EN RIESGO EL SISTEMA JUDICIAL POR BAJA A LOS RECURSOS FEDERALES

Por Miguel Villarello

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En Coahuila las defensorías públicas, por ejemplo, prácticamente ven el 80 por ciento de los asuntos de carácter penal, es una carga de trabajo que ha incrementado además del aumento de las personas que acuden al sistema judicial a recibir justicia, por el contrario, los recursos financieros no suben, disminuyen.

Por ello la preocupación para el Poder Judicial de la entidad es que, debido principalmente a esos pocos recursos, se impacte la calidad de justicia e incida en retroceso lo que se ha logrado el estado en los últimos años.

Dicho de otra manera, en palabras del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup: “ante los bajos recursos preocupa la calidad de impartición de justicia que vamos a prestar si no tengo, ni tampoco todos los sistemas judiciales locales del país, el personal necesario en áreas como defensorías públicas, el centro de evaluación psicosocial, en los propios jueces en todas las materias para poder prestar un servicio adecuado y expedito”.

Ante ese riesgo que podría hacerse patente en 2022, el Poder Judicial de Coahuila hace el llamado a los legisladores federales a través de un documento y que en el seno de la Cámara de Diputados y, específicamente, en la Comisión de Presupuesto que es la que analizará antes del 15 de octubre la asignación presupuestal a los estados y municipios, para la creación de un fondo nacional para fortalecer y mantener la justicia más cercana a la gente además de un incremento a los recursos provenientes de la Federación.

Ello tiene el fin de continuar la mejora, modernización y capacitación de su personal y sistema de justicia en general.

Pues, de no concretarse el incremento del presupuesto o la creación de este fondo nacional, especifica el funcionario que existe el riesgo de que lo ganado hasta hoy en cuanto al avance en la calidad y mejora del sistema de impartición de justicia caiga en un retroceso en detrimento de la tranquilidad y paz social que viven los estados en México.

En lo local, de acuerdo con una investigación de datos, entre los riesgos para Coahuila están el posponer la erección de la Ciudad Judicial para Saltillo, la imposibilidad e incrementar el número de jueces para impartir justicia pronta y, en general, la imposibilidad de ampliar la infraestructura, equipamiento y recurso humano que le dé agilidad al sistema de impartición de justicia.

PRIMEROS LUGARES

Miguel Mery Ayup, presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura en Coahuila, platica respecto de, ¿en qué lugar se encuentra a nivel nacional Coahuila en materia de ejecución de la justicia?

Y responde que nuestra entidad: “es el segundo lugar nacional en cuanto a la consolidación del sistema de justicia por parte de México Evalúa”.

“Coahuila con la cantidad de jueces que tiene, con la cantidad de población que tiene la cantidad de asuntos que recibe el Poder Judicial es altamente efectivo, es el lugar número uno porque su presupuesto no ha crecido más que el 1 por ciento.

Con todo eso y la cantidad de jueces y asuntos que tiene y como solución a los asuntos en materia de justicia penal es altamente efectivo, es el más efectivo a nivel nacional”, explicó.

Y detalla que con la suma de todos los indicadores por parte de México Evalúa, publicada recientemente: “dice que somos el tercer lugar nacional en la consolidación del sistema”.

Y va a los datos duros: “En los principales aspectos la evaluadora destaca que Coahuila se coloca en tercer lugar en este ranking, la medición abarca aspectos como la coordinación interinstitucional, tiene además el segundo lugar en planeación, en sistemas de información y eficiencia de recursos y transparencia”.

En el análisis se destaca también el importante avance en la reducción de la impunidad ya que durante el 2020 Coahuila pasó del lugar 8 en menor índice de impunidad, cuando en el 2019 estaba en el lugar 21.

“Este índice contrasta la terminación de los procesos, es decir, cómo terminan los procesos, pues por mediación, por salidas alternas y sentencias; además, ratifica lo anteriormente mostrado por el INEGI en el sentido de que Coahuila ocupa el primer lugar en cuanto a la confianza de los jueces, mientras que en materia de transparencia nuestro estado obtuvo el 91% de la tasa de respuesta a las solicitudes de acceso a la información”, agrega el magistrado.

Otro aspecto es que a nivel nacional en un año mejoramos siete lugares, insiste el Magistrado, y del lugar 10 nos fuimos en la consolidación del sistema de justicia penal entre los 32 estados al lugar 3 en la medición de México Evalúa.

