestran las respuestas oficiales obtenidas a través de solicitudes de transparencia y recursos de revisión. En noviembre pasado, The New York Times reveló que Godoy espió a opositores políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la senadora del PAN, Lilly Téllez, mediante investigaciones supuestamente fabricadas que permitían solicitar a concesionarias de telefonía móvil el acceso a sus registros telefónicos. Aunque la entonces fiscal negó el espionaje.

La Fiscalía, bajo la dirección de Godoy Ramos, adquirió y utilizó un software para intervenir la ubicación de celulares a través de la empresa Arcafa S.A. de C.V., la única intermediaria que vende el software TGR Dashboard en México. Los contratos FGJCDMX-056/2020 y FGJCDMX-064/2021 revelan que la Fiscalía pagó 31 millones 137 mil pesos por este software, utilizado en 48 mil ocasiones. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) confirma estas contrataciones.

A pesar de que la Fiscalía ocultó el nombre del software y las características del dispositivo, se pudo confirmar que Arcafa es la proveedora del software TGR Dashboard por otros cuatro contratos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde sí se detallan las especificaciones técnicas de la licencia para intervenir celulares.

Animal Político solicitó una entrevista o postura a la Fiscalía sobre esta investigación, pero no obtuvo respuesta.

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la intervención de la ubicación de personas solo puede realizarse con la autorización previa de un juez federal, salvo en casos donde la vida de una persona esté en riesgo, debiendo ratificar la vigilancia ante un juez en menos de 48 horas.

Animal Político preguntó a la Fiscalía de la Ciudad de México cuántas consultas u ocasiones utilizaron las tecnologías adquiridas a Arcafa entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2024. Inicialmente, la fiscalía se negó a responder, pero el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX) la obligó a entregar la información. La Fiscalía confirmó que se realizaron 48 mil 767 intervenciones entre 2020 y 2021.

La Policía de Investigación (PDI), responsable de usar el software de Arcafa, no sabe cuántas solicitudes judiciales se presentaron para las vigilancias de ubicaciones, pues solo sigue las órdenes del Ministerio Público. Ante esto, se preguntó a la Fiscalía cuántas solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas presentaron entre el 1 de enero de 2018 y enero de 2024. Ninguna de las siete áreas de la Fiscalía reconoció haber hecho solicitudes ante un juez para intervenir geolocalizaciones en el periodo de las 48 mil vigilancias.

La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas respondió que no se encontraron registros de solicitudes. La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio detalló las solicitudes de intervención a las comunicaciones privadas que realizó en enero, febrero y septiembre de 2023, pero ninguna fue para la geolocalización de celulares.

Luis Fernando García Muñoz, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó que es ineludible obtener una autorización judicial federal para intervenir comunicaciones privadas. La única excepción sería en casos de emergencia donde la vida de alguien esté en peligro, pero la Fiscalía nunca aplicó dicho criterio y no tiene evidencia de resultados obtenidos con las intervenciones.

SEGURIDAD PÚBLICA Y EL USO DE SOFTWARE PARA EXTRAER INFORMACIÓN

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante la gestión de Omar García Harfuch, adquirió licencias israelíes del Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED) para vulnerar la seguridad de celulares de ciudadanos y extraerles archivos personales. UFED, fabricado por Cellebrite, permite desbloquear y acceder a archivos de dispositivos con Windows, Android o sistemas operativos de Apple.

La Secretaría entregó al Congreso de la Ciudad de México el Informe Anual de Evaluación y Resultados 2023, donde reconoció que tenían cuatro licencias de UFED Touch2 y dos licencias UFED 4PC, capaces de vulnerar la seguridad de computadoras y celulares para extraer información. Admitió que usaron esta tecnología desde 2020 sin solicitar autorización de jueces federales, argumentando que no tienen competencia para solicitar la intervención de comunicaciones.

Luis Fernando García de R3D aclaró que las instituciones policiales pueden tener este tipo de tecnologías y extraer información cuando el propietario del equipo da su consentimiento, pero de lo contrario deben pedir permiso a un juez. En los reportes anuales desde 2020, la Secretaría no detalló el costo de las licencias de UFED, el nombre del proveedor ni la cantidad de ocasiones en que vulneraron celulares.