Por Severo Recio
Saltillo, Coahuila, 12/11/26 (Más).- A casi tres meses de la detención en España del exnotario público Fernando “N”, señalado por su presunta participación en una red de fraudes inmobiliarios en La Laguna, las víctimas continúan sin obtener una solución a sus denuncias y desconocen cuándo será extraditado a México para enfrentar a la justicia.
Hasta ahora existen más de 90 denuncias penales relacionadas con el caso, pero solamente alrededor de 27 han registrado avances.
Ante la falta de información sobre el proceso de extradición, un grupo de afectados se reunió con el secretario general de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, a quien solicitó gestionar un informe oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la situación jurídica del extitular de la Notaría Pública 45, detenido en Madrid el pasado 15 de agosto con fines de extradición.
Alfonso Serrano, representante de las personas que adquirieron viviendas y terrenos que nunca les fueron entregados, explicó que las autoridades les han señalado que el procedimiento para trasladar al exnotario a territorio mexicano se encuentra fuera del ámbito de intervención directa de las instancias estatales.
“Nos comentan, y es verdad, que todo está en manos de la Interpol, ya ni siquiera de la Fiscalía General de la República”, señaló el representante, quien manifestó la preocupación de los denunciantes por la falta de resultados concretos después de varios meses de espera.
A esta incertidumbre se suma la presentación de múltiples recursos judiciales promovidos por familiares y personas cercanas al exnotario, quienes han buscado obtener resoluciones que le permitan acceder a la protección de la justicia. De acuerdo con la información disponible, hasta esta semana se habían tramitado por lo menos 16 recursos, entre solicitudes de amparo e impugnaciones contra resoluciones desfavorables.
La resolución más reciente corresponde al expediente 861/2026, radicado en los juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón. El pasado 4 de noviembre se emitió una determinación incidental negativa respecto de la revisión de resoluciones anteriores, con lo que nuevamente fue rechazado uno de los recursos promovidos en favor del exnotario.
Aunque hasta el momento las resoluciones judiciales han resultado desfavorables para Fernando “N”, las personas afectadas mantienen el temor de que alguna de las impugnaciones prospere y le permita evitar ser procesado por los hechos que se le atribuyen.
Esta preocupación ha llevado a los denunciantes a organizar manifestaciones frente a la sede de los Juzgados de Distrito, con la intención de exigir que los procedimientos judiciales continúen y que las acusaciones sean atendidas. Sobre estas movilizaciones, Serrano expresó: “Hemos hecho presión y creemos que eso ha servido, pues de lo contrario ya le habrían otorgado el amparo”.
El representante de las víctimas consideró que la Interpol dispone de las evidencias, pruebas documentales y testimonios relacionados con las acusaciones, por lo que los afectados permanecen atentos a cualquier información sobre el procedimiento internacional que permita trasladar al exnotario a México.
Las investigaciones también involucran a Víctor “N”, identificado como una de las personas que presuntamente participaban en el ofrecimiento de terrenos mediante redes sociales. Según las acusaciones, se presentaba como propietario de los predios y proporcionaba documentación falsa que posteriormente era utilizada en coordinación con la extinta notaría para concretar las operaciones fraudulentas.
Asimismo, se han formulado señalamientos contra personal de dependencias relacionadas con los trámites de propiedad y desarrollo urbano, entre ellas Catastro, Urbanismo y el Registro Público de la Propiedad, este último integrado al Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila.
En cuanto a la reparación del daño, los afectados señalaron que, de las más de 90 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía estatal, únicamente alrededor de 27 expedientes han conseguido avances que podrían traducirse próximamente en la entrega de lotes de terreno a precios accesibles para igual número de familias.
Sin embargo, la mayoría de los denunciantes continúa sin recuperar su patrimonio ni recibir los inmuebles por los que pagó, mientras el principal acusado permanece en España y el proceso para su extradición sigue sin una fecha definida. La exigencia de los afectados es conocer el estado real del procedimiento y conseguir que las investigaciones se traduzcan en justicia y soluciones para las familias perjudicadas.
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