¿Fuera los plurinominales?

Por Marco Campos Mena

La representación plurinominal no nació por capricho ni como un privilegio de la clase política; fue creada con un objetivo muy claro: dar fuerza a la oposición y evitar regímenes autoritarios. México, nos guste o no, tiene una historia marcada por guerras políticas, imposiciones de poder y liderazgos que han intentado gobernar sin contrapesos.

La tentación autoritaria ha sido una constante, por eso, a lo largo de nuestra historia, surgieron figuras y mecanismos de protección democrática diseñados para impedir que una sola persona o un solo grupo concentrara el poder absoluto. Nada en nuestro sistema político es casual, ni una Cámara de Diputados de 500 integrantes ni un Senado de 128.

Los 500 diputados existen porque el modelo combina dos principios: representación territorial de un diputado por distrito y representación proporcional, para que las minorías también tengan voz. La lógica es simple pero fundamental: evitar un Congreso sumiso que apruebe, sin chistar, todo lo que dicte la Presidencia. México es un sistema presidencialista, sí, pero eso no convierte al Ejecutivo en el poder supremo. La división de poderes existe precisamente para que haya contrapesos, no obediencia ciega.

Pareciera que a los autodenominados eruditos de la 4T se les olvidó esta historia. Primero arremetieron contra el Poder Judicial; ahora van contra el Instituto Nacional Electoral buscando eliminar su autonomía para que las elecciones no se les “salgan de las manos”. El objetivo es claro: control total del juego democrático.

¿Nuestro sistema es perfecto? No. Es falible, perfectible y mejorable. Pero es el mismo sistema que reconoció el triunfo de Morena y sus aliados. Si en tiempos del PRI o del PAN se hubieran intentado las mismas maniobras que hoy impulsa el oficialismo, los actuales gobernantes habrían tomado las calles en defensa de la democracia y del INE. El poder tiene un efecto curioso: vuelve amnésicos a quienes antes eran brillantes opositores y peligrosamente complacientes con sus propios excesos.

Cuando ponemos en perspectiva el tamaño del país, el argumento del “exceso” de legisladores se desmorona. Somos alrededor de 130 millones de habitantes. Con 500 diputados federales, cada uno representa en promedio a 260 mil personas. No es un número exagerado; de hecho, los distritos ya están saturados. Pensar en reducir aún más la representación es apostar por un Congreso distante y desconectado de la ciudadanía.

En el Senado ocurre algo distinto pero igualmente deliberado: cada estado tiene la misma cantidad de senadores, sin importar su tamaño o población, para garantizar equilibrio federal. A eso se suman los plurinominales como respaldo para que ninguna fuerza política quede excluida por completo.

El discurso oficial insiste en que eliminar plurinominales generaría un gran ahorro. Pero esa narrativa es, en el mejor de los casos, engañosa. El salario base de un diputado ronda el millón doscientos mil pesos anuales, una cifra menor si se compara con otros despilfarros del propio gobierno. Basta recordar que al hijo de Claudia Sheinbaum se le asignaron más de 15 millones de pesos para una exposición de latas aplastadas, presentadas como arte.

Y hay una verdad que casi nunca se dice: el verdadero costo del Congreso no está en el salario base, sino en las comisiones, bonos, viáticos y “gastos de representación”. Cada conferencia, cada comisión adicional, cada presidencia interna suma ingresos extra que pueden convertir ese salario “austero” en millones de pesos.

Hace algunos años, en 2012, una exdiputada federal del PRI me confesó que el presidente de todas las comisiones se llevaba alrededor de 12 millones de pesos al mes. Una cifra escandalosa que rara vez entra en el debate público. El problema, entonces, no son los plurinominales, sino la opacidad y el abuso dentro del propio sistema legislativo.

Eliminar diputados y senadores plurinominales no traería ahorro real, pero sí una consecuencia grave: reducir la representación de las minorías y abrir la puerta a un Congreso dominado por una sola fuerza política. Ese es el primer paso hacia una democracia vaciada de contenido, donde las decisiones se imponen desde un púlpito mañanero sin importar a quién se atropelle.

Hoy ya vemos señales preocupantes: sobrerrepresentación forzada, mayorías artificiales y reformas impulsadas al límite. Y, a veces, más allá de la ley. El camino debería ser el contrario: fortalecer las instituciones, no subordinarlas; darles presupuesto, no asfixiarlas; exigir perfiles capaces, no aplaudidores disciplinados.

Eliminar los plurinominales no es la solución. El dinero se va por otros lados, en proyectos sin impacto, en ocurrencias, en endeudamiento creciente. Si alguien duda, basta revisar el nivel de deuda que dejó López Obrador y los rubros en los que se gastó.

La democracia no se defiende debilitando sus contrapesos. Se defiende haciéndolos funcionar.