Ciudad de México, 15/09/26 (Más).- Alrededor de 134 mil policías estatales y municipales en México reciben salarios inferiores a los 16 mil pesos mensuales que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destinaba al pago de algunos de sus sicarios, una diferencia que exhibe las precarias condiciones económicas bajo las que opera una parte considerable de las corporaciones de seguridad pública del país.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la comparación surge del cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con una nómina atribuida al CJNG que salió a la luz después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.
Los documentos señalan que al menos 26 pistoleros de la organización criminal recibían 16 mil pesos mensuales libres de impuestos, cantidad superior a la percepción de 134 mil 275 agentes de corporaciones estatales y municipales.
Las cifras de los censos nacionales de seguridad pública publicados durante 2026 indican que aproximadamente 3 de cada 10 policías de esos niveles de gobierno perciben menos de 16 mil pesos al mes. Dentro de ese universo, 90 mil 425 corresponden a policías municipales y 43 mil 733 a elementos estatales que tienen ingresos inferiores a 15 mil pesos brutos mensuales.
La distancia se vuelve todavía mayor cuando se consideran los ingresos netos de los uniformados. Según los datos citados en la información, algunos policías reciben entre seis mil 800 y 12 mil 400 pesos mensuales, cantidades considerablemente menores a los pagos registrados en la nómina de los integrantes de base del CJNG.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, correspondiente al primer trimestre de 2026, colocó el ingreso promedio de policías y agentes de tránsito en ocho mil 640 pesos mensuales. El monto representó además una disminución de 4.23 por ciento frente al trimestre anterior y equivale apenas a poco más de la mitad de los 16 mil pesos que percibían los pistoleros de la organización criminal.
La brecha también contrasta con los parámetros establecidos por las propias autoridades. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinaron que durante 2026 el ingreso mensual considerado adecuado para un policía debería alcanzar 19 mil 167 pesos. En los casos de los agentes peor remunerados, la distancia entre esa referencia y su ingreso real supera los 10 mil pesos mensuales.
El problema tiene especial impacto en el Estado de México, donde se contabilizan 17 mil 549 policías con salarios por debajo del pago asignado a los sicarios del CJNG. Esa cantidad equivale a cerca del 66 por ciento de los agentes municipales de la entidad, que además enfrenta elevados niveles de incidencia delictiva y concentra una proporción importante de las extorsiones registradas a nivel nacional.
Michoacán aparece como otra de las entidades con mayor número de elementos en esta situación, con 11 mil 957 policías cuyos ingresos no alcanzan los 16 mil pesos mensuales. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, la mayor parte de los afectados en ese estado pertenece a corporaciones estatales, con siete mil 001 casos.
La lista se extiende a Tabasco, con nueve mil 728 policías en esas condiciones; Chiapas, con nueve mil 700; Veracruz, con nueve mil 243; Hidalgo, con ocho mil 333; Guerrero, con ocho mil 080, y Puebla, con siete mil 301. Varias de esas entidades enfrentan al mismo tiempo disputas territoriales entre organizaciones criminales y elevados niveles de violencia, lo que incrementa los riesgos para agentes que trabajan con sueldos y prestaciones limitadas.
Los informes semestrales relacionados con la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de apoyo a la seguridad pública también muestran que el salario promedio nacional de los policías no alcanzó los 16 mil pesos en ninguno de los periodos revisados entre 2023 y 2026.
En el reporte correspondiente al periodo del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, el Gobierno federal redujo a 15 mil pesos la referencia considerada como salario digno, luego de reconocer las dificultades de las entidades para cubrir cantidades superiores.
Las carencias no se limitan a los salarios. Solamente una entidad federativa cumple con las 13 prestaciones de ley consideradas para los cuerpos policiales, mientras que 24 estados presentan niveles intermedios de cobertura y otros siete mantienen rezagos significativos, de acuerdo con los informes oficiales.
A esta situación se suman las deficiencias de equipamiento. Datos de Causa en Común, elaborados a partir de información del Inegi, señalan que apenas 32 por ciento de los policías municipales dispone de chaleco antibalas y únicamente 24 por ciento cuenta con un arma de fuego. Además, en 21 entidades el número total de policías disminuyó de 98 mil 413 a 94 mil 396 entre enero y diciembre de 2024, una reducción de 4.06 por ciento.
El deterioro de las condiciones laborales ha provocado protestas en distintas regiones. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron al menos 41 movilizaciones de policías en 15 estados, principalmente para exigir incrementos salariales, prestaciones laborales y mejores condiciones de equipamiento para desempeñar sus funciones.
El Sindicato Nacional de Policías ha calificado como precaria la situación económica de los elementos y sostiene que los salarios no han registrado aumentos reales durante años. La organización impulsa un Frente Nacional por el Salario Digno Policial con el propósito de promover una reforma que establezca un ingreso mínimo de 20 mil pesos para policías, maestros y personal de enfermería.
A los bajos ingresos se añade la falta de confianza de una parte de la población hacia las corporaciones locales. Datos del Inegi señalan que 61.4 por ciento de los mexicanos desconfía de las policías municipales y 54.3 por ciento mantiene esa percepción respecto de las estatales, mientras los propios elementos enfrentan jornadas de riesgo con salarios que, en miles de casos, quedan por debajo de los ofrecidos por organizaciones criminales.
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