Favorece gobierno de BC a amigo de Adán Augusto

El gobierno estatal ha destinado casi 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas a Fernando Padilla Farfán, cercano a Adán Augusto López Hernández, para operar centros de salud móviles, pese a las dudas sobre su eficiencia y transparencia. Aunque se publicitan como servicios gratuitos y útiles para comunidades marginadas, los contratos fueron adjudicados de manera directa y sin demostrar si resultan más rentables que invertir en infraestructura médica permanente

Esta información fue publicada por Zeta con la firma de Eduardo Villa. Para ver la publicación original presionar aquí.

Tomado de Zeta

El pasado miércoles 7 de mayo, por medio de sus canales oficiales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda exhibió un video corto relacionado con los centros de salud móviles, donde compartió el testimonio de la señora Virginia, quien padecía un problema de cataratas.

En la grabación se observa a la señora relatando su vivencia ante la detección de su problema en los centros de salud. La mandataria no dice en cuál comunidad se ubican, pero comenta que, con dicho diagnóstico, se le canalizará a una clínica pública para que ahí le realicen el procedimiento quirúrgico.

La atención que recibió en dicho centro móvil –presume– se llevó a cabo totalmente gratis. Lo que omitió informar fue que estas y todas las atenciones en los centros móviles, le han costado casi dos mil millones de pesos a los bajacalifornianos.

De acuerdo a un conteo realizado por Zeta con base en documentos oficiales, para cuando termine el 2025, el gobierno morenista de Baja California encabezado por Ávila Olmeda, en poco más de tres años, habrá pagado un total de mil millones 843 mil 535.49 pesos en favor de un conglomerado de empresas propiedad de Fernando Padilla Farfán, amigo del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

El empresario, quien cobró notoriedad a nivel nacional tras conocerse que está detrás del apoyo a la senadora chihuahuense, Andrea Chávez, por medio de una “donación” de servicios de centros de salud móviles –los mismos que servicios que vende en Baja California– ha sido la empresa más beneficiada en el actual gobierno bajacaliforniano, pues en estos años se le ha otorgado contratos que abarcan desde caravanas de salud, clínicas del bienestar y hasta la construcción de un hospital en Tijuana.

Todos estos contratos fueron entregados por medio de adjudicación directa y asegurados durante cada año.

El amigo de Adán Augusto López Hernández, Fernando Padilla Farfán, quien prestó su revista Líder México para promover la imagen del exsecretario de Gobernación cuando aspiraba a la Presidencia de la República, en 2024, obtuvo contratos en diversas entidades del país; pero en Baja California estableció la mayoría de sus favorecedores convenios y, a diferencia de Andrea Chávez, que refiere los servicios de salud como donaciones, en Baja California se pagan 28 millones de pesos mensuales de renta, sólo por las tres caravanas.

Casi 2 mil mdp para el consorcio de Padilla Farfán

Desde el mes de marzo del 2020, la empresa Línea Médica del Sur es la encargada de ofrecer el servicio de los centros de salud móviles o itinerantes que ofertan la detección de diversas enfermedades en Baja California, cuya motivación -refieren- es para acercar los servicios de salud a las zonas más complicadas del Estado.

Y con frecuencia lo hacen, pues en algunas ocasiones acuden a zonas de alta marginación. Pero también asisten a otros puntos donde no son necesarios, porque existen centros de salud establecidos y operando de manera formal.

Mediante una solicitud de transparencia realizada por Zeta, se pudo acceder al contrato de arrendamiento vigente que signó la Secretaría de Salud con la empresa Línea Médica del Sur, también conocida como FMedical, propiedad del empresario amigo de Adán Augusto López Hernández, Fernando Padilla Farfán, junto con sus socio Manuel Guerra Mabarak; además de tener como representantes y administradores a Carlo Alberto Padilla Casares, Pedro Santiago Salas y Óscar Gabriel Cruz Santiago; la cual ganó nuevamente el contrato de arrendamiento para dichas caravanas, por un monto –sólo para este 2025– de 396 millones 720 mil pesos. Es decir, poco más de 28 millones de pesos al mes.

De 2022 a la fecha, la Secretaría de Salud dio a conocer que, durante este periodo, los centros de salud han ofrecido un millón 072 mil 439 servicios, de los cuales son:

• 39 mil 709 de optometría.
• 12 mil 738 de mastografías.
• 323 mil 247 medicamentos.
• 96 mil 415 estudios de laboratorio.
• 203 mil 172 consultas dentales.
• 30 mil 865 rayos X.
• 34 mil 224 electrocardiogramas.
• 9 mil 261 intervenciones psicológicas.
• 5 mil 575 apoyos como sillas de ruedas, bastones, andadores, lentes y aparatos auditivos.

El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, reconoció que con la llegada del IMSS-Bienestar, los nuevos funcionarios pretendían eliminar el proyecto de Centros de Salud Móviles, por lo que decidieron modificar su esquema y plantearlo dentro de las atribuciones de lo que todavía opera la Secretaría de Salud local. Es decir, lograron rescatarlo pese a que no entraba en los esquemas del nuevo gobierno.

