Ciudad de México, 11/11/26 (Más).- La organización no gubernamental Safeguard Defenders identificó la presencia de al menos una estación policial clandestina vinculada con el gobierno de China en territorio mexicano, presuntamente ubicada en la Ciudad de México, desde donde se realizarían actividades de vigilancia, control y seguimiento de ciudadanos chinos residentes en el extranjero.
De acuerdo con información publicada por el portal 24 HORAS, basada en un nuevo reporte de Safeguard Defenders publicado el 6 de noviembre, México figura por primera vez en el mapa de instalaciones policiales chinas en el extranjero, luego de que investigaciones anteriores de la organización no hubieran identificado oficialmente comisarías de este tipo en el país.
El documento también señala otro punto de enlace en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, aunque no precisa su ubicación exacta. La referencia geográfica abre la posibilidad de que se encuentre en Tijuana, Baja California, o en San Diego, California, donde existe una importante presencia de comunidades de origen chino.
La investigación advierte que estas instalaciones forman parte de una estrategia del gobierno chino para mantener vigilancia sobre su diáspora, identificar a personas consideradas opositoras al régimen y, presuntamente, facilitar su retorno forzado a China mediante mecanismos de presión y amenazas.
Safeguard Defenders recordó que en 2022 publicó los informes denominados 110 Ultramar y Patrullar y Persuadir, en los que documentó la existencia de más de 100 comisarías policiales chinas en el extranjero, distribuidas en más de 50 países.
Sin embargo, el nuevo reporte registra un crecimiento considerable de estas estructuras. De acuerdo con la organización, actualmente se han identificado mil 247 puntos de enlace designados, distribuidos en al menos 91 países, aunque no todos cuentan con una ubicación geográfica precisa.
Del total registrado, 724 puntos tienen una referencia en el extranjero, ya sea una ciudad o un país, mientras que los otros 523 únicamente aparecen en cifras difundidas por las propias autoridades chinas, sin que exista información suficiente para ubicarlos en un mapa.
La organización sostiene que estas estructuras operan mediante mecanismos que involucran a ciudadanos chinos residentes en otros países, quienes pueden participar en actividades de recopilación de información sin mantener necesariamente una relación directa o formal con las instituciones gubernamentales de Pekín.
Uno de los antecedentes señalados es la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China, promulgada en junio de 2017, que establece obligaciones de colaboración para ciudadanos y empresas chinas en actividades relacionadas con la inteligencia nacional.
El reporte relaciona estas disposiciones con el denominado Frente Unido, una estrategia política mediante la cual el Partido Comunista de China busca mantener vínculos e influencia sobre comunidades chinas en el extranjero, así como identificar posibles amenazas a sus intereses políticos.
En el documento, Safeguard Defenders señala que el gobierno chino considera a más de 60 millones de personas como parte de la población china en el extranjero, independientemente de la nacionalidad o el pasaporte que posean, por lo que mantener mecanismos de vigilancia sobre estas comunidades representa un objetivo estratégico para el partido gobernante.
La organización también advierte que, desde finales de 2024, cinco nuevas políticas nacionales instruyeron a las autoridades chinas a ampliar sus actividades de enlace en el extranjero, con el propósito de extender el modelo interno de gestión por cuadrículas hacia las comunidades de la diáspora.
Este sistema consiste en dividir territorios y poblaciones en unidades de supervisión para facilitar el seguimiento de sus habitantes y la identificación de posibles situaciones consideradas de riesgo por las autoridades.
Tras la difusión de las primeras investigaciones en 2022, diversos gobiernos denunciaron la operación de estas instalaciones en sus territorios y algunos iniciaron investigaciones penales para determinar posibles actividades ilegales, particularmente relacionadas con vigilancia, intimidación y persecución de ciudadanos extranjeros.
Estados Unidos, Francia, Canadá y Australia figuran entre los países que han emprendido acciones para investigar o desmantelar instalaciones de este tipo, luego de recibir denuncias de integrantes de la comunidad china que señalaron haber sido objeto de amenazas, presiones o seguimiento.
Aunque Pekín aseguró inicialmente que las estaciones identificadas habían sido cerradas, Safeguard Defenders sostiene que sus investigaciones posteriores permitieron detectar la continuidad de las actividades y una expansión de los puntos de enlace hacia nuevos territorios.
En el caso mexicano, no se han dado a conocer investigaciones oficiales ni pronunciamientos de autoridades nacionales que confirmen operaciones de vigilancia o persecución relacionadas con estas instalaciones. Sin embargo, la identificación de puntos de enlace en el país incorpora a México en el registro internacional de la organización.
Al cierre de la información publicada por 24 HORAS, no se había recibido respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Embajada de China en México a las solicitudes de información sobre los señalamientos contenidos en el reporte.
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