Estafa en Hidalgo sigue abierta

El excontralor César Román Mora Velázquez, detenido en EU, es una figura clave en la “estafa siniestra”, un esquema de corrupción que desvió más de 2,500 millones de pesos del erario de Hidalgo, pero su captura ha derivado en maniobras legales y digitales para evitar responsabilidades

Esta información fue publicada por Emeequis con la firma de Áxel Chávez. Para ver la publicación original presionar aquí.

Tomado de Emeequis

Cuando el gobernador Julio Menchaca Salazar supo por su encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, que habían detenido en Estados Unidos al excontralor César Román Mora Velázquez –una de las posibles piezas en un entramado de corrupción que el propio gobierno de Menchaca llamó la “estafa siniestra”– parecía que la supuesta red de saqueo a las arcas públicas y los modus operandi se dilucidarían; además, que podría ser la antesala para identificar a la mente detrás del mayor desvío del erario hidalguense que ha tenido procesos judicializados.

Sin embargo, la maraña parece no tener fin.

Mora Velázquez, quien fue secretario de la Contraloría de Hidalgo, siempre fue reconocido como una pieza importante para comprender las operaciones, hasta que una serie de amparos impidieron a los integrantes del Poder Ejecutivo estatal hablar sobre él; ahora, mediante otro recurso, busca protegerse de actos privativos de la libertad, cuando tiene tres órdenes de aprehensión en contra.

A la par, ha buscado borrar de los medios el historial informativo sobre él a través de reclamaciones a Google por derechos de autor relacionadas con el uso de imágenes en las que aparece, las cuales, afirma, son de su propiedad.

De acuerdo con medios locales, Mora Velázquez, detenido el 29 de mayo en EU, ya tiene fecha para comparecer por su solicitud de amparo: el próximo 18 de junio.

Mientras eso sucedía, una serie de contenidos pagados como publicidad posicionaron identidades digitales homónimas al nombre César Román Mora Velázquez, con un trabajo de SEO para la aparición en monitores de búsqueda.

Así, de César Román Mora Velázquez, secretario de la Contraloría durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, se sumaron César Román Mora Velázquez, “experto en ética pública y gobernanza”, y César Román Mora Velázquez, un supuesto “chef” que comparte sus recetas en Pinterest, entre otras personalidades en la web. 

Capturado el 29 de mayo en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el exfuncionario en el mandato de Omar Fayad Meneses –hoy embajador de México en Noruega– fue identificado por las alertas internacionales de búsqueda, pero según Menchaca, para las autoridades estadounidenses uno de los aspectos previos para la operación que llevó a detenerlo fue la adquisición de una vivienda “no de interés social” en Miami, así como un auto de alta gama.

Con él, el gobierno espera identificar el origen de un presunto desvío cuyo mecanismo, afirmó, se conoció por primera vez en el municipio rural de Huautla, en la Huasteca hidalguense, cuando recursos extraordinarios fueron liberados en un procedimiento fast track por la Secretaría de Finanzas –entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo– para la supuesta adquisición de insumos covid-19 y para pagar maquinaria que tenía como fin mejorar los caminos; todo, al amparo de la emergencia sanitaria.

El entonces edil Felipe Juárez Ramírez fue uno de los primeros cuatro alcaldes detenidos el 23 de noviembre de 2022 y de los tres que fueron vinculados a proceso inicialmente. Después, acusó ser víctima de una simulación y abandono gubernamental. Las recriminaciones de imputados por irregularidades en el proceso, sentencia mediática o falta de acceso a una debida defensa también han sido constantes.

Los diferentes montos

A finales de enero, cuando un juez del Poder Judicial de Hidalgo impuso una sentencia de cuatro años de prisión al exalcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, además de una multa de 200 días de salario mínimo y la devolución de 25 millones de pesos para reparar el daño ocasionado al patrimonio del ayuntamiento –enfrentaba cargos por uso ilícito de atribuciones y peculado de 66 millones 700 mil pesos– el gobierno de Hidalgo celebró que “con esta resolución, se avanza en la recuperación de recursos desviados por exfuncionarios implicados en este desfalco millonario al erario público”.

En el mismo comunicado, informó que en total han recuperado 104 millones 741 mil 991 pesos, mediante siete acuerdos en los que han participado seis políticos (un incluye un caso que data de un periodo anterior al sexenio de Fayad, en un municipio mencionado más adelante).

