Tepic, Nayarit, 06/10/26 (Más).- El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que mantendrá las acciones de su administración contra la delincuencia organizada pese a las amenazas, presuntos planes de atentado y actos de intimidación registrados en su contra. Al respecto, sostuvo: “Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”.
El mandatario afirmó que desde el inicio de su gestión asumió que enfrentaría intereses criminales y que estaba dispuesto a llevar adelante lo que definió como “un gobierno suicida”.
De acuerdo con información publicada por Infobae, Navarro Quintero relacionó las amenazas que ha recibido con las acciones emprendidas por su gobierno para recuperar bienes que habían salido del patrimonio estatal y con las medidas aplicadas contra estructuras vinculadas con el crimen organizado.
El mandatario aseguró durante una conferencia de prensa realizada el lunes 5 de octubre que desde el comienzo de su administración estaba consciente de los riesgos que enfrentaría.
“Yo venía a hacer un gobierno suicida; yo no venía a jugar. Yo venía a apostar mi resto, yo no venía a reír. Y yo tenía que pagar esa deuda a Nayarit viendo dos líneas de acción: al final de mi gobierno yo tenía que dejar a Nayarit por fuerza un legado cultural junto con la sociedad y un legado patrimonial. En la segunda línea, yo no venía a ver el fin de mi gobierno, yo venía a ver el fin de mi vida para estar en paz”, afirmó el gobernador al explicar la posición que, dijo, ha mantenido durante su administración.
Navarro Quintero señaló que una de las causas centrales de las presiones en su contra fue la recuperación de cientos de hectáreas mediante el denominado Megaoperativo Nuevo Nayarit. Según su versión, después de que los terrenos fueron reintegrados al patrimonio estatal aparecieron intermediarios que reclamaron su devolución y posteriormente intentaron negociar que una parte regresara a quienes se asumían como propietarios.
El gobernador relató que posteriormente dos abogados acudieron ante la Fiscalía estatal para advertir sobre posibles consecuencias en caso de que las autoridades se negaran a negociar la devolución de terrenos. Ambos litigantes fueron encontrados muertos posteriormente en Ixtlán del Río y, según lo expuesto por autoridades estatales, se habrían presentado como defensores de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como un jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Ellos fungían como comunicadores de indicaciones”, aseguró Navarro Quintero.
Las amenazas contra el mandatario y contra la fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, se intensificaron durante los últimos meses mediante mensajes, narcomantas y presuntos preparativos de ataques. La Fiscalía informó en septiembre que había detectado mediante labores de inteligencia un posible plan para atentar contra ambos funcionarios y que existían personas detenidas y otras con órdenes de aprehensión relacionadas con esas investigaciones.
Navarro Quintero también vinculó la aparición de cuerpos colgados en la entidad con represalias de grupos criminales ante las acciones de su administración, aunque esa atribución corresponde a la versión expresada por el propio gobernador. La Fiscalía estatal informó que personas detenidas por uno de esos hechos habrían participado en la colocación de una narcomanta, en la privación de la libertad y tortura de una víctima y en la posterior exposición de su cuerpo en la vía pública.
En medio de las investigaciones, el gobierno estatal ha reconocido que existen indicios de infiltración del crimen organizado en distintas instituciones. Navarro Quintero afirmó que se han detectado comunicaciones entre funcionarios públicos y miembros de grupos delictivos, incluidas conversaciones que involucrarían a integrantes de corporaciones policiacas. Según su versión, esa penetración habría alcanzado áreas de seguridad y dependencias municipales.
Las sospechas sobre el nivel de vigilancia ejercido sobre el mandatario aumentaron después del desplome, ocurrido el domingo 4 de octubre, de una aeronave que era utilizada ocasionalmente por el gobernador. El aparato cayó en la zona de Ixtlán del Río después de haber despegado de Tepic con destino a Aguascalientes. Navarro Quintero no se encontraba a bordo y en el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.
La Fiscalía de Nayarit mantiene abierta una investigación para determinar las causas del siniestro y no ha establecido de manera definitiva que se haya tratado de un atentado. La fiscal Heredia Verdugo explicó que entre las líneas de investigación se encuentran una posible falla mecánica, condiciones climáticas y la hipótesis de una acción intencional, debido a que integrantes de un grupo criminal presuntamente contaban con información sobre los desplazamientos aéreos del mandatario. El caso también fue turnado a autoridades federales por tratarse de un accidente aeronáutico.
Parte de esa línea de investigación surgió tras el aseguramiento de teléfonos celulares a personas relacionadas con un grupo delictivo. De acuerdo con la Fiscalía, en los equipos se localizaron datos sobre matrículas de aeronaves, horarios, nombres de pasajeros y movimientos vinculados con vuelos utilizados por el gobernador. Las autoridades investigan si esa información pudo formar parte de labores de seguimiento para preparar un ataque.
Las indagatorias también permitieron identificar conversaciones de personas que presuntamente vigilaban los desplazamientos terrestres de Navarro Quintero. Entre los mensajes revisados se encontraba uno del 20 de febrero de 2026 en el que se anticipaba un traslado programado para el día siguiente, además de información sobre vehículos, rutas y posiciones de la caravana oficial.
A pesar de este escenario, el mandatario rechazó modificar la línea de actuación de su gobierno y sostuvo que el territorio de Nayarit no debe ser objeto de negociación con organizaciones criminales. En ese contexto pronunció la frase con la que resumió su posición frente a los riesgos que asegura enfrentar: “prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”.
Navarro Quintero manifestó además preocupación por la política de seguridad que pueda adoptar quien lo suceda al frente del gobierno estatal, al considerar que las acciones contra estructuras criminales implican costos y riesgos personales para quienes toman las decisiones. “Me preocupa que después de que me vaya, no vaya a haber alguien que venga a hacer un gobierno suicida, que no venga a apostar su resto, que entienda que su comodidad personal no responde a la justicia social”, sentenció.
Mientras continúan las investigaciones sobre las amenazas, los mensajes delictivos, los presuntos planes de emboscada y el desplome de la aeronave, las autoridades no han concluido que todos esos acontecimientos formen parte de una sola operación contra el gobernador. Navarro Quintero, sin embargo, ha sostenido públicamente que la ofensiva contra su administración se deriva de la recuperación de bienes y de la decisión de impedir que grupos criminales mantengan espacios de influencia dentro de Nayarit.
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