Saltillo, Coahuila, 25/09/26 (Más).- El Gobierno de México expropió 14 hectáreas y 356 metros cuadrados del ejido Matamoros para regularizar terrenos ocupados actualmente por asentamientos humanos, lo que permitirá que quienes ya se encuentran en los predios puedan adquirir los solares y posteriormente obtener títulos que acrediten legalmente su propiedad.
La medida fue establecida mediante un decreto publicado este viernes 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y contempla que la superficie expropiada pase al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo que quedará encargado del proceso de regularización, comercialización y eventual titulación de los terrenos.
Las tierras expropiadas eran de uso común del ejido Matamoros y se encuentran distribuidas en dos zonas identificadas como asentamientos humanos. El Gobierno federal justificó la medida por causa de utilidad pública y estableció como finalidad otorgar certeza jurídica sobre la posesión de los predios.
Una vez que los terrenos sean incorporados al patrimonio del INSUS, el organismo podrá vender los solares a las personas que actualmente los ocupan. Después de cubrirse los procedimientos y requisitos correspondientes, los adquirientes podrán avanzar hacia la escrituración y contar con documentos legales sobre los predios.
La expropiación no implica, sin embargo, que los actuales ocupantes recibirán gratuitamente los terrenos ni que las escrituras serán expedidas inmediatamente. El decreto establece las condiciones para iniciar la regularización, mientras que la venta y titulación de cada solar tendrán que desarrollarse posteriormente conforme a los procedimientos establecidos.
El INSUS también estará facultado para comercializar los lotes que se encuentren desocupados entre las personas que soliciten terrenos. Asimismo, podrá donar las superficies que resulten necesarias para infraestructura, equipamiento y servicios urbanos o municipales dentro de las áreas comprendidas en el proceso.
La disposición federal no contempla la construcción de nuevas viviendas ni especifica el número de familias que podrían resultar beneficiadas con la regularización; su alcance se concentra en resolver jurídicamente la situación de los asentamientos que ya existen sobre las tierras que hasta ahora formaban parte del régimen ejidal.
A cambio de la superficie afectada, el ejido Matamoros tendrá derecho a recibir una indemnización de un millón 602 mil 818 pesos con 64 centavos. La cantidad fue establecida mediante un avalúo federal realizado como parte del expediente que permitió continuar con el procedimiento de expropiación.
El INSUS tendrá que acreditar que cubrió esa indemnización o disponer de los recursos necesarios dentro de su presupuesto antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute la expropiación y se produzca la ocupación definitiva de las poco más de 14 hectáreas.
El procedimiento que culminó con el decreto publicado este viernes comenzó hace más de una década. En 2015, la asamblea ejidal otorgó su anuencia para avanzar en la regularización de los asentamientos establecidos sobre sus tierras y dos años después, en 2017, ratificó esa determinación.
Posteriormente, en 2018, el organismo responsable del proceso presentó formalmente la solicitud de expropiación. Los trabajos técnicos, levantamientos y mediciones efectuados durante los años siguientes permitieron determinar la superficie definitiva afectada, que quedó establecida en 14 hectáreas y 356 metros cuadrados.
El decreto entró en vigor el mismo viernes 25 de septiembre, aunque todavía deberán desarrollarse diferentes etapas antes de que los habitantes puedan recibir títulos de propiedad. Entre ellas se encuentran la indemnización al ejido, la transferencia definitiva de los terrenos, su incorporación al patrimonio del INSUS, la regularización individual de los solares y su posterior escrituración.
Con la expropiación, terrenos que permanecían bajo el régimen ejidal podrán incorporarse a un esquema de propiedad regularizada, mientras las personas asentadas en ellos tendrán la posibilidad de adquirir legalmente los espacios que ocupan. El decreto no fija una fecha para concluir el procedimiento ni determina cuántos solares serán vendidos a sus actuales habitantes.
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