Monclova, Coahuila, 27/08/25 (Más).- La revelación de que un grupo de exdirectivos y asesores de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa recibiendo pagos mensuales a través de una nómina interna, mientras cientos de extrabajadores llevan casi tres años sin recibir liquidaciones ni compensaciones laborales, detonó un nuevo episodio de inconformidad y exigencia de explicaciones por parte de los afectados.
La información, dada a conocer a través de una filtración en redes sociales, fue confirmada por Julián Torres, representante de los extrabajadores.
De acuerdo con Torres, la situación resulta incomprensible, ya que mientras los extrabajadores enfrentan procesos legales estancados y dificultades económicas crecientes, algunos exfuncionarios mantienen ingresos regulares financiados por una empresa que, según han dicho las propias autoridades, se encuentra en crisis financiera.
“Resulta inconcebible que mientras los trabajadores llevan casi tres años en litigio, sin ver avances significativos en sus casos, un grupo de exfuncionarios esté percibiendo remuneraciones que se pagan mes con mes”, afirmó, según publicó el diario El Tiempo.
La indignación se intensificó tras la visita que los extrabajadores realizaron a las oficinas de Resguardo Corporativo, donde buscaron una reunión con Mónica Elizondo, encargada del área de Recursos Humanos. El objetivo era obtener respuestas formales sobre los pagos señalados y exigir que se transparenten los criterios bajo los cuales se mantiene esa nómina.
Los extrabajadores calificaron esta situación como una burla y una muestra de la falta de voluntad institucional para resolver el conflicto.
El proceso legal iniciado por los extrabajadores ha permanecido sin avances claros desde hace casi tres años. Según Torres, tanto las autoridades laborales como la sindicatura responsable del caso han fallado en emitir resoluciones definitivas. Aunque existe la expectativa de que el procedimiento pueda concluir antes de diciembre, los recientes hallazgos sobre pagos a exfuncionarios podrían prolongar aún más el desenlace.
El representante mencionó que al interior de AHMSA existen dos grupos con intereses enfrentados. Uno busca concluir el proceso de liquidación, mientras que otro, presuntamente vinculado a quienes aún perciben ingresos, busca alargarlo para continuar accediendo a recursos.
La filtración de la nómina, sostuvo, podría ser parte de una estrategia para generar reacciones entre los extrabajadores y así justificar nuevas dilaciones legales.
A pesar del clima de tensión, Torres aseguró que los extrabajadores han mantenido una postura de calma y se han comprometido a no recurrir a la violencia. El movimiento, dijo, está orientado a lograr una solución legal e institucional, sin afectar la estabilidad social de la región. También hizo un llamado a las autoridades para que atiendan el conflicto con celeridad y transparencia.
Además de los adeudos laborales, los extrabajadores enfrentan problemas relacionados con pensiones y créditos de vivienda. Informaron que las pensiones son calculadas con salarios reducidos posteriores al cierre de la planta, lo que afecta principalmente a quienes se encuentran en edad de jubilación. En cuanto a los créditos del Infonavit, denunciaron que el aumento mensual de 1.5% en el saldo ha convertido los préstamos en deudas impagables para cerca de 2,000 trabajadores, muchos de los cuales adquirieron financiamientos al ingresar a la empresa.
Ante esta situación, los extrabajadores han llevado sus quejas al Senado y a instancias federales. Torres reportó que ya sostuvieron un primer encuentro con el delegado estatal del Infonavit, en el que se revisaron algunos casos específicos y se plantearon alternativas para mitigar el impacto económico. Se prevé una segunda reunión dentro de un mes, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a los trabajadores reestructurar sus deudas sin perder su patrimonio. Mientras los extrabajadores esperan justicia laboral y certidumbre sobre su futuro, la revelación de los pagos mensuales a exfuncionarios de AHMSA añade presión a las autoridades judiciales, laborales y financieras para esclarecer el destino de los recursos de la empresa y garantizar que las liquidaciones sean resueltas con base en criterios de equidad y legalidad.
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