En riesgo justicia de calidad por recortes de la 4T

Por Miguel Villarello

Miguel Mery Ayup, titular del Poder Judicial en Coahuila, enviará un oficio a la Cámara de Diputados para la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a la Administración de Justicia Local con el fin de mejorar la calidad, eficiencia y rapidez de la impartición de la justicia.

El proyecto, del cual reconoció que lo presentaría a los diputados federales por Coahuila para que emprendan las gestiones correspondientes, constituiría una fuente de financiamiento distinta a los recursos que el Tribunal Superior de Justicia obtiene anualmente a través de la asignación presupuestal.

Y explicó que derivado de que no existe a nivel federal un fondo que ayude a fortalecer funciones de atención a asuntos familiares, mercantiles, civiles y penales del fuero común es que se afecta el buen desempeño de las políticas tendientes a mantener la gobernabilidad y paz en las entidades federativas.

Además de que los poderes judiciales locales atienden tres veces más asuntos que el Poder Judicial Federal pero ejercen sólo la mitad de los recursos, el Magistrado Presidente del TSJ expresó que los presupuestos de los poderes judiciales de los estados salen de un presupuesto estatal y en promedio significan el 1.7 por ciento de los mismos.

No obstante, señaló, la reducción en las participaciones federales que llegan a los estados ha impactado su capacidad para dotar de los mínimos indispensables a sus sistemas de justicia en cuanto a equipamiento, recursos humanos que acarrea como consecuencia la puesta en riesgo de la mejora continua y la calidad de la impartición de justicia entre la sociedad.

Adicionalmente los poderes judiciales locales han asumido últimamente más responsabilidades que antes correspondían a la federación, pero sin recibir recursos para ello.

Entre ellas Mery Ayup citó la competencia concurrente en materia mercantil, la reforma en justicia laboral, el narcomenudeo, las medidas de protección a mujeres y las obligaciones de la Ley General de Archivos.

Ante esta panorámica, mencionó en rueda de prensa en el Centro de Justicia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, se propone a los legisladores federales la creación del Fondo Nacional de Apoyo a la Administración de Justicia Local.

“Específicamente la propuesta es que se puedan canalizar recursos a la adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a órganos jurisdiccionales, comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para impartir una justicia eficiente y acorde a las necesidades sociales actuales.

Asimismo enviar recursos a capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal y al fortalecimiento de las defensorías públicas”, expuso.

Para acceder a este fondo, indicó el Magistrado, los poderes judiciales de los estados aplicarán la fórmula que considerará el número de casos judicializados y asuntos atendidos en todas las materias, la proporción de jueces respecto de la población, el número de órganos jurisdiccionales y órganos administrativos o los asuntos recibidos en defensorías de oficio.

Luego de destacar que dicha propuesta convocará a presidentes de tribunales superiores de justicia del país a que se sumen en una alianza por la mejora de la justicia en los estados, Miguel Mery Ayup presentó resultados de la mejora continua en cuanto a la impartición de justicia en Coahuila.

Se trata de los resultados del estudio anual conocido como Hallazgos del Centro de Investigación Nacional México Evalúa y dijo que: “nuestra entidad se coloca en el tercer lugar del ranking Consolidación del Sistema de Justicia Penal, subió tres lugares con respecto de 2019; en lo que se refiere a la implementación del servicio profesional de carrera quedó en segunda posición mostrando el mayor grado de avance en cuanto al desarrollo y consolidación de sus servicios profesional de carrera para las instituciones del Sistema de Justicia Penal”.

Además, señaló que se logró el avance en reducción de la impunidad ya que durante 2020 Coahuila pasó a ocupar el lugar ocho en menor índice de impunidad cuando en 2019 se ocupaba el lugar 21, índice que contrasta la terminación de procesos penales por mediación, salidas alternas y sentencias con el número de causas atendidas respecto a la cifra negra o casos no denunciados.

Dichos avances en materia penal y la eficiencia del sistema de justicia son la justificación, estableció finalmente el presidente del TSJ, para fomentar la creación del Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Justicia Local.