No obstante, tras cuestionamientos sobre acuerdos de personajes políticos para dejar la prisión, con montos inferiores al delito imputado, el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, declaró que el monto de recuperaciones era superior y alcanzaba los 500 millones de pesos –300 millones en efectivo y 200 millones en bienes inmuebles–.

Sin embargo, inquirido directamente si estos 500 millones son parte de lo que el propio gobierno llamó, por su modus operandi, personajes involucrados y temporalidad, “estafa siniestra”, el contralor rectificó que ese monto es “por casos de corrupción”, sin poder precisar cuántos son por la “estafa”, denominativo que, reveló, no puede mencionar por procesos en curso. También, aseguró que en los montos reintegrados han cuidado –sin pormenorizar más– que no sean de procedencia ilícita.

En el proceso contra Hernández Badillo, la ley le permitió conmutar la pena de prisión al ser de cuatro años o menos, por lo que después de 17 meses en reclusión desde que fue detenido el 14 de agosto de 2023, dejó la cárcel en enero pasado.

Él fue acusado por una solicitud de recursos extraordinarios para afrontar el daño por la inundación de Tula en septiembre de 2021, en la que hubo 17 muertos. La ciudad se anegó tras el desbordamiento de ríos, el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se inundó y se quedó sin electricidad. Quienes fallecieron fue por falta de oxígeno que recibían (15) y (dos) al llegar con signos vitales muy débiles y no lograr respiración asistida, en medio de la contingencia por covid-19.

Entre las acusaciones contra el edil estaban la compra de colchones reconstruidos –con residuos de sangre, orín y suciedad en la capa que fue recubierta–, así como cargar ayudas sociales que no se entregaron y facturar fumigación del mosco culex que no se llevó a cabo.

Este acuerdo enfrentó críticas incluso de familiares de personas que siguen en prisión por la misma denominada “estafa”, ya que el “daño reparado” cubrió corresponde a 37% de la cantidad por la que le atribuían el presunto peculado, un criterio que, acusaron, no ha sido empleado en favor de todos los imputados.

Cuentas sin precisar

Los 2 mil 500 millones de pesos conforman la cifra oficial de la “estafa siniestra”; sin embargo, las autoridades no registran las diferencias entre casos judicializados por los que hay procesos por peculado, uso indebido de atribuciones –entre otros delitos–, los cuales, a su vez, han derivado en órdenes de aprehensión, y aquellos posibles faltantes que han derivado de observaciones de auditorías. Es decir, no han logrado precisar –aunque se les ha cuestionado– la diferencia entre procesos judiciales y procesos administrativos, así como las circunstancias de cada uno para ser considerados como parte del esquema de la “estafa siniestra”.

Asimismo, en lo que se ha denominado un “maxiproceso”, los periodos que inicialmente se constreñían al mandato de Omar Fayad Meneses (2016-2022), después se extendieron a otras épocas y otros supuestos “modus operandi”, como ocurrió con el exedil de Pachuca, Eleazar García Sánchez, a quien en dos carpetas de investigación le imputaron que durante su administración municipal 2012-2016, “sin la debida autorización del Cabildo, celebró 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 476 mil pesos”. Adicional a ese proceso, se le atribuyó la firma ilícita de contratos por 22 millones 339 mil pesos, con la empresa Publirex, para la instalación de anuncios publicitarios.

El exedil, contra quien un juez de control concedió la orden de aprehensión el 3 de febrero de 2024 y ese mismo día fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de la PGJEH, accedió a un juicio abreviado por el cual el 6 de marzo acordó la entrega de los 11 millones de pesos, más la transferencia de un predio, derivado de dos sentencias condenatorias.

En la bolsa de dinero recuperado de “la estafa siniestra”, la administración estatal incluyó 58 millones que obtuvo en marzo de 2024 del exedil priista García Sánchez, pese al desfase temporal entre los actos por lo que fue condenado y la puesta en marcha de un mecanismo para drenar las arcas públicas desde las secretarías en el periodo de Fayad Meneses, por medio de los municipios y empresas con características de fachada, según se dijo en el momento en el que se dio a conocer este esquema de malversación, al inicio de la administración de Julio Menchaca Salazar.

En tanto que a Omar Fayad, los casos de posible desvío mediante la “estafa” nunca han llegado porque el gobierno actual afirma que no ha encontrado elementos para suponer que estaba enterado o participó en ellos.

