Washington, 11/08/25 (Más).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la repatriación de 14 ciudadanos mexicanos que cumplían sentencia en prisiones federales por delitos relacionados con la distribución de drogas.
La transferencia, realizada el pasado viernes, se llevó a cabo bajo el marco del tratado bilateral de 1977 y representa un ahorro estimado de cuatro millones de dólares para el gobierno estadounidense, según informó Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal de la dependencia.
De acuerdo con el comunicado difundido este lunes, el cálculo del ahorro corresponde a los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas. La autoridad estadounidense precisó que todos los reos habían solicitado su traslado a México, cumpliendo con el procedimiento establecido en el tratado vigente.
El fiscal general adjunto señaló que el país mantendrá este tipo de transferencias con el objetivo de reducir costos y aliviar la sobrepoblación de las prisiones federales.
Aunque la base del acuerdo bilateral no está relacionada con cuestiones presupuestales, el Departamento de Justicia recordó que su propósito original es facilitar la rehabilitación de los delincuentes transferidos y resolver problemas administrativos y diplomáticos derivados del encarcelamiento de extranjeros.
El último envío de presos bajo este mecanismo se había efectuado en abril de este año, cuando 13 mexicanos sentenciados por delitos de distribución de drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina y fentanilo, fueron devueltos a su país. En esa ocasión, el ahorro calculado para Estados Unidos fue de tres millones de dólares y, al igual que ahora, se cumplió el requisito de solicitud voluntaria por parte de los reclusos.
Con la repatriación efectuada el viernes, suman 185 traslados desde la entrada en vigor del tratado en noviembre de 1977. El procedimiento requiere que el Estado trasladante inicie el trámite, que el reo otorgue su consentimiento expreso y que el Estado receptor autorice la recepción.
El envío de estos presos por delitos menores contrasta con el traslado, en febrero de este año, de 29 figuras relevantes del narcotráfico mexicano hacia Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, reclamado por el asesinato de un agente de la DEA, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, exdirigentes del cártel de Los Zetas.
Aquella entrega se realizó fuera del esquema de extradiciones ordinarias y formó parte de las negociaciones del gobierno mexicano con la administración del presidente Donald Trump para evitar la imposición de aranceles a México. El intercambio comercial entre ambos países supera los 800.000 millones de dólares anuales, y la frontera común es de aproximadamente 3,000 kilómetros.
El acuerdo político que permitió el envío de los grandes capos respondió a un interés estadounidense de que cumplieran sus condenas en territorio norteamericano, mientras que los casos de distribuidores menores, como los repatriados esta semana, son considerados por Washington un gasto que se busca reducir.
En el contexto actual, las iniciativas en materia de seguridad han sido utilizadas como un elemento de negociación por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar o posponer medidas económicas más estrictas provenientes de Estados Unidos.
Las acciones de este tipo evidencian que, aunque existe interés en mantener bajo custodia federal a líderes de alto perfil involucrados en el narcotráfico, las autoridades estadounidenses priorizan reducir el costo de mantener a pequeños distribuidores extranjeros en sus prisiones.
El Departamento de Justicia señaló que continuará aplicando el tratado de 1977 para futuros traslados, con el doble objetivo de facilitar la reinserción social de los reos en sus países de origen y aliviar la carga administrativa y financiera del sistema penitenciario federal.
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