Ciudad de México, 04/07/2025 (Más) — Gabriela Moctezuma Ramírez ha pasado los últimos tres años intentando cerrar un ciclo tras el fin de su matrimonio de más de dos décadas. Aunque el divorcio fue relativamente sencillo, el verdadero conflicto comenzó cuando su exesposo se negó a pagar pensión alimenticia para ella y sus dos hijas, obligándola a iniciar una demanda legal que hasta hoy sigue inconclusa.
“No he podido concluir el trámite. Ya quiero paz”, dice Gabriela, empleada doméstica de 49 años, con visible cansancio. Como miles de personas, su caso quedó detenido tras el paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que comenzó el pasado 29 de mayo en protesta por mejoras salariales y laborales que aún no han sido atendidas por las autoridades.
En su caso, un juez había otorgado una pensión alimenticia provisional, pero el proceso para volverla definitiva quedó en el limbo judicial. “Sí me gustaría que pudieran trabajar bajo las condiciones que ellos demandan, para que también podamos tener seguimiento en tiempo y forma”, expresó en entrevista con Animal Político.
El caso de Gabriela es solo uno entre miles de procesos judiciales detenidos, sobre todo en materia familiar, por el paro que mantienen trabajadores del Poder Judicial capitalino. Las y los empleados exigen desde hace más de un mes mejoras en sus condiciones laborales, así como la remoción de altos mandos, pero las 19 mesas de diálogo no han dado resultados.
El pasado 26 de junio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, reconoció que no se ha llegado a un acuerdo, pero pidió a los trabajadores regresar a sus labores: “Cada día que el Tribunal no opera plenamente representa un inmenso retraso para la ciudadanía”, afirmó sin presentar soluciones concretas.
La parálisis también ha afectado a Eluvia Martínez Nila, extrabajadora jubilada de Teléfonos de México, quien desde la muerte de su esposo en marzo de este año no ha podido iniciar un juicio intestamentario para formalizar trámites legales sobre sus bienes.
“El departamento donde vivo no lo puedo heredar, ni vender, hasta que no haga el juicio intestamentario. Y no lo puedo hacer porque los juzgados están cerrados”, explicó Eluvia, de 62 años. La pérdida repentina de su esposo, quien murió mientras hacía ejercicio en un gimnasio, la obligó a enfrentarse con la burocracia y ahora también con la inacción judicial.
“Uno hace reflexión y piensa: ‘no sé si voy a durar dos o tres meses y no voy a arreglar nada’. Mis hijos van a decir: murió su papá, murió su mamá y no dejaron nada resuelto”, expresó con frustración.
Crisis en el sistema forense
Eluvia también vivió el retraso en la entrega de documentos de defunción debido a problemas en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), que también enfrenta falta de materiales y personal. Aunque los peritos se sumaron al paro de forma activa, tratan de mantener operaciones mínimas para evitar un colapso forense mayor.
La situación refleja una crisis estructural que va más allá de las demandas laborales: una justicia local colapsada, con miles de casos detenidos, familias en incertidumbre y un Poder Judicial que, sin soluciones, se encuentra entre el desgaste de sus trabajadores y la desesperación de los ciudadanos.
“El problema es que todo depende de ellos. No hay otro camino”, lamenta Eluvia, quien, como Gabriela, exige a las autoridades tomar cartas en el asunto para resolver la situación lo antes posible. “A todos nos urge justicia”, concluye.
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