Ciudad de México, 21/04/26 (Más).- El sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México enfrenta un deterioro profundo y una crisis estructural, de acuerdo con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, elaborado por la organización Causa en Común, que expone fallas en el registro, identificación forense y coordinación institucional a nivel nacional.
El documento analiza la evolución de las desapariciones en el país desde 2006 hasta 2025 y advierte tres etapas: un incremento sostenido entre 2006 y 2011; una aparente estabilidad entre 2012 y 2015; y un repunte crítico a partir de 2016, con cifras récord en 2024 que alcanzaron 12 mil 759 casos.
Entre los estados más afectados se encuentran Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Baja California, con incrementos significativos en los últimos años.
En marzo de 2026, el gobierno federal realizó una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta más de 130 mil casos acumulados.
Sin embargo, el informe advierte que 36% de los registros carecen de datos mínimos, 31% presentan indicios de actividad posterior a la desaparición y solo 33% están plenamente verificados, de los cuales menos de 3% cuentan con carpeta de investigación activa, lo que evidencia un subregistro y debilidades en la investigación oficial.
El reporte también señala la crisis forense en el país, entre 2020 y 2025 se han documentado más de 3 mil hallazgos de fosas clandestinas en registros independientes, principalmente en Jalisco, Sonora y Guanajuato.
No obstante, la capacidad de identificación es limitada: miles de cuerpos permanecen sin identificar y persiste un rezago de millones de solicitudes periciales pendientes, lo que agrava la acumulación de restos sin clasificación.
Colectivos de búsqueda han asumido un papel central en la localización de personas desaparecidas, aunque enfrentan riesgos constantes y casos de agresiones.
El informe documenta que decenas de integrantes han sido asesinados o desaparecidos durante estas labores, mientras persiste la falta de un programa nacional de exhumaciones y un banco forense plenamente operativo.
Respecto a las reformas recientes, el análisis señala que, aunque se han aprobado cambios legales que incluyen una Plataforma Única de Identidad, la CURP biométrica y nuevas bases de datos forenses, estas medidas carecen de financiamiento suficiente y no fortalecen a las fiscalías ni a las comisiones de búsqueda, lo que limita su impacto real.
Finalmente, el informe advierte que instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda operan con recursos insuficientes, falta de lineamientos y debilidad operativa, mientras las fiscalías enfrentan colapso técnico y rezagos millonarios en análisis periciales.
Ante ello, Causa en Común concluye que la crisis de desapariciones en México constituye una tragedia de gran magnitud que requiere una política estatal integral y no solo ajustes administrativos.
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