Exalcaldes en desgracia

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila, 06/07/26 (Más).- La detención de Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, reabrió un capítulo recurrente en la historia política de Coahuila, el de expresidentes municipales que, tras dejar el cargo, han sido aprehendidos, encarcelados o investigados por delitos relacionados con el ejercicio público, aunque no todos los casos terminaron en sentencia condenatoria.

El antecedente más sonado, aunque no vinculado directamente a su paso por la alcaldía, es el de Jorge Torres López, exalcalde sustituto de Saltillo y exgobernador interino de Coahuila.

Torres López, priista y cercano al grupo moreirista, fue sentenciado en Estados Unidos a 36 meses de prisión por lavado de dinero, luego de declararse culpable de realizar operaciones financieras para ocultar sobornos relacionados con contratos de obra pública estatal.

Pero en el terreno estrictamente municipal, la lista de exalcaldes coahuilenses que han sido privados de la libertad por señalamientos ligados a sus administraciones se remonta, al menos, a la década de los 80.

Uno de los primeros casos fue el de Eleazar Galindo Vara, exalcalde de Saltillo, quien fue acusado por el escándalo del programa Tierra y Esperanza, del que se señalaron desvíos millonarios.

Crónicas locales refieren que Galindo Vara pidió licencia durante su gestión y posteriormente fue enviado a prisión, aunque en fuentes abiertas no existe una precisión clara sobre el tiempo que permaneció encarcelado.

Otro caso relevante fue el de Felipe Medina Cervantes, exalcalde priista de Matamoros, detenido en 2006 por peculado.

La acusación inicial lo vinculó con irregularidades por millones de pesos en la administración municipal; posteriormente fue sentenciado por un caso relacionado con cheques alterados.

Medina Cervantes permaneció poco más de un año en el Cereso de Torreón y recuperó su libertad en 2007, mientras continuaban recursos legales en torno a su sentencia.

En Ramos Arizpe, Ramón Oceguera Rodríguez, también priista, fue detenido en 2020 junto con su extesorero por una acusación de peculado derivada de observaciones a su administración 2010-2013.

La causa fue presentada por un presunto daño de alrededor de 7 millones de pesos. Oceguera Rodríguez fue enviado a prisión, aunque semanas después obtuvo el cambio de medida cautelar para continuar el proceso en libertad con brazalete electrónico.

El caso de Oceguera Rodríguez se dio en un momento en que sumaba su apoyo a la campaña del candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, a pesar de ser priista.

Parras de la Fuente concentra dos casos recientes.

El primero fue el de Evaristo Madero Marcos, tres veces alcalde de ese municipio, quien fue detenido en 2021 por ejercicio ilegal de atribuciones y facultades.

La acusación se relacionó con la presunta venta irregular de un inmueble municipal que habría sido destinado a oficinas de Profeco, operación que, según la indagatoria, se realizó sin autorización del Congreso y por debajo de su avalúo.

Madero Marcos fue internado en el Cereso de Saltillo y posteriormente obtuvo arresto domiciliario.

El segundo caso parrense fue el de Ramiro Pérez Arciniega, exalcalde de Morena, detenido en enero de 2023 por presuntos malos manejos durante su administración. En su caso se habló de señalamientos por desvío de recursos y ejercicio abusivo de funciones.

Tras permanecer en prisión preventiva, obtuvo su libertad bajo medidas cautelares, entre ellas el uso de brazalete electrónico. Posteriormente enfrentó una nueva vinculación a proceso por otra carpeta relacionada con presunto desvío de recursos.

En Monclova, Gerardo García Castillo, exalcalde emanado del PAN y posteriormente vinculado políticamente con Morena, fue detenido también en enero de 2023.

La acusación fue por ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, en la modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocación de fondos durante su administración 2014-2017.

García Castillo pasó 21 días en prisión y después obtuvo el cambio de medida cautelar para continuar el proceso con brazalete electrónico.

El caso más reciente es el de Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, detenida el 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, por una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

La exfuncionaria enfrenta señalamientos por peculado y ejercicio abusivo de funciones, con un presunto daño patrimonial que ha sido estimado en 15 millones de pesos. Un juez le impuso prisión preventiva justificada y programó la continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica.

A esta lista se suma un caso distinto por su naturaleza, el de Sergio Alonso Lozano Rodríguez, exalcalde panista de Allende, detenido en 2016 por secuestro agravado por omisión, dentro de las investigaciones relacionadas con la masacre de Allende de 2011.

La acusación señalaba que, durante los hechos atribuidos a Los Zetas, habría permitido la irrupción criminal y ordenado a policías municipales no intervenir.

Lozano Rodríguez permaneció preso en el Cereso de Piedras Negras hasta febrero de 2017, cuando un juez lo dejó en libertad.

También existen exalcaldes que han sido detenidos o procesados por causas no necesariamente relacionadas con su gestión como munícipes. Uno de ellos es Jorge Williamson Bosque, exalcalde de Monclova, a quien en 2016 se le dictó auto de formal prisión por un fraude de acreedores superior a 5 millones de pesos. Dos años después volvió a ser detenido por un conflicto de carácter privado, aunque fue liberado en cuestión de minutos.

Otro nombre reciente es el de Pablo Salas Aguirre, exalcalde panista de General Cepeda, detenido en 2025 tras un conflicto durante un intento de desalojo en el que varias mujeres denunciaron agresiones.

En ese mismo episodio fue mencionado su hermano Juan Salas Aguirre, también exalcalde del municipio, quien habría logrado evitar la detención al refugiarse en su domicilio.

Además de los exalcaldes que han estado tras las rejas, hay una lista más amplia de exfuncionarios municipales investigados por posibles irregularidades, aunque sin que se haya documentado prisión.

En 2018, se informó que la Fiscalía Anticorrupción mantenía bajo investigación a cinco exalcaldes por denuncias de la Auditoría Superior del Estado: Lenin Ignacio Flores Lucio, de Sabinas; Evaristo Lenin Pérez Rivera, de Acuña; Salvador Lozano Arizpe, de Jiménez; Juan Francisco González González, de San Pedro de las Colonias, y Amador Moreno López, de Frontera.

De ellos, Lenin Flores Lucio fue vinculado a proceso por peculado junto con otras personas, por presuntas simulaciones de licitaciones y contratos relacionados con la Feria de Sabinas. Sin embargo, el juez le impuso como medida cautelar el uso de brazalete electrónico y restricciones de movilidad, no prisión preventiva.

Más adelante, en 2022, la Fiscalía Anticorrupción reveló que mantenía investigaciones por presuntos delitos de peculado y abuso de funciones contra exalcaldes y administraciones municipales del periodo 2018-2021 en San Pedro, Viesca, Torreón, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente, Abasolo, Sabinas, Villa Unión, Frontera, Candela y Allende.

La información oficial no precisó en todos los casos los nombres de los exediles, pero sí confirmó que las indagatorias derivaban de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado.

Así, el caso de Tania Flores Guerra no aparece como un hecho aislado, sino como el episodio más reciente de una cadena de investigaciones, detenciones y encarcelamientos de exalcaldes coahuilenses que, desde Saltillo, Matamoros, Ramos Arizpe, Parras, Monclova, Allende, General Cepeda y Múzquiz, han colocado a los gobiernos municipales bajo la lupa penal.

Aunque es de observar que las detenciones más recientes se han dado sólo contra exmunícipes de oposición al partido en el poder en la entidad.