“Esto habla de las posibilidades que hemos tenido para el acceso a la información que nos han solicitado”, explicó.

Otro ejemplo, sostiene, es el índice de capacidad de coordinación y articulación, planeación y presupuesto y son facilitadores en el tema de normatividad, todo ello suma un índice y estamos en el segundo lugar, es decir, que solamente estamos por debajo de Querétaro en el sistema de justicia.

“Aparte, somos el primer lugar en confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal, ranking en el que se evalúa a la Fiscalía General de la República, los jueces, policías estales, federal, policía ministerial, todo este índice se mide y somos los que salimos más altos en confianza hacia sus autoridades, a propósito, Saltillo es la ciudad que más confianza le tiene a sus jueces en todo el país”, afirmó.

En ello ha influido la modernización la infraestructura tecnológica, asegura Mery Ayup, los programas en línea que ha implementado el sistema judicial en la entidad y el avance va hacia el expediente virtual.

“Que sea un expediente a través del cual podamos litigar y notificarnos con emplazamientos actor-demandado para correr los plazos a través del sistema de juicios en línea”.

En términos generales México Evalúa afirma que Coahuila es el estado con el segundo lugar de todos los tribunales del país en el sistema de justicia el cual se ha consolidado, que la ciudadanía los califica como el más confiables del país, entre otras cosas.

PROPUESTA

Ante ese panorama, Mery Ayup vuelve al principio, a su propuesta y declara que apenas el 7 de octubre remitió un documento a la Cámara de Diputados en el que propuso a los legisladores federales generar un fondo nacional para la fortalecer y mantener la justicia más cercana a la gente.

En la historia del presupuesto federal ha existido un fondo, reveló, que pueda atender las necesidades de la justicia federal, tal y como existen fondos para infraestructura carretera, educación, salud y desarrollo social, pero los poderes judiciales locales han sido excluidos de ese presupuesto federal por años.

Es por eso por lo que el Poder Judicial de Coahuila solicitó a los legisladores federales contemplar en el presupuesto un fondo nacional para fortalecer la justica de los poderes judiciales.

El presidente del Consejo de la Judicatura coahuilense reconoce que se atraviesa por momentos complicados que se les deja la carga a los estados de lo que tiene que ver con los presupuestos del poder judicial.

“En lo que tiene que ver con Coahuila estamos cercanos al 2 por ciento del presupuesto estatal y a nosotros en esta consideración la han tenido los legisladores, pero sobre todo por la propuesta del Gobernador del Estado que ha enviado al Poder Legislativo y eso nos permite tener un presupuesto más o menos adecuado para las necesidades.

Pero hay muchos retos en la impartición de justicia como la creación de nuevos jueces en materia laboral que nos imponen los legisladores a través de una reforma de justicia laboral, pero no señalan en el Presupuesto de Egresos un recurso que vaya a la capacitación, por ejemplo, de personal para poder contratar más juezas y jueces, secretarios o actuarios.

Mucho menos para infraestructura o para poder tener equipamiento; entonces me parece que la relevancia de uno de los tres poderes que señala la Constitución como es el Poder Judicial es importantísima para el desarrollo y estabilidad, social y política, pero sobre todo los poderes judiciales somos una instancia de paz para todos los estados”, explicó.

“Aquí se dirimen los conflictos familiares, civiles, mercantiles, penales, pero además de ello ahora tenemos una responsabilidad de carácter laboral.

Por eso hago un llamado a los legisladores federales para que analicen en la Comisión de Presupuesto esta propuesta que va enmarcada en una reforma que se tiene que hacer al Artículo 116 de la Constitución en donde, por lo menos, se fije como una condición a todos los estados que al menos los poderes judiciales podamos tener el 2 por ciento de un presupuesto estatal”, sentenció.

E independientemente de ese porcentaje presupuestal, afirma, se pueda generar un fondo a partir del 2022 y por primera vez de parte de los legisladores.

Luego de establecer que pareciera que la justicia no forma parte de la vida ni del desarrollo del México de hoy, el magistrado presidente del CJ sentenció: “lo que necesitamos es que efectivamente fueran considerados”.

“Por eso enviaré el oficio a los legisladores esperando que otros presidentes de poderes judiciales puedan sumarse a esta petición”, declaró.

