La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, destapó una investigación federal que describe un gobierno municipal utilizado para secuestrar adversarios políticos, extorsionar empresarios y operar bajo presunta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura, la comunidad salió a celebrar y Morena se deslindó del edil
Redacción Más
Había una vez un alcalde que llegó al poder prometiendo orden y terminó, según la Fiscalía General de la República (FGR), convertido en engrane de un gobierno municipal usado para secuestrar, extorsionar y disciplinar a un pueblo entero.
La caída de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, abrió el expediente de una historia que mezcla terror político, cobros ilegales y presunta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un final inmediato: prisión preventiva en el Altiplano y una comunidad que salió a celebrar en las calles.
De acuerdo con El País, la FGR acusó ante un juez a Rivera –detenido el jueves– por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, al señalarlo por la privación ilegal de la libertad y tortura de Guillermo Cordero y Alejandro García, con el objetivo de obligarlos a renunciar a la precandidatura de Morena al Ayuntamiento en 2021.
En la misma audiencia también fueron imputados su director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez, y el director de Catastro, Juan Gabriel Toribio, capturados junto con el edil y enviados a prisión preventiva.
La acusación federal describe un método: citar, levantar, encapuchar, golpear y forzar renuncias.
Según la imputación, el 24 de marzo de 2021 Cordero fue citado a un restaurante al norte de Tequila, subido a una camioneta, cubierto del rostro y llevado a un baldío para ser torturado, antes de ser trasladado a una casa de seguridad donde lo obligaron a llamar a su suplente. Alejandro García fue citado cerca de oficinas del INE y terminó retenido y agredido en el mismo sitio.
Ambos firmaron su desistimiento y fueron liberados ese mismo día. Para la FGR, ese episodio no fue una anécdota: fue el filtro con el que se definía quién podía competir.
El ayuntamiento como caja de cobro
Con el paso del tiempo, el relato penal se convirtió en una radiografía de gobierno.
Infobae reportó que, desde la llegada de Rivera al cargo en octubre de 2024, empresarios y comerciantes denunciaron un esquema de extorsión sostenido con estructuras del ayuntamiento: cobros, multas, clausuras y “arreglos” fuera de la ley.
El caso más visible fue el de la tequilera José Cuervo, que denunció un cobro de predial de 60 millones de pesos; tras la negativa, agentes municipales colocaron sellos de clausura y, después de la presión, la empresa terminó pagando 17 millones, tras lo cual se retiraron los sellos.
El mismo patrón, según testimonios citados por ese medio, se extendió a otras compañías.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció hacia finales de 2025 que al menos 10 empresas tequileras y hoteles denunciaron cobros irregulares y extorsiones. También se describió una exigencia de 50 pesos por turista para poder operar, atribuida a la administración municipal como un cobro de facto a transportistas y prestadores de servicios.
Para pequeños negocios, el costo –según relatos integrados a las investigaciones– podía ser más brutal: multas pagadas sin que levantaran clausuras, cierres que se prolongaban por meses y cuotas para reabrir. En declaraciones incorporadas a la carpeta federal, se mencionan casos donde se exigían 50 mil pesos como pago inicial para retirar sellos, además de cuotas mensuales de 20 mil pesos, y montos únicos que podían escalar hasta 150 mil, bajo amenazas.
Gobernar con miedo: policías, cuotas y castigos
En el expediente descrito por Infobae, y retomado en reportes basados en documentos judiciales consultados por otros medios, la FGR sostiene que Rivera utilizó la fuerza del gobierno para fines delictivos, al grado de plantear una fusión de la criminalidad con el poder político.
La investigación ubica una red con participación de funcionarios municipales, escoltas y policías, incluidos perfiles señalados por presuntos nexos con el CJNG, entre ellos Severo Flores Mendoza, ‘El Rey Mago’, un policía originario de Tequila que fue señalado en 2022 por autoridades de Estados Unidos como colaborador del cártel, según esos reportes.
Emeequis describió el caso como una operación de control territorial donde el secuestro funcionó como herramienta de depuración política y la extorsión como administración cotidiana.
En esa narrativa, la alcaldía operaba como brazo ejecutor: visitas de intimidación con policías armados, cuotas semanales bajo amenaza de secuestro, y castigos para quien no pagaba. El expediente, según esa versión, documenta agresiones físicas, daños a negocios y la normalización del miedo como forma de gobierno.
El último tramo de la historia, sin embargo, se escribió en la plaza pública. Emeequis reportó que, tras la detención, la comunidad convirtió el momento en celebración: música, tambora, baile y pancartas en la Glorieta y la Unidad Deportiva, en un ambiente que los asistentes llamaron justicia divina.
En paralelo, trabajadores municipales quemaron chalecos guinda que aseguraron estaban obligados a portar, incluso en actividades turísticas donde la ley prohíbe indumentaria partidista, como un gesto de ruptura con las imposiciones y las cuotas asociadas a esa simbología.
El deslinde político y la advertencia nacional
En el terreno político, Morena se deslindó del alcalde tras el arresto, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la detención y lanzó una advertencia que buscó cerrar filas frente al daño: “Este alcalde es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir”.
El País también consignó que en el entorno morenista se atribuían señalamientos previos a una campaña del gobierno estatal, en un contexto donde Rivera acumulaba controversias y carpetas de investigación locales antes de su captura.
Así, el cuento del “alcalde del narco” deja de ser metáfora cuando el Ministerio Público coloca fechas, lugares, nombres y modus operandi sobre la mesa judicial. La pregunta que queda abierta no es solo cómo se infiltró el poder criminal en un municipio turístico emblemático, sino cuánto de ese control se sostuvo con silencio, miedo y complicidades que apenas empiezan a asomarse en un expediente federal. Y mientras avanzan las audiencias, Tequila sigue contando, entre fiesta y cenizas, la historia de un gobierno que –según la acusación– no administró un pueblo: lo sometió.
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