No hay claridad en cuanto a los casos de corrupción y de desvío de recursos; tampoco certeza jurídica por la falta transparencia, advierte la diputada Luz Natalia Virgil
Por Miguel Villarello
Saltillo, MÁS. – Debido al poco cumplimiento de la transparencia en cuanto a información estadística por investigaciones y actos de corrupción a nivel municipal, el Congreso llamó a los 38 municipios para que sus órganos internos de control publiquen la información y registros que llevan al respecto.
Quien hizo la propuesta fue la diputada Luz Natalia Virgil del PAN y explicó que la Ley de Responsabilidades contiene dos tipos de sanciones y depende de, si fue grave y no grave.
En el primer caso, se va a la Fiscalía Anticorrupción y es resuelta, se hace pública y se puede consultar con algunos datos de reserva mientras no se emita una sentencia; y en materia de sanciones no graves se van a los órganos de control; las de la federación se van a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y las de ayuntamientos se van a los 38 órganos de control municipales.
“Pero no hay una claridad en cuántos asuntos se encuentran en cada municipio y tampoco hay una certeza jurídica”.
“Por algunas circunstancias que he visto en Torreón, hoy han estado haciendo valer algunas acciones no graves, que son administrativas, pero ni siquiera tuvieron que ver con corrupción, es decir, no hubo desvío de recursos, sino omisiones administrativas y apenas las están tramitando cuando ya prescribieron o algunas se sobreseyeron porque no tuvieron materia” señaló.

Lo que queremos, dijo ante la tribuna parlamentaria, es que haya una trasparencia en el ejercicio de la ley, cuando hay una sanción que no es grave, que va desde una amonestación hasta que quede un funcionario inhabilitado para un cargo público.
“Pero que también la población sepa cuántos asuntos de este tipo hay, cada año la Auditoría Superior envía los casos y los órganos de control deben de publicar en sus apartados de transparencia cuántos hay, cuál es el seguimiento y antigüedad, sin embargo, en muchos de ellos al darle seguimiento no ubican al funcionario público porque ya no vive donde tenía manifestado su domicilio y les es imposible concluir”.
Por lo que propuso “tomar otras medidas para llevar a cabo estos asuntos, falta transparencia y para evitar que se les dé un uso político a este tipo de sanciones, pues si alguien aspira a un cargo político federal o local que no se esperen hasta ese término para hacer valer todas esas sanciones e inhabilitar a los funcionarios”.
Recordó dos casos recientes de exalcaldes de Monclova y Parras, pero sostuvo que existen “funcionarios de primero, segundo y tercer nivel y que tienen alguna falta administrativa y no se ha solucionado su caso porque no tiene protección legal de la etapa en que va su proceso, aparte, en muchas ocasiones cometieron la falta por ignorancia o seguir instrucciones superiores”.
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