Respecto a las adjudicaciones directas, Medina Amarillas aseguró que la empresa es la más experimentada en el ramo y que ofrecía esquemas de arrendamiento mucho más benéficos. Esto pese a que la empresa fue originalmente fundada apenas el 14 de diciembre del 2018 (13 días después de asumir el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador) en Villahermosa, Tabasco, entidad de donde son oriundos el expresidente y el propio Adán Augusto López Hernández.

El funcionario estatal no pudo establecer si había un ahorro o beneficio en comparación con la construcción de centros de salud, pero tampoco supo explicar cuál sería el gasto de operación de un centro de esta naturaleza.

Renovación de contratos

De manera paralela, la Secretaría del Bienestar, a cargo de Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, ex coordinador de campaña de Adán Augusto López Hernández, en Baja California, renovó el contrato de las Clínicas del Bienestar, que no son más que centros de salud estacionarios que ofrecen servicios sumamente similares a las caravanas de la salud, pero también a los centros públicos distribuidos por toda la entidad.

La empresa elegida por medio de adjudicación directa –y no licitación como dijo el Secretario del Bienestar–  fue Servicios para la Salud Abies, propiedad de María Cristina Domínguez Ortiz y –nuevamente– Fernando Padilla Farfán. La empresa fue fundada el 27 de agosto de 2018, es decir, dos meses después de la victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador y cuatro meses antes de la conformación de Línea Médica del Sur o FMedical, de los centros de salud móviles.

El contrato de este año ronda los 116 millones de pesos a diferencia del año pasado, cuando se pagaron 97 millones de pesos por este servicio para habilitar seis clínicas, de las cuales se ubican tres en Tijuana y el resto en Ensenada, San Quintín y Valle de Mexicali.

Jáuregui Santillán reconoció que los servicios que se ofrecen en ambos proyectos son prácticamente los mismos y que la mayoría de las atenciones son de malestares generales como dolor de cabeza, gripa y dolor estomacal, cuestiones que fácilmente pudieran atenderse en centros de salud establecidos.

“Se da el servicio gratuito, consulta general, análisis de laboratorio, radiografías, aparatos para detectar cáncer de mama, para que sean atendidas; si alguna persona tiene problemas con la vista, son gratuitos (los lentes), también se les están atendiendo; son 600 personas diarias en las diversas clínicas que tenemos”, refirió el funcionario, lo que quiere decir que en promedio atienden a 100 personas en cada una, la mayoría por malestares generales.

Bajo esta lógica, en promedio se atenderían a 219 mil personas durante el año, por lo que las atenciones generales con medicamentos como paracetamol o de compra libre, costarían un aproximado de 529 pesos por consulta, si es que se identifican realmente estas cifras.

A esto se le suma el contrato recibido en 2023 a la empresa Consorcio Inmobiliario y Constructora Aspen, originaria de Puebla, que se mudó a Toluca y finalmente llegó a Chiapas, donde tiene su última ubicación.

La Secretaría de Salud signó un contrato con dicha empresa por 468 millones de pesos para la construcción del Hospital la Morita, según el contrato C-SIDURT/OPP-23-01, en poder de ZETA, donde se confirmó que los dueños de la empresa son -una vez más- Fernando Padilla Farfán y Manuel Guerra Mabarak.

Por si no fuera suficiente para vincularlas, las empresas Línea Médica del Sur y Aspen, comparten domicilio en Mexicali, en Avenida República de Honduras 27, Cuauhtémoc Sur, CP: 21200, Mexicali, B.C.

Carencias de salud

Principalmente desde el inicio del 2025 y la entrada en vigor del IMSS-Bienestar, las condiciones críticas del sistema de salud por la falta de insumos fueron parte de las protestas que caracterizaron la primera etapa del proyecto que presuntamente convertiría el sistema de salud mexicano en uno similar al de Dinamarca.

Pese a las carencias, la Secretaría de Salud encontró la forma de distribuir recursos para aminorar el impacto, para lo cual se destinaron alrededor de 70 millones de pesos. Esta cifra es muy por debajo de lo que se invierten en los centros de salud móviles que casi alcanzan los 400 millones en un año.

Zeta revisó información de las partidas de donde se comprometió el dinero para el pago del mismo, la cual es el número 302501, que según el presupuesto de egresos está destinado para el “arrendamiento de equipos de transporte”, misma que tiene un total de 165 millones 821 mil 270 pesos, lo que quiere decir que tendrán que solicitar una ampliación para cubrir las responsabilidades.

Entrevistado en el pasado por Zeta, respecto a estos centros de salud, el oncólogo Homero Fuentes de la Peña aseguró que este tipo de políticas y servicios tienen problemas y están incompletas. “¿Qué pasa en una ciudad con baches? Se te descalibra un mastógrafo”, advirtió.

“¿De qué te sirve detectar sí no vas a resolver? Detectas. ¿Cuál es el seguimiento? En ese sentido, el programa está incompleto. El dinero es finito y no es fácil gastarlo nomás así; no hay mexicanos de primera y de segunda”, sentenció.

Con tres años funcionando y mil millones 843 mil 535.49 pesos gastados en contratos otorgados al amigo del Adán Augusto López es secretario de gobernación y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, las ineficiencias del sistema continúan.