La estafa, monto a monto reconocido

La actual administración morenista destaca que por este presunto entramado para drenar arcas logró vincular a proceso a los exalcaldes:

Felipe Juárez Ramírez, exalcalde de Huautla, procesado por un presunto desvío de 26 millones 615 mil 780 pesos destinados a insumos covid-19 y maquinaria para arreglar caminos.

Elías Sanjuán Sánchez, expresidente de Yahualica; le imputan desvío de 29 millones 225 mil pesos para la supuesta adquisición de artículos para fumigar y la instalación de una app.

Fidel Arce, quien era edil de Epazoyucan, por 14 millones 215 mil 780 pesos facturados como adquisición de maquinaria para mejora de caminos. 

Luis Francisco González Garay, munícipe de Pisaflores, por el desvío de 30 millones 960 mil 890 pesos por insumos Covid y maquinaria no identificados.

Manuel Hernández Badillo, exedil de Tula, quien enfrentó cargos por supuestas compras fraudulentas por 66 millones 700 mil pesos, de insumos por la contingencia sanitaria y para afrontar la inundación que sufrió el municipio.

Isaid Acosta Téllez, como alcalde de Calnali presuntamente hizo negociaciones indebidas por las que se le impuso una reparación de daños por 2 millones de pesos.    

José Alfredo Díaz Moreno, exalcalde de Tlahuelilpan acusado del desvío de 39 millones 380 mil 890 pesos mediante al simular un pedido de insumos para fumigación y el requerimiento de una app digital.

Lorenzo Agustín Hernández Olguín, exedil de Atitalaquia, a quien el gobierno atribuye un peculado de 28 millones tres mil 90 pesos en supuestos servicios inexistentes.

Gabriel García Rojas, exalcalde de Tizayuca: posible peculado de 25 millones 309 pesos por supuesta liberación ilegal de pagos y la firma indebida de un contrato mobiliario.

Luis Enrique Cadena García, de Nopala: posible peculado de 71 millones 960 mil 890 pesos por una compra simulada de insumos paga fumigar y de maquinaria para rehabilitar caminos.

Armando Mera Olguín, de Progreso de Obregón, procesado por presunto uso ilícito de atribuciones agravado por 5 millones de pesos.

Aunque inicialmente no estaban todos en el esquema, el gobierno sumó a la “estafa” a:

Leonardo Pérez Calva, exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), así como su subdirector Rogelio Plata Fernández, por 19 millones 937 mil 675.14 pesos facturados como adquisición de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, los cuales no fueron comprados ni se entregaron a los 84 municipios, según la investigación de PGJEH.

Salvador Torres Arqués, exdirector de administración y finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistema Intermunicipales (CAASIM), señalado de cargar al erario 44 millones 80 mil pesos por una consultoría supuestamente inexistente.

Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública, y Pablo Moreno Calva, exsubsecretario, acusados de adquirir un servicio de 143 millones 999 mil 857.73 pesos para combatir un supuesto hackeo informático que ponía en riesgo datos sensibles de alumnos de bachillerato, el cual, según la Agencia de Investigación Criminal, nunca existió.

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor, tiene tres causas penales por 42 millones.

Pablo Elio Blanco Cornejo, exdirector general del Sistema Integrado del Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), vinculado a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades agravado que asciende a 17 millones de pesos

Verónica Vizzuett Balderas, excoordinadora de Planeación Financiera de la ahora Secretaría de Hacienda (antes Secretaría de Finanzas), enfrenta un proceso por 11 millones 998 mil 560 pesos usados para un supuesto sistema informático que sería instalado en la Secretaría de Contraloría, el cual, a decir de la parte acusadora, ya existía.

Oscar Monzalvo Destunis, principal administrador del sistema de transporte Tuzobús, a quien, junto con el Pablo Elio Blanco del SITMAH, lo inculpan de un desvío de 17 millones –ambos enfrentan los cargos en libertad, con medida cautelar de firma periódica mensual, no salir del país ni acercarse a los testigos–.

Aldo Araujo Martínez, exdirector general de administración de la Secretaría de Gobierno, enfrenta cargos por posible tráfico de influencias para conseguir un crédito de 20 millones de pesos.

César Román Mora Velázquez, detenido el 29 de mayo, contra quien existen tres órdenes de aprehensión por delitos y montos no difundidos.