Astillero
Julio Hernández López
Con el quemante libreto de su “guerra contra el narcotráfico” externo (que no el interno), el trumpismo va ahora sobre Chihuahua y Michoacán, entidades donde el año entrante habrá elecciones, de gubernaturas las principales.
En ambos casos Washington tiene interés en impulsar planes electorales: la continuidad y protección del panismo de María Eugenia Campos y sus arreglos con la CIA, en el norte, y la viabilidad y protección de la candidatura de Grecia Quiroz, la viuda del asesinado Carlos Manzo que ahora preside Uruapan con el sombrero como distintivo de precampaña.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos entra al escenario al designar de organizaciones terroristas extranjeras a dos cárteles: el de Juárez (asentado en la fronteriza ciudad más poblada del estado de Chihuahua) y el de Los Viagras, correspondiente a Michoacán. Ello implica restricciones o cancelación de operaciones financieras y empresariales y riesgo de acciones directas de captura de sus principales líderes. Además, incentiva divisiones, venganzas y delaciones internas que agravan la descomposición que se vive en esas entidades.
Como consecuencia de esas acometidas cotidianas del poder gringo contra el mexicano, o porque hay un difícil proceso nativo de ajustes y desajustes, la capacidad de respuesta y la visión de unidad del morenismo o, más ampliamente, del cuatroteísmo, se están viendo menguadas.
Un ejemplo casi fársico es el del piloto de Los Chapitos que habría llevado a El Mayo Zambada a Estados Unidos para ser capturado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Luego de un penoso peloteo declarativo con epicentro en la mañanera, ayer asomó la Fiscalía General de la República para reconocer que casi un año después de haber expulsado a El Jando, apodo éste del citado piloto, a una cárcel de Estados Unidos, se pudieron tener indicios de que dicho delincuente era quien era y había hecho lo que había hecho.
El propio secretario policiaco, Omar García Harfuch, había reconocido desde principios de 2025 que El Jando era “piloto de confianza” de Los Chapitos, aunque meses después medio corrigió. Lo cierto es que México tuvo al piloto del caso Zambada, expulsado por Estados Unidos, y lo devolvió a ese país, mientras se sigue preguntando a Washington lo que pudo haber declarado de primera mano el citado piloto.
Con gran celeridad, en cambio, la gobernadora de Baja California, pillada en grabaciones donde se muestra más que dispuesta a colaborar con autoridades extranjeras para evitar acciones en su contra, ha hecho saber que fue chamaqueada (aunque no usó este término) por su antecesor y feroz adversario político, Jaime Bonilla, quien ya había acusado públicamente a la misma Marina del Pilar Ávila Olmeda de mantener relaciones con el crimen organizado.
Bonilla, según la incauta Marina del Pilar, le tendió una celada, “un montaje”, al ofrecerle que funcionarios de Estados Unidos dialogarían con ella para revisar la posibilidad de devolverle su visa. “Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos (…) fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de este argumento, a la gobernadora de Baja California se le escuchó muy dispuesta a colaborar informativamente con autoridades extranjeras, incluso en cuanto a mesas de seguridad, por más intrascendentes que ahora se les pretenda categorizar.
Y, mientras la presidenta Sheinbaum ha respondido al director de la Administración de Control de Drogas (DEA, conforme a sus siglas en inglés), instándolo a que centre sus esfuerzos en el combate interno, en lo que sucede en Estados Unidos, en lugar de generar declaraciones netamente políticas contra países como México, al que debe respetar, ¡hasta mañana, con el sobrino (vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna) de quien fue secretario de Marina en el gobierno anterior (José Rafael Ojeda Durán), solicitando a un juez que cite a su tío a declarar sobre huachicol fiscal!
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