Ciudad de México, 22/10/24 (Más / IA).- La jueza Nancy Juárez Salas, de Coatzacoalcos, Veracruz, defendió la procedencia del amparo que ordenó la suspensión de la reforma judicial promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Durante una entrevista, la jueza subrayó que el amparo promovido fue contra el proceso intra legislativo, es decir, antes de la reforma, y no directamente contra las modificaciones a la Constitución, como ha afirmado la mandataria.
Sheinbaum, en respuesta, argumentó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida no es aplicable a reformas constitucionales, reiterando en su conferencia del lunes 22 de octubre que quien está en desacato es la jueza y no su gobierno. Además, la presidenta anunció que denunciará a la jueza Juárez Salas ante el Consejo de la Judicatura por su actuación en este caso.
Sin embargo, la jueza insistió en que la narrativa del gobierno es incorrecta, ya que el amparo no se refiere a la reforma como tal, sino al proceso legislativo previo. En ese sentido, también señaló que en los juicios de amparo se está cuestionando la inconvencionalidad del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que podría permitir que las reformas sean revisadas por vía judicial.
Juárez Salas advirtió que este asunto podría incluso llegar a instancias internacionales, citando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a un recurso legal efectivo en cualquier circunstancia. Bajo este argumento, considera que es procedente el amparo en este caso.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha reiterado que los amparos presentados contra la reforma judicial son intentos fallidos de jueces y magistrados que buscan mantener privilegios, argumentando que estas acciones van en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones de junio de 2024.
También ha señalado que muchos de estos funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a la jueza Nancy Juárez, tienen salarios superiores a los límites establecidos en la Constitución, destacando el caso de consejeros y magistrados con sueldos de hasta cinco millones de pesos anuales.
Este conflicto refleja la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en torno a la reforma, que propone que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, una medida que ha generado un amplio debate en el país.
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