Emite un dato que fortalece lo que ha señalado y que no va en contra del Poder Judicial Federal, simplemente, advierte, se trata de los datos duros: “El Poder Judicial Federal tiene un presupuesto autorizado nacional por parte de la Cámara de Diputados de 64 mil millones de pesos y solamente ven el 20 por ciento de los asuntos a nivel nacional que se litigan o dirimen en los tribunales”.

“Si sumamos los presupuestos de los poderes judiciales de los 32 estados de México, obtenemos la cantidad de 37 mil millones de pesos, es decir, estamos prácticamente a la mitad del presupuesto del PJF y los estados vemos el 80 por ciento de los asuntos”, ¿justo o no?

Otro dato que menciona Mery Ayup es que, en lo local, Coahuila tiene 86 juezas y jueces, lo cual equivale a tener 2.7 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional señala que debe de ser 4 jueces por cada 100 mil habitantes.

E insiste: “Si nosotros logramos tener un presupuesto para el 2022 de alrededor de mil 200 millones de pesos, entonces podríamos tener más cantidad de jueces en las materias familiar, mercantil, penal y eso haría que nos acercáramos a 116 juezas y jueces, lo que equivaldría a llegar a 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, muy cerca de la media nacional”.

“Entonces ahí hay un reto que se le expresó a los legisladores para el equilibrio de la distribución de los recursos federales”, sentenció.

Y ejemplifica, entonces los poderes judiciales somos agentes de equilibrio económico, “entre más rápido resolvamos un asunto de un bien inmueble, más rápido se puede comprar, vender o desarrollar ese bien inmueble”.

“De equilibrio social con los conflictos que podamos resolver en materia penal, en materia familiar; de equilibrio y de desarrollo laboral porque ahora sí los tribunales los vamos a asumir con una visión distinta, más generadora, con precisamente innovación tecnológica y expedientes digitales.

En fin, está toda una justificación que con mucho gusto si nos sentamos todos los poderes judiciales locales con la Comisión de Presupuesto podríamos darles más razones aún de porqué podría crearse este fondo”, afirmó.

Y va más allá al explicar las ventajas de dicho fondo, afirma que podría ayudar a sufragar gastos de administración, utilizarse en equipamiento, en la adquisición, construcción y remodelación de inmuebles, comprar, habilitar o mantener el mobiliario y el equipo necesario; para la capacitación y mejoramiento y especialización judicial, y un punto muy importante es el tema de las defensorías públicas.

De ellas menciona que prácticamente ven el 80 por ciento de los asuntos de carácter penal y es una carga de trabajo que ha aumentado: “y, por el contrario, del aumento de la sociedad que acude con nosotros a recibir justicia, los presupuestos no aumentan, disminuyen”.

“Entonces lo que me preocupa es la calidad de justicia que vamos a prestar si no tengo, ni todos los sistemas judiciales locales del país, el personal necesario en el centro de evaluación psicosocial, en la defensoría pública, en los propios jueces en todas las materias para poder prestar un servicio.

Ese es el llamado que desde Coahuila hago a los legisladores a quienes enviaré este documento, además de remitirlo a la Cámara de Diputados y a los presidentes de las distintas fracciones, pero con especial atención a la Comisión de Presupuesto que es la que analizará antes del 15 de octubre la asignación presupuestal a los estados y municipios”, expresó el magistrado.

UNIDOS

Se le pregunta si hay un bloque federal de magistrados para tal petición y responde que: “el llamado lo hago de manera como Poder Judicial de Coahuila, espero que otros compañeros de poderes judiciales estatales se sumen a esta propuesta”.

“Y lo hago así porque aquí la asamblea que se realizó el mes pasado de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB) en Saltillo fue un tema que puse sobre la mesa”.

“Para decirles respecto de que si, ¿los presupuestos van a avanzar?, ¿y el presupuesto federal qué contempla para los poderes judiciales?, ¿por qué no se ha reformado el Artículo 116 de la Constitución?, ¿por qué se está dejando de lado la justicia y luego se señala que la justicia es altamente corrompible o corrupta cuando está dando resultados?”.

Y cuando hoy Coahuila tiene la percepción más alta de la ciudadanía en cuanto a confiabilidad hacia sus jueces, entonces estamos haciendo las cosas correctas”.

