Monterrey, 17/06/2024 (Más / IA).- Una nueva crisis política sacude a Nuevo León debido a las tensiones entre el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), y los diputados del PRI y PAN, quienes tienen mayoría en el Congreso estatal. La disputa, centrada en la aprobación del presupuesto estatal para 2025, amenaza con paralizar proyectos de infraestructura clave y afecta directamente a la ciudadanía, en un escenario que ya ha ameritado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su visita al estado a finales de noviembre, Sheinbaum criticó la situación y llamó a resolver las diferencias. “No comparto el que se castigue al Gobierno de Nuevo León al no aprobar su presupuesto, pues eso afecta directamente al pueblo. Esas diferencias no pueden afectar la vida y el desarrollo de un Estado”, declaró la mandataria federal, enviando un mensaje a los legisladores locales.
La falta de acuerdos entre el Ejecutivo estatal y el Congreso no es nueva. Desde 2022, el Gobierno de Samuel García ha operado sin un presupuesto aprobado, debido al bloqueo de la oposición en el Legislativo. Esta situación ha sido posible gracias a la figura de la “reconducción presupuestal”, contemplada en la Constitución de Nuevo León, que permite ejercer el gasto público conforme al último presupuesto aprobado (2021, aplicable para 2022).
Este mecanismo ha evitado el colapso de los servicios públicos, pero también ha dejado al estado con un presupuesto obsoleto que no refleja las necesidades actuales. En palabras del diputado Miguel Flores, coordinador de MC en el Congreso estatal: “Es muy frustrante que por culpa de un Congreso que está viendo por sus intereses partidistas tengamos que adaptarnos a un presupuesto viejo”.
El gobernador Samuel García ha hecho públicos los proyectos que están en vilo debido a la falta de acuerdo presupuestal. Entre ellos destacan: nuevas líneas del Metro, carreteras y obras de infraestructura, hospital infantil, cuartel general de la Fuerza Civil y 40 escuelas públicas.
García ha mostrado disposición para negociar, recalcando que el estado tiene “irreductibles” que deben concretarse para garantizar el desarrollo de Nuevo León, un estado clave en el panorama económico nacional, especialmente por su papel como destino de inversiones extranjeras vinculadas al fenómeno de la relocalización de cadenas de suministro o ‘nearshoring’.
Inicialmente, el Ejecutivo estatal solicitó un financiamiento de 17,000 millones de pesos para obras de infraestructura, cifra que fue reducida a 5,000 millones tras los reclamos del PRI y el PAN. Además, se retiraron leyes recaudatorias criticadas como “terrorismo fiscal”. “Todo lo que nos han pedido, que no le afecte a la ciudadanía y no tenga tintes políticos, lo hemos concedido”, afirmó Flores.
La relación entre el gobernador y las bancadas del PRI y PAN ha sido tensa desde el inicio de la administración de Samuel García. Las fricciones se intensificaron tras intentos legislativos que buscaban limitar sus facultades, como la propuesta de prohibirle salir del país sin autorización del Congreso o la creación de una “gaceta legislativa” que pretendía anular el Periódico Oficial del Estado.
El conflicto alcanzó su punto crítico en 2023, cuando el Congreso frustró las aspiraciones presidenciales de García al negarle una licencia para separarse temporalmente del cargo. Este antecedente ha sido mencionado por actores políticos como un factor que influye en las negociaciones actuales.
“Ellos lo hacen para que le vaya mal al gobernador, y no están viendo que a quien realmente le están haciendo daño es al Estado y a la gente que vive aquí”, acusó el diputado Flores, quien lidera las negociaciones con la oposición, respaldado por el tesorero estatal y el secretario de Gobierno.
En un intento por calmar las tensiones y destrabar el presupuesto, la administración estatal ha insistido en su voluntad de diálogo. “Podemos reunirnos cuantas veces sea necesario”, ofreció Samuel García, mientras desde MC han solicitado a los diputados del PRI y PAN “hacer conciencia” y priorizar las necesidades del estado sobre los intereses partidistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum y líderes políticos nacionales han advertido que llevar el conflicto al límite perjudica directamente a la población. Sin embargo, a medida que se aproxima el plazo límite para la aprobación del presupuesto, persiste la incertidumbre sobre si el Congreso estatal aceptará la propuesta del Ejecutivo o si Nuevo León enfrentará por tercer año consecutivo la reconducción presupuestal.
Mientras tanto, los proyectos de infraestructura y servicios esenciales siguen en riesgo, en un estado que representa una de las economías más dinámicas del país y que necesita recursos actualizados para atender su crecimiento y competitividad.
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