Ciudad Juárez, Chihuahua, 01/09/26 (Más).- Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), no acudió este martes a la audiencia judicial en la que se revisaría si ha cumplido las condiciones impuestas para mantener suspendido el proceso penal abierto en su contra por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y que dejó 40 personas migrantes muertas, 27 heridas y 15 mujeres sobrevivientes que no han sido reconocidas como víctimas por el Estado.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, momentos antes de que iniciara la diligencia Garduño se comunicó con el tribunal para solicitar que se le permitiera comparecer de manera remota. El juez rechazó la petición al considerar que, debido a la gravedad del caso, el imputado era la única de las partes que no podía participar en la audiencia mediante conexión electrónica.
Además de negar la comparecencia virtual, el juzgador decidió no establecer en ese momento una nueva fecha para que el exfuncionario se presente ante el tribunal. La reprogramación quedó en manos del Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá determinar cuándo continuará la revisión del cumplimiento de las medidas acordadas dentro de la causa penal.
La ausencia del excomisionado generó inconformidad entre los representantes legales de las víctimas, quienes consideraron que su incomparecencia constituía una falta de respeto hacia quienes siguen buscando justicia por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023.
Los asesores pidieron que Garduño fuera sancionado económicamente, ante lo cual el juez señaló que, en caso de una nueva falta, podría imponérsele una multa con fundamento en el artículo 104, fracción I.
Garduño busca que quede extinguida de manera definitiva la causa penal 237/2023, iniciada en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El proceso está relacionado con las omisiones atribuidas a funcionarios del Instituto Nacional de Migración antes y durante el incendio ocurrido en las instalaciones donde se encontraban retenidas decenas de personas migrantes.
La suspensión condicional del proceso fue autorizada el 24 de enero de 2025 por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón. Como condición para que el procedimiento pudiera concluir sin llegar a juicio, el excomisionado recibió un plazo de 18 meses para cumplir seis medidas relacionadas con la reparación del daño y la atención de las víctimas.
Entre esas obligaciones se incluyeron la presentación de una disculpa pública, la conclusión de las compensaciones económicas, la vigilancia del fideicomiso destinado a proporcionar atención médica, psicológica y tanatológica en los países de origen de las víctimas, así como la supervisión trimestral de las estaciones migratorias.
Antes de la audiencia de este martes, ciudadanos se manifestaron afuera del Centro de Justicia Penal Federal para expresar su rechazo a la posibilidad de que el proceso contra Garduño sea declarado definitivamente concluido. Los inconformes sostuvieron que el exfuncionario no ha cumplido completamente los compromisos establecidos, entre ellos las acciones de reparación y atención para las familias.
Uno de los cuestionamientos se refiere a la disculpa institucional ofrecida por Garduño, pues los manifestantes señalaron que para realizarla se utilizaron recursos públicos. También denunciaron que todavía existen familiares de víctimas que no han recibido en su totalidad la atención médica que formaba parte de las condiciones establecidas por el juzgado.
El tratamiento judicial otorgado a Garduño también ha sido contrastado con el de otros procesados por el incendio. Alán Omar P.V., un guardia de seguridad privada relacionado con el caso, permanece en prisión preventiva desde marzo de 2023 y todavía no ha recibido sentencia, pese a que su defensa ha señalado que ya superó el plazo constitucional de dos años establecido para esa medida cautelar.
Alán Omar forma parte de un grupo de 11 personas procesadas por homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, por los daños causados a 67 víctimas del incendio. En junio pasado, una jueza federal resolvió mantenerlo privado de la libertad al considerar la complejidad de la investigación y un posible riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
La situación de Garduño ha sido diferente desde el inicio del proceso: el entonces titular del INM fue acusado únicamente por ejercicio ilícito del servicio público y nunca estuvo en prisión preventiva. Antes de que se le concediera la suspensión condicional del proceso, una de sus principales medidas cautelares consistió en presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar.
Representantes de víctimas han cuestionado precisamente esas diferencias. Durante una audiencia realizada en junio, Marcos Edgar Zavala Cruz, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, planteó que las medidas cautelares impuestas a los distintos procesados también reflejan diferencias económicas y de posición dentro de la estructura institucional.
Garduño y Antonio Molina Díaz, quien se desempeñaba como director general de Control y Verificación Migratoria del INM, enfrentaron acusaciones por ejercicio ilícito del servicio público, mientras otros involucrados fueron procesados por delitos de homicidio y lesiones, situación que ha mantenido abierto el debate sobre el nivel de responsabilidad atribuido a cada uno de los servidores públicos y trabajadores relacionados con la estación migratoria.
La trayectoria administrativa de Garduño tampoco terminó después del incendio. Permaneció al frente del Instituto Nacional de Migración hasta abril de 2025 y, meses más tarde, regresó a la administración pública federal. El 19 de enero de 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo había designado director general de Centros de Formación para el Trabajo.
Al anunciar ese nombramiento, Delgado describió a Garduño como un “funcionario ejemplar” y sostuvo que su participación sería relevante para los cambios planteados en la educación media superior. Su incorporación a la Secretaría de Educación Pública ocurrió mientras el procedimiento penal relacionado con la muerte de los 40 migrantes seguía sujeto a una suspensión condicional.
Organizaciones civiles han mantenido sus cuestionamientos tanto al desarrollo del proceso judicial como a la permanencia de Garduño dentro del servicio público. Al cumplirse tres años de la tragedia, la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana y Derechos Humanos Integrales en Acción denunciaron la ausencia de sentencias y de una reparación integral.
Las organizaciones también han reclamado que se esclarezcan las responsabilidades de las autoridades de distintos niveles involucradas en el funcionamiento y supervisión de la estación migratoria. Han sostenido que el incendio no debe reducirse a un hecho accidental, sino analizarse a partir de las condiciones en las que las personas migrantes permanecían detenidas y de las omisiones de quienes tenían a su cargo su custodia.
La ausencia de Garduño en la audiencia de este martes retrasó nuevamente la revisión de las condiciones que podrían permitirle cerrar definitivamente el proceso penal.
Mientras se define una nueva fecha de comparecencia, las víctimas y sus representantes mantienen la exigencia de que se determine si el excomisionado cumplió efectivamente las medidas impuestas y si existen condiciones legales para extinguir la causa derivada de una tragedia que, más de tres años después, continúa sin una resolución judicial definitiva.
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