Por Heriberto Medina / Más información
La Universidad Autónoma de Coahuila, en un dictamen emitido en 2015, exoneró de cualquier responsabilidad administrativa a Eduardo Garza Martínez, actual Presidente de Canacintra, por las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
Más información difundió ayer el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011, elaborado por la ASF, documento en el que se da cuenta de cómo la Universidad participó en una triangulación que permitió a diferentes entidades publicas federales evadir la realización de licitaciones, todo por un monto de 375.8 millones de pesos.
Al respecto, la Universidad aclaró que las observaciones quedaron completamente solventadas, a satisfacción de la propia Auditoría Superior, desde 2015.
La UAdeC se deslindó completamente de las operaciones conocidas como “la estafa maestra” por las que se encuentra recluida en un centro penitenciario la ex Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles.
La máxima casa de estudios aseguró que la ASF consideró completamente solventadas las observaciones, por lo que aclaró que definitivamente la máxima casa de estudios no está vinculada con la estafa maestra.
Agregó que de hecho al llegar la nueva Directora del Conacyt volvió a revisar todo lo relacionado con esos contratos y la resolución fue que la UAdeC no participó en la estafa maestra.
Respecto a los señalamientos en contra de Garza Martínez, en el informe de resultados de la ASF se establece que la Universidad incurrió en falta de ética y profesionalismo al haber aparentado que prestaría los servicios y luego contratar empresas y particulares para que fueran ellos quienes los prestaran.
La propia ASF señala que se: “incurrió en falta de ética y profesionalismo toda vez que debió abstenerse de suscribirlos (los contratos) ya que con las referidas subcontrataciones quedó de manifiesto que la UAdeC no contó con la experiencia, ni elementos técnicos y humanos, para cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos y adquiridos en los contratos y convenios”.
De hecho la ASF no quedó conforme con la primera justificación emitida por la Universidad y consideró que de cualquier manera la institución violó el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 4 del reglamento de esa misma ley.
Además, la Auditoría señala claramente que la Universidad debió abstenerse de firmar los contratos con las entidades públicas federales y pide que se inicien 5 procedimientos administrativos en contra del Coordinador de Vinculación, que en ese tiempo era Eduardo Garza Martínez.
La Universidad realizó los procedimientos solicitados pero, a pesar de todos los argumentos y pruebas presentadas por la ASF, se determinó que no existían elementos para aplicar sanción alguna a Garza Martínez.
Hasta el momento se desconocen los preceptos en los que se basó el órgano de control universitario para determinar la exoneración.
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