En riesgo ahorros de trabajadores en el Infonavit

Una reforma legal modifica la estructura interna del Instituto y otorga al Gobierno Federal mayoría en órganos clave de decisión

Ciudad de México, 17/06/2024 (Más / IA).- El Senado aprobó una reforma a diversos artículos de la Ley del Infonavit con el objetivo de que el Instituto promueva la construcción, administración y arrendamiento de vivienda social. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia debido a que especialistas y sectores de la oposición advierten que esta medida podría poner en riesgo los ahorros de los trabajadores y romper el equilibrio del modelo tripartita de decisión.

La propuesta plantea la creación de una empresa filial del Infonavit encargada de planificar y coordinar el desarrollo de proyectos habitacionales. Estos proyectos estarán sujetos a la aprobación del Consejo de Administración y la Asamblea General del Instituto, órganos conformados por representación equitativa del gobierno, el sector obrero y el empresarial. No obstante, la iniciativa establece que los comités de Vigilancia, Transparencia y Auditoría contarán con mayoría de integrantes del Gobierno Federal.

Además, la reforma otorga facultades a la Presidencia de la República para designar directamente a la persona titular de la Dirección General del Infonavit, quien tendrá derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo de Administración, así como facultad de veto en las resoluciones que no se adopten por unanimidad. Estas modificaciones, de acuerdo con especialistas, generan preocupación por la posible concentración de poder del gobierno federal dentro del Instituto.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que el Infonavit es un manejador de fondos, pero ahora se crea una filial gubernamental que se dedique a construir. “Cuando se permite esta creación de esta filial, se vulnera el derecho de los trabajadores a decidir qué se hace con su dinero”, explicó.

Por su parte, Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, advirtió que esta reforma abre la posibilidad de que en ciertos proyectos se pueda tomar cierta parte de los fondos para construir viviendas sociales, no para otra finalidad, aunque subrayó que el lenguaje de la iniciativa es ambiguo y requiere mayor claridad sobre qué recursos se utilizarán.

El dictamen también establece que los recursos administrados por el Infonavit y su filial podrán utilizarse para inversiones relacionadas con la construcción y mantenimiento de viviendas, incluyