Por Miguel Villarello
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Diputados locales de Morena solicitaron a la empresa pública Aguas de Saltillo, que dé a conocer la información pública de oficio que por ley debe transparentar y que no aparece en su página de internet.
Durante la sesión del Congreso del Estado de este martes, los legisladores propusieron que el director de Agsal informe puntualmente los datos de transparencia que deben de ser del dominio público, propuesta que, sin embargo, fue turnada a la congeladora legislativa.
Quien presentó la proposición con punto de acuerdo fue Lizbeth Ogazón Nava, y era en el sentido explícito de que Aguas de Saltillo, empresa española que opera el sistema de la red de distribución del vital líquido, proporcione su Información Pública de Oficio a que la obliga la Ley de Acceso a la Información Pública estatal por ser un organismo que funciona con recursos públicos de origen ciudadano.
En su exposición de motivos, la parlamentaria dio a conocer que un medio de comunicación solicitó a Aguas de Saltillo dar cuenta de los niveles que guardan los pozos de reserva que constituyen las fuentes de abastecimiento del sistema hídrico en la ciudad.
“La respuesta no solamente fue poco satisfactoria, sino que se limitó a mostrar algunas gráficas que no contenían el soporte técnico donde se explicaran los métodos, los valores y otros significados que le quitan cualquier posibilidad de evaluación”, señaló en tribuna Ogazón Nava.
Estamos, sostuvo, asimismo, ante algo mucho más grave no solamente de una política pública sin posibilidad de ser evaluada, sino ante una conducta omisa.
“Donde se pretende ocultar información que de acuerdo a la ley debe ser pública y que, ante la crisis que viven estados vecinos por la sequía es básico conocer la reserva de agua con la que cuenta Saltillo, el volumen de la recarga de los mantos y las políticas públicas que habrán de implementarse para garantizar el abasto”.
Entonces propuso llamar al director de Agsal “para que informe de manera puntual los datos requeridos por esta Soberanía que por su condición deben de ser de dominio público”.
Al final de cuentas, sin ser discutida ni analizada, con 8 votos a favor y 12 en contra la propuesta se desechó por mayoría y se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
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