Ciudad de México, 18/06/26 (Más).- Una auditoría interna realizada en Financiera para el Bienestar (Finabien) exhibió un esquema mediante el cual el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, durante la dirigencia de Mario Delgado, contrató la dispersión de cientos de miles de pagos identificados como “apoyos sociales” en distintas regiones del país, mediante un convenio que permaneció vigente desde 2022 hasta después de las elecciones federales de 2024.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el acuerdo entre Morena y Finabien contempló la emisión de hasta 252 mil 901 giros o remesas nacionales para la entrega de dichos apoyos, una figura que no está contemplada dentro de las atribuciones legales de los partidos políticos ni en los estatutos internos del propio instituto político.
Los documentos obtenidos por la organización señalan que el contrato fue firmado el 1 de junio de 2022 y originalmente tendría una vigencia de un año. Sin embargo, posteriormente fue modificado para extender su duración hasta el 28 de junio de 2024, apenas unas semanas después de la elección federal del 2 de junio de ese año.
El convenio fue identificado con la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022 y posteriormente referido en auditorías internas bajo otra nomenclatura administrativa.

La investigación también refiere que Morena no reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) la existencia de este contrato durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años en que permaneció vigente.
Asimismo, en los informes financieros entregados a la autoridad electoral no se especifica la partida presupuestal utilizada para financiar los llamados “apoyos sociales”, ni el monto total destinado a esas operaciones.
Reportes internos revisados por MCCI indican que Morena pagó al menos 3 millones 520 mil pesos únicamente por concepto de comisiones cobradas por Finabien para la dispersión de los recursos. El organismo financiero aplicó un cobro de 12 pesos más IVA por cada giro contratado. La existencia de estos pagos quedó registrada en diversas facturas emitidas por la institución pública.
No obstante, una auditoría practicada en 2025 detectó inconsistencias en el número de operaciones efectivamente realizadas. Según el informe, aunque se contrataron 252 mil 901 giros, solamente fueron ejecutadas 140 mil 878 operaciones, situación que derivó en la devolución de aproximadamente 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones previamente cobradas y no utilizadas.
La revisión también identificó posibles incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero. En una cédula de resultados emitida en diciembre de 2025 se establece que no se aplicaron los protocolos correspondientes para verificar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en relación con el contrato celebrado con Morena.
El documento oficial señala que desde enero de 2023 existieron advertencias internas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión financiera respecto al convenio. Sin embargo, los auditores concluyeron que no se presentó evidencia suficiente para demostrar que las observaciones fueron atendidas durante la vigencia del acuerdo.
Especialistas en materia electoral y auditoría consultados por MCCI consideraron que la dispersión de “apoyos sociales” por parte de partidos políticos no forma parte de las actividades permitidas por la legislación mexicana. Recordaron que la Ley General de Partidos Políticos establece que los recursos públicos y privados que reciben estas organizaciones deben destinarse exclusivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.
La investigación compara la magnitud de las operaciones contempladas en el convenio con los reportes oficiales de gastos de campaña de 2024. Mientras Morena y sus candidatos registraron ante el INE poco más de 33 mil operaciones financieras durante el proceso electoral, el contrato con Finabien contemplaba más de 250 mil transacciones, una diferencia que, según el reporte, no encuentra reflejo en la documentación presentada ante la autoridad electoral.
MCCI informó que solicitó una postura al Comité Ejecutivo Nacional de Morena respecto a los hallazgos de la investigación. Sin embargo, hasta el cierre de la publicación no se había recibido respuesta por parte del partido político. Los documentos revisados forman parte de una auditoría financiera de cumplimiento realizada por el Órgano Interno de Control de Finabien, la cual examinó contratos, convenios y mecanismos relacionados con la administración y dispersión de recursos financieros.
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