Una pretendida reforma otorga mayor control al gobierno en los órganos clave del Instituto, rompiendo el equilibrio entre trabajadores, empleadores y autoridades
Ciudad de México, 19/12/24 (Más / IA).- La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada recientemente por el Senado, ha generado controversia debido a cambios que, según expertos y organizaciones, alteran el equilibrio tripartito que históricamente ha caracterizado al organismo. Aunque el gobierno asegura que el modelo se mantiene, las modificaciones a la composición de los órganos de vigilancia, auditoría y transparencia dan mayor peso al gobierno en la toma de decisiones.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la reforma permitirá mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fortalecerá el control sobre los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Sin embargo, este argumento ha sido calificado como engañoso, ya que desde 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ASF tiene facultades para auditar al Infonavit. Además, en los artículos reformados no se mencionan disposiciones específicas que refuercen esta vigilancia.
Uno de los cambios más significativos es que la Comisión de Vigilancia, así como los Comités de Auditoría y Transparencia, estarán conformados mayoritariamente por integrantes designados por el gobierno, rompiendo el esquema paritario de representación que actualmente incluye a trabajadores, empleadores y autoridades. En contraste, la ley vigente establece una distribución igualitaria entre las partes. Este ajuste, según la exposición de motivos de la reforma, busca fortalecer la representación del Gobierno de México en la toma de decisiones.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que la reforma compromete el carácter tripartito del Instituto, al permitir que un solo sector prevalezca sobre los otros dos en órganos clave. “El tripartismo en la toma de decisiones debe ser paritario… estas modificaciones podrían alterar el equilibrio al permitir que un solo sector tenga más peso en la toma de decisiones”, señaló la organización.
El Consejo de Administración del Infonavit, que toma decisiones cruciales sobre inversiones, financiamientos, reglas de crédito y supervisión de programas de vivienda, también estará sujeto a mayores facultades del gobierno. La reforma otorga al director general, designado directamente por la Presidencia de la República, derecho de veto sobre decisiones no unánimes del Consejo y permite suspender su aplicación hasta que la Asamblea General las revise. Este derecho no existe en la ley vigente.
Además, se elimina la presidencia rotatoria de la Asamblea General, otorgando al director general la facultad de presidir este órgano de forma permanente. Esta medida ha generado preocupación entre expertos, quienes consideran que podría centralizar aún más las decisiones en el gobierno, debilitando los consensos necesarios para garantizar un manejo equilibrado de los recursos del Instituto.
Organizaciones sindicales han advertido que la reducción del tripartismo pone en riesgo los mecanismos de vigilancia y control, esenciales para la transparencia y el manejo eficiente de los ahorros de los trabajadores. Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, señaló que al tener mayores integrantes del gobierno, genera dudas sobre qué tan equilibrada va a estar esta institución.
La reforma también incluye la creación de una empresa filial del Infonavit dedicada a la producción de vivienda con fines sociales. Aunque se busca que opere bajo los mismos principios de fiscalización, no se detallan medidas concretas en los artículos reformados para garantizar la rendición de cuentas en esta nueva entidad.
En medio de estas críticas, el gobierno insiste en que las modificaciones buscan combatir la corrupción, fortalecer el control sobre los recursos del Instituto y garantizar una mayor transparencia. Sin embargo, la falta de claridad en la implementación de estos objetivos y los cambios en la estructura tripartita han despertado dudas y oposición entre representantes de trabajadores y empleadores.
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