Ciudad de México, 19/03/25 (Más / IA).- Felicitas Martínez Solano, activista y defensora de los derechos indígenas, ha dedicado su vida a la justicia comunitaria en México. Desde su infancia, cuando presenció el feminicidio de su prima mayor, entendió la impunidad que enfrentaban las mujeres indígenas en el país. Aunque lamenta no haber logrado justicia para su familiar, ha trabajado incansablemente para que otras mujeres no enfrenten la misma situación.
Martínez Solano, originaria de San Luis Acatlán, Guerrero, fue la primera mujer en liderar la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), un sistema de justicia indígena y afrodescendiente que opera en Guerrero. Su llegada a este modelo de justicia, basado en la reeducación y la participación comunitaria, no estuvo exenta de retos, en especial por el machismo dentro del sistema. En su primer día en el cargo, equivalente al de una jueza comunitaria, enfrentó la resistencia de sus colegas hombres, quienes no estaban acostumbrados a recibir instrucciones de una mujer. Sin embargo, su determinación marcó el rumbo de su trayectoria.
Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y como fundadora de la Casa de la Mujer Indígena, Martínez Solano ha impulsado el reconocimiento de la justicia comunitaria y la inclusión de las mujeres en su estructura. En el marco de la 69 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, reflexionó sobre las diferencias entre el sistema de justicia indígena y el occidental.
Explicó que la justicia comunitaria permite actuar de inmediato sin esperar las 72 horas que requiere el Ministerio Público para emitir una orden de aprehensión. Además, destacó que este modelo se enfoca en la reeducación y no en el castigo: los detenidos trabajan en la comunidad durante el día y solo son encerrados por la noche, recibiendo alimentación y apoyo para su reinserción.
A pesar de los avances, la justicia comunitaria ha enfrentado críticas y resistencia del Estado. “Si el Estado, que tiene todo el aparato de inteligencia, no ha dado resultado en hacer justicia, menos nosotros. Nosotros hemos dado todo lo que teníamos en nuestra mano”, sostuvo Martínez Solano, subrayando que el sistema comunitario opera sin cobrar honorarios y sin apoyo gubernamental.
El machismo dentro de la Policía Comunitaria ha sido otro de los obstáculos que ha enfrentado. “No es fácil estar en este trabajo, y menos si tienes hijos. Yo no volvería al cargo, la verdad”, confesó. Durante su liderazgo, enfrentó problemas de seguridad y falta de apoyo por parte de sus compañeros varones, además de órdenes de aprehensión emitidas por el Estado contra ella y otros integrantes del sistema comunitario antes de su regularización.
A pesar de estas dificultades, Martínez Solano ha abierto camino para nuevas generaciones de mujeres dentro de la justicia comunitaria. “Abrimos el espacio para que lo retomen las nuevas compas. Ya está el reglamento y todo escrito. Ahorita es pelear los espacios que están vacíos. Yo fui a pelear el mío. Queríamos estar en la toma de decisiones. Ahora tenemos que tomarlo”, afirmó.
Desde la academia, la justicia indígena sigue siendo una asignatura pendiente. Martínez Solano trabaja con la Universidad Autónoma de Guerrero para incorporar el derecho indígena en la currícula, con la intención de que sea enseñado por personas con experiencia directa en estos procesos. “A nosotros nada nos han regalado y siempre hemos tenido que exigir y luchar con mucha resistencia”, señaló.
Actualmente, forma parte del Consejo de Mayoras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos indígenas y comunitarios. Aunque asegura no sentirse mayor, recuerda con admiración los consejos de figuras como la comandante Ramona, quien le advirtió sobre la importancia de la unidad entre mujeres en la lucha por la justicia.
Martínez Solano continúa siendo un referente en la justicia indígena, reivindicando el papel de las comunidades en la resolución de conflictos y exigiendo que el Estado mexicano reconozca y respete sus derechos más allá del papel.
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