Redacción Más / IA
Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia y aspirante del partido Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), podría enfrentar obstáculos legales que comprometen su objetivo de suceder a Martí Batres.
El problema legal se origina en un conflicto de 2005 con pobladores indígenas de Culhuacán por la posesión de un cementerio, un tema que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Brugada podría enfrentar la prohibición de ejercer cargos públicos por hasta 10 años, lo que la haría inelegible como jefa de Gobierno. La información publicada por la agencia Infobae.
El conflicto se centra en la titularidad de un predio en Avenida Tláhuac 3448, solicitado por pobladores indígenas para un cementerio comunitario. Aunque el problema no inició con Brugada, su involucramiento en el proceso y la falta de acatamiento de instrucciones judiciales podrían afectar sus aspiraciones políticas.
La alcaldía Iztapalapa ha disputado el uso del terreno, solicitado para prácticas ancestrales, con grupos indígenas desde 2005. A pesar de decretos expropiatorios favorables en 2008-2011, la alcaldía ha emprendido litigios para retener el control. El conflicto llevó a un desalojo en 2017, respaldado por autoridades de la Ciudad de México.
En 2018 y 2021, un Tribunal colegiado determinó que la respuesta a las demandas indígenas no fue adecuada. La SCJN analiza actualmente el caso, señalando responsabilidades al director Jurídico de Iztapalapa y a Clara Brugada, vinculada como superiora jerárquica durante su gestión.
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