Por eso hago el llamado, yo espero efectivamente que otros presidentes de los poderes judiciales locales puedan firmar el documento, se trató con el presidente de la CONATRIB, yo por Coahuila tomé la iniciativa para ponerla sobre la mesa, que no se había puesto, y el 15 de diciembre se cierra el plazo”, dijo.

Se le cuestiona de nuevo, ¿cuánto necesitan los abogados que están en la Defensoría Pública, por ejemplo?, uno podría pensar que con aumentarles el sueldo bastaría, y Miguel Mery Ayup responde que prácticamente es imposible poder tener una acción de este tipo.

“Pues el Poder Judicial tiene dinámica y meta distinta a los poderes Ejecutivo y Legislativo; en el Poder Judicial hay movilidad porque usted tiene un actuario que pretende ser secretario, y el secretario pretende ser juez, y el juez pretende ser magistrado, es decir, hay un servicio profesional de carrera.

En ese esquema hay que privilegiar para erradicar la corrupción, bueno, con mejores salarios y lo que tiene que ver con las defensorías públicas que verdaderamente le sirvan a la gente.

En ese sentido yo necesito más defensores, más psicólogas en el Centro de Evaluación Psicosocial, más mediadores para poder ofrecer el servicio de mediación en todas las materias”, agrega.

VENTAJAS

Continúa el magistrado presidente del Poder Judicial en la entidad, en lo general México Evalúa nos dice que Coahuila es el estado con el segundo lugar de todos los tribunales del país en el sistema de justicia que lo hemos consolidado.

“Que estamos siendo evaluados por la ciudadanía como los más confiables del país, que tenemos un nivel de coordinación entre las instituciones en el estado para la gobernabilidad e incluye a la Fiscalía, el ministerio público, la policía estatal, la municipal y la federal con la calificación más alta, y que tenemos el esquema de mejor apropiación del sistema de oralidad y de respuesta en todos los casos”, mencionó.

Y vuelve con su propuesta resaltando ventajas y desventajas, o riesgos más bien: “No podemos atender también la gran cantidad de asuntos que hoy se presentan en el Poder Judicial.

Se necesitan más defensores públicos porque un defensor público está llevando 250 asuntos a la vez, ¿cuándo va a poder verlos con calidad?, por ello necesito más presupuesto para la creación de más plazas en defensoría pública, para creación de más jueces, pero pareciera que la justicia no existe para los legisladores.

De ahí el llamado para la creación del fondo, porque la justicia es necesaria para dirimir los conflictos que se tienen en las distintas materias y eso genera paz, estabilidad, desarrollo económico, justicia social”, agrega.

“Y estos recursos los necesitamos para poder atender a los que menos tienen, para que efectivamente quien no puede pagarse un abogado particular pueda atenderse con un abogado defensor público”, sentenció.

CALIDAD EN JUSTICIA

El magistrado toma el camino de la calidad en la justicia y expresa que este tema se refiere a cuando: “un juzgador no tiene 2 mil asuntos, sino solamente 700 que son los que le permiten tener defender ese expediente en particular, cuando no puede negar a los otros lo puede atender”.

“Cuando en la audiencia no se va a correrla dentro de tres meses, sino que efectivamente la programas en 10 días, cuando en el Centro de Evaluación Psicosocial tenemos una evaluadora o psicóloga que puede ir a la vivienda a tocar la puerta y hacer la evaluación no dentro de dos meses, sino en una semana.

Ahí es donde está la calidad de la justicia, ahí es donde efectivamente tenemos una mejora en la calidad del servicio de impartición de la justicia”, explicó.

Otro ejemplo que pone sobre la mesa es cuando en el sistema mercantil lo mismo da atender un pagaré de 5 mil pesos que un pagaré de 1 millón de pesos.

“Todo el aparato judicial se empieza a mover por un pagaré chico o un pagaré grande, pero todos importan de manera igual, ese es el tema.

Entonces se echa a andar todo un sistema, es decir, echas a andar al actuario, al juez, al secretario, al notificador, a la taquimecanógrafa, al sistema porque lo subimos al sistema (electrónico), entonces aquí en Coahuila queremos tener herramientas de atención de mayor calidad hacia la gente”.

Y explica que quizá los poderes judiciales no son fábricas de votos, que: “aquí no tramitamos votos, los poderes judiciales tienen una alta responsabilidad en la gobernabilidad y de la paz social en un estado para poder dar respuesta lo más profesional posible con calidad y lo más rápido posible”.

