Exhibe la CNDH omisiones en caso del Rancho Izaguirre

Por manejo irregular de evidencias, emiten recomendación a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La deficiente actuación vulnera derechos la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia

Ciudad de México, 05/03/26 (Más).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por irregularidades detectadas en el procesamiento de evidencias en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, donde colectivos de búsqueda localizaron objetos y posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, el organismo concluyó que acciones y omisiones de personal de ambas instituciones derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni la adecuada preservación del lugar y de los indicios encontrados.

El caso se remonta a marzo de 2025, cuando colectivos de familias buscadoras denunciaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un centro de adiestramiento y posible campo de exterminio presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde entonces, familiares de personas desaparecidas han tratado de identificar objetos hallados en el sitio con la esperanza de esclarecer el paradero de sus seres queridos.

Según el análisis de la CNDH, durante las primeras diligencias realizadas en el inmueble se documentó la presencia de diversas evidencias que no fueron procesadas adecuadamente por el personal pericial y policial. Aunque algunos indicios quedaron registrados en fotografías y reportes iniciales, no todos fueron identificados, levantados ni sometidos a análisis técnico.

En el dictamen de criminalística citado en la recomendación se señala que diversas evidencias localizadas al interior del que se identifica como Inmueble 1 no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial, pese a que su presencia fue documentada durante las diligencias iniciales.

Además, el organismo indicó que no se encontraron constancias que acreditaran el aseguramiento de algunos objetos ni registros completos de cadena de custodia.

Como parte de las medidas de reparación y de no repetición, la CNDH instruyó a ambas instituciones realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por las violaciones a derechos humanos acreditadas, el cual deberá efectuarse en un plazo máximo de seis meses después de aceptar la recomendación.

Asimismo, deberán elaborar o actualizar un protocolo de actuación para la preservación de lugares de intervención, el procesamiento técnico-científico de indicios y el manejo de la cadena de custodia, además de designar a una persona funcionaria de alto nivel como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas.

La recomendación también establece que ambas dependencias deberán colaborar en los procedimientos administrativos que se inicien contra los servidores públicos señalados por posibles irregularidades.

En el caso de la Fiscalía de Jalisco, se le instruyó implementar un ciclo de formación especializado en derechos humanos y conducción de investigaciones relacionadas con la preservación de escenas del crimen y el manejo de indicios. Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses deberá desarrollar un programa de capacitación para su personal de campo y emitir lineamientos técnicos sobre el procesamiento de evidencias.

Las fallas señaladas por la CNDH se suman a los cuestionamientos que familiares de personas desaparecidas han hecho a las autoridades en torno a la investigación del Rancho Izaguirre. Algunos han señalado dificultades para acceder a los objetos localizados en el lugar y verificar si pertenecen a sus familiares.

Entre ellos se encuentra Patricia Sotelo, madre de Fanny Areli Quezada, desaparecida en marzo de 2021 en el municipio de El Salto, Jalisco. La mujer relató que, tras observar una transmisión realizada por un colectivo desde el rancho, creyó reconocer una cangurera que podría pertenecer a su hija, la cual describió: “Una bolsita chiquita, tipo cartera. Más o menos como de unos 20 centímetros de alto. Como con rombos al frente. El bolso es de color café y las costuras camel”.

Sotelo explicó que la prenda tenía un orificio característico hecho con un tenedor caliente, una marca que su hija utilizaba para identificar sus pertenencias. Sin embargo, pese a solicitar revisar el objeto durante meses, no obtuvo acceso a él.

Cuando en marzo de 2025 la fiscalía estatal organizó un recorrido en el rancho para familiares, defensores de derechos humanos y periodistas, el sitio ya había sido vaciado de prendas y objetos hallados. “Salí desatada del rancho porque sí me dio mucho coraje. Yo no fui a un tour y nos llevaron, como tal, a un tour”, expresó.

Otros familiares enfrentan situaciones similares. La tía de Eleazar, un joven de 22 años desaparecido en marzo de 2024 tras salir de Irapuato por una oferta laboral, aseguró haber identificado en fotografías difundidas por colectivos una maleta negra con ribetes rojos que afirma haberle prestado, aunque hasta ahora no ha recibido confirmación oficial sobre el objeto.