En Tijuana, funcionarios del Ayuntamiento, por cierto, el tercero administrado por Morena y en este caso bajo el esquema del hoy Alcalde con licencia (quiere ser candidato a Gobernador de Baja California) Ismael Burgueño Ruiz, lo mismo extorsionan a quienes en banquetas venden toda clase de productos, desde paletas de dulce hasta artículos para el hogar, que a aquellos que invierten millones de dólares en construcciones a lo largo y ancho de la ciudad. Dependiendo el negocio y el dinero invertido, es la cuota requerida.
Desafortunadamente esa situación de abuso de poder por parte de servidores públicos hacia los ciudadanos, hombres y mujeres que contribuyen a la economía local, no es privativa de Tijuana, se ha extendido a todo el estado de Baja California, y se tiene registro que sucede en otras entidades de la República Mexicana.
Pero lo que sucedió hace unas semanas, confirma que la extorsión desde el poder, es una conducta ya sistematizada en los gobiernos, y, además, ligada de forma directa y subalterna al narcotráfico, a los cárteles de las drogas.
Una unión de poderes, el del Estado y el del narcotráfico, para sofocar al ciudadano, para ahorcarlo, sangrarlo, quitarle el producto de su trabajo a “cambio de protección”.
Un hombre de bien, comerciante digamos, esforzado y comprometido con su labor para no sólo sacar adelante a su familia sino para contribuir a la economía regional y del país, fue detenido, sin haber cometido infracción alguna, de hecho no le marcó el alto la policía de tránsito, sino una unidad de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, los conocidos como FESC por sus siglas, y que integran la corporación policiaca en la facultad del Estado, al estar en el organigrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la misma que encabeza un general del Ejército Mexicano, Laureano Carrillo, enviado exprofeso desde la SEDENA al Estado para integrarse al gabinete de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Los FESC, intentaron presionar e intimidar al buen hombre, haciendo una serie de preguntas todas relacionadas con actividades de la criminalidad organizada, como que, si traía drogas, o armas, o dinero ilícito, o alucines; cuando el interrogado respondió con un no a todas las preguntas, los oficiales quisieron saber cómo le había hecho para comprar la unidad móvil que utilizaba, pues apreciaron que “vale un buen billete”. Y pues a la justificación de haberla adquirido con dinero ganado con trabajo y esfuerzo, continuó la andanada de abusos. Le quitaron el celular, lo obligaron a desbloquearlo, tomaron información, le tomaron unas fotos a él, a otros documentos, y le preguntaron si paga piso por desempeñar su labor, cuando su respuesta fue de igual manera que no, que no lo hacía, prosiguieron con la inspección.
A Juan, así le llamaremos, le salvó por ese momento que pasó por la ruta donde fue detenido por los FESC, una unidad más llamativa que la suya, por lo que lo dejaron finalmente en paz, para marcarle el alto a otro. Lamentablemente ahí no terminó el acoso. Ese mismo día, pero horas después, hasta el negocio del buen hombre, llegó una pick up RAM de donde descendieron sujetos y le buscaron para interrogarle. Lo primero que le inquirieron fue ¿por qué no estás pagando piso? Antes de cualquier respuesta, los criminales le mostraron imágenes, era él, eran las fotos que le habían tomado por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. Y le advirtieron que, a partir de ese día, pagaría 600 dólares al mes para que pudiese trabajar tranquilo, para que nadie, ninguna autoridad de cualquier orden de gobierno, y nadie, lo molestara.
El hombre, desesperado, empezó por denunciar los hechos, además de hacerlos del conocimiento de reporteros del semanario ZETA, donde se hizo una publicación al respecto, en la que se adicionaron otros testimonios de iguales situaciones.
Este buen hombre fue detenido por policías Estatales, tomada su identidad, y entregada a la criminalidad organizada para que entre a las víctimas de cobro de piso, es decir policías estatales trabajando para criminales, entregando a ciudadanos de bien a las fauces del narcotráfico. Vulnerándolos en lugar de protegerlos. Abusando de su poder en lugar de servir a la sociedad.
Esta tampoco es una práctica aislada, la unión de narco y Gobierno en Baja California también la ha documentado el semanario ZETA, a partir de las denuncias, en dos momentos, de propietarios de venta de autopartes usadas.
Hace poco más de un año, uno de ellos acudió con un reportero para exponerle la situación. Eran más de 300 establecimientos que estaban siendo víctimas de cobro de piso por parte de quienes se identificaban como miembros del Cártel Arellano Félix. Les pedían 600 dólares al mes por “dejarlos trabajar en paz”, y que “nadie se metiera con ellos”. Cada mes acudía una persona, o dos, a cobrar el dinero a los establecimientos y cuando hubo casos de aquellos que se negaron a entregar su dinero a los narcotraficantes, la respuesta fue el incendio de los negocios e incluso un asesinato, hechos que sirvieron para amedrentar al resto y que continuarán entregando los 600 dólares cada mes. De aquel caso la autoridad estatal, la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hicieron caso omiso y permitieron que continuara el cobro de piso.
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