“Aquí no se generan votos, por eso hago el llamado a los legisladores federales y que entiendan cuál es el concepto de poder dar presupuesto a los poderes judiciales locales y efectivamente vean cuál es el mejor resultado que tienen, tienen respuestas a los conflictos de la sociedad”.

MÁS DATOS

El gobierno federal ha bajado su índice de participación de recaudación y tiene a estados a la baja en su presupuesto que les llega, un ejemplo es que Coahuila terminará el 2020 con aproximadamente 5 mil millones de pesos menos en su presupuesto, no hay de dónde obtener un recurso adicional, pero en cuanto a los 64 mil millones de pesos asignados a la federación, ¿qué posibilidades hay de mejorar ese camino y redistribuir el presupuesto?, se le cuestiona.

Por lo que el magistrado pide que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo consideren ninguna reducción al presupuesto del Poder Judicial: “es un esfuerzo para que esta institución no reciba del Estado una reducción, sino al contrario, así aumentemos un 1 por ciento, pues ahí vamos poco a poco aumentando”.

En otro orden de ideas, referenció el magistrado presidente: “definitivamente tiene que haber una redistribución de los recursos que van destinados a la impartición de justicia, 67 mil millones de pesos al PJF contra 37 mil millones de pesos en la suma de los 32 estados me parece que es una distribución federal inequitativa, le falta igualdad”.

Y propone hacer un ejercicio: “de los 67 mil millones de pesos, si se reparten considerando la población que tienen los estados, si Coahuila tiene 3 millones 200 mil personas, nos tocarían 2 mil millones de pesos; que venga esa cantidad a Coahuila para el Poder Judicial, entonces tendríamos ya la Ciudad Judicial, más jueces, un equilibrio para acercarnos a 4 jueces por cada 100 mil habitantes”.

“De ahí la idea de que se trata de una exigencia para la redistribución de las participaciones federales y que volteen a ver a los poderes judiciales, tal parece que antes no existían y el tema es que efectivamente sea una redistribución equitativa, y es la discusión que se tiene que dar profundamente en el Poder Legislativo federal”, expuso.

RETOS

Miguel Mery Ayup va ahora con los retos en el futuro inmediato, en 2022.

Estos son: “continuar un trabajo con USAID y Con Justicia para que los protocolos de actuación sean exactamente iguales en su desarrollo en todos los distritos judiciales de Coahuila y que iniciaremos con Saltillo y Torreón, seguir evaluándonos, llamando a jueces y juezas a capacitación, a coordinarnos todavía más con las instancias de justicia”.

“Además, pasar del 3 al lugar 1 en el ranking nacional, ya avanzamos seis lugares para llegar al tercero en lo que refiere a la consideración de México Evalúa en la impartición de justicia”.

Y explica que la entidad sigue ocupando primeros sitios ante otras evaluadoras: “por ejemplo, otra instancia nos coloca en segundo lugar nacional, fue Welter y Proyects en cuanto al sistema de justicia penal”.

“Otra evaluación de Transparencia Mexicana nos coloca en primer lugar con el tema de la Pandemia, porque nosotros sí realizamos las audiencias de manera virtual sin detener el sistema de justicia como en otros estados donde se colapsó su sistema”.

Y afirma concluyente: “Impartir justicia es un derecho humano, no se puede detener, porque si detienes la justicia, detienes la economía, la estabilidad política, social, económica y la paz laboral que debemos tener en un estado como el nuestro”.

Y sentencia casi al final que, según su parecer, de no obtener recursos federales está en riesgo la impartición de justicia en la entidad.

“En cuanto a su calidad y buena marcha, en ese esquema está en riesgo el que podamos ofrecer un servicio de calidad a la gente, definitivamente la justicia debe recibir más recursos para poder brindarla con atención, ejecutividad, prontitud.

Eso es lo que se pone en riesgo, pero a pesar de que tenemos pocos recursos estamos dando resultados, somos los más eficientes a nivel nacional”, afirmó.

Ello, además del riesgo de proyectos que podrían quedarse en el camino como las inversiones: “para la Ciudad Judicial de Saltillo que necesita en 100 y 150 millones de pesos ¿cómo lo asumes?, no obstante que ya tenemos dos ciudades judiciales en Acuña y Sabinas funcionando, además de plazas para más jueces, más defensores públicos, más magistrados, más personal judicial, aunque pensamos hacerlo con recursos propios”.