Ciudad de México, 01/05/25 (Más).- En medio del dolor e indignación por la muerte del adolescente Erick Leonardo Torbellín, de 13 años, durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, diversas organizaciones de defensa de los derechos de la infancia cuestionaron la existencia de escuelas de corte castrense operadas por civiles en México, las cuales, advierten, funcionan en un vacío legal y sin una regulación clara.
De acuerdo con la red Tejiendo Redes por la Infancia, estas instituciones privadas, que adoptan estructuras y discursos militarizados, no están sujetas a la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dependen únicamente de autorizaciones educativas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para Juan Martín Pérez, coordinador de la red, esto representa un limbo legal que permite a estas escuelas operar sin controles adecuados. “La SEP está siendo omisa al permitir registros de escuelas que promueven una formación militarizada sin coordinación con las autoridades competentes”, afirmó.
La educación militar está regulada en México por la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sin embargo, sus disposiciones aplican exclusivamente a instituciones bajo el control directo de la Sedena. En contraste, las escuelas militarizadas privadas quedan fuera de este marco jurídico y funcionan bajo la lógica de instituciones civiles, pero con contenidos y prácticas inspiradas en la vida castrense.
El plan de estudios de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, al que tuvo acceso Animal Político, establece como eje formativo la “disciplina militarizada”, con objetivos como el acondicionamiento físico de alto rendimiento y la preparación de los estudiantes para situaciones de riesgo. Su perfil de egreso enfatiza la obediencia, el control físico y el entrenamiento bajo presión.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertan que este tipo de enfoque puede ser contrario al desarrollo integral de niños y adolescentes. Su directora ejecutiva, Tania Ramírez, expresó que “inyectar una lógica castrense en las primeras etapas de vida va en contrasentido de los principios educativos centrados en el diálogo, la crítica y el respeto a los derechos humanos”.
El caso de Erick Torbellín puso en evidencia la ausencia de supervisión estatal. La SEP reconoció que la Academia Ollin Cuauhtémoc no solicitó autorización para realizar el campamento en el que falleció el menor. Padres de familia y exalumnos han denunciado que el maltrato físico y verbal era una práctica recurrente en estas actividades. Testimonios recabados por medios locales relatan golpes, castigos excesivos y negligencia ante señales de agotamiento físico.
A pesar del carácter militarizado que promueve la academia, ninguno de sus principales directivos tiene formación en instituciones castrenses. Sergio Armando Saavedra Carrera, director general, es licenciado en Derecho por la UNAM; su hermano, Juan Carlos Carrera, director de operaciones, es comunicólogo. Ambos se han presentado en actos públicos portando uniformes de tipo militar. Por su parte, Angélica Echeveste, otra integrante de la directiva, es pedagoga sin formación militar registrada.
Según Ramírez, la presencia de estos perfiles sin experiencia castrense evidencia una contradicción: “Tener en las manos la vida de chicas y chicos es una responsabilidad enorme. Aquí hay una falla estructural en el control y vigilancia de estas instituciones”.
El caso también expone lo que especialistas denominan una “falsa promesa” de orden y disciplina. Las escuelas ofrecen a las familias la idea de que, mediante la formación rígida, se garantizará el éxito académico y la conducta ejemplar. Sin embargo, para Redim y otras voces del sector educativo, estas estrategias tienden a priorizar la obediencia sobre la formación del pensamiento crítico, y pueden promover entornos donde el abuso es normalizado.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades educativas y de derechos humanos para revisar el marco normativo aplicable a las escuelas militarizadas privadas. “No puede permitirse que un modelo disciplinario basado en castigos y control físico sustituya una educación con enfoque de derechos”, concluyó Juan Martín Pérez.
La Fiscalía de Morelos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantienen abiertas las investigaciones por la muerte de Erick Torbellín. Mientras tanto, la SEP suspendió las actividades de la academia, que operaba sin protocolo vigente de protección civil.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
CLARO QUE NO SE METEN , PUES SON FUENTES DE INGRESOS PARA SUS ARCAS; HAY «»ESCUELAS»» PARTICULATES EN CIUDADES DE VERACRUZ, EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, EN MERIDA Y QUINTANA ROO QUE PERTENECEN A EX MIEMBROS DE FUERZAS ARMADAS DADOS DE BAJA POR ADICTOS O CON RELACION A NARCOS.
Actualmente tengo 70 años de edad, primaria, secundaria y preparatoria las curse en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza de 1960 a 1970 en la ciudad de Puebla. Los ExCadetes nos reunimos cada año para recordar las vivencias, anécdotas y desfiles en que participamos. Y estamos totalmente agradecidos de la formación que con rigidez y disciplina nos formaron.
Y coincidimos en agradecer a nuestros padres el habernos ingresado a la A. M. I. Z., para, en muchos casos (los internos), corregir la conducta errónea que en aquellos años teníamos. A estas reuniones asisten ExCadetes que vienen de diversas partes del País, Chiapas, CDMX, Sonora, Jalisco, Veracruz, por mencionar algunas. Incluso han venido ya dos ExCadetes de Panamá.
Por lo anterior quiero decir que hoy está muy relajada la educación de los niñez y juventud y que es actualmente muy necesaria la existencia de estos planteles educativos con ese sistema disciplinario pero con vigilancia y las normas correspondientes.
Quedo a sus órdenes para una entrevista cuando lo crean conveniente.