Washington, 09/05/24 (Más / IA).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se encuentra en alerta máxima ante una serie de amenazas electorales potencialmente sin precedentes.
Según declaraciones que el secretario Alejandro Mayorkas dio al diario USA Today, la intromisión de gobiernos extranjeros, amenazas de bomba, intimidación en las urnas y la difusión intencional de desinformación son solo algunas de las preocupaciones que enfrenta el país en el contexto de las próximas elecciones.
El funcionario identificó tres tipos principales de amenazas: ciberseguridad, amenazas físicas a funcionarios y trabajadores electorales, y la desinformación.
El DHS, a través de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA), intensifica sus esfuerzos para fortalecer la infraestructura electoral contra estas amenazas.
Desde la designación del proceso electoral como parte de la “infraestructura crítica” de la nación en 2017, la protección de los activos, sistemas y redes relacionados con las elecciones se ha convertido en una prioridad nacional.
La ciberseguridad es una preocupación constante, especialmente debido a la interferencia de estados nacionales adversos como Rusia, China e Irán.
Las amenazas físicas a los funcionarios electorales han aumentado desde las elecciones de 2020, y la desinformación sigue siendo una herramienta poderosa para confundir y engañar a los votantes.
El funcionario indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no está solo en esta lucha; colabora estrechamente con agencias policiales estatales y locales, así como con funcionarios electorales que desempeñan un papel clave en la seguridad de los lugares de votación.
Además, el DHS trabaja en conjunto con el FBI y las agencias de inteligencia de Estados Unidos para identificar y neutralizar amenazas específicas, incluida la actividad extremista de derecha y posibles complots terroristas nacionales.
CISA, bajo la dirección de Jen Easterly y la asesora principal Cait Conley, está llevando a cabo una serie de iniciativas para administrar y reducir el riesgo de la infraestructura electoral descentralizada de la nación.
Esto incluye proporcionar inteligencia en tiempo real, orientación sobre las mejores prácticas de seguridad y capacitación sobre cómo responder a amenazas físicas como tiradores activos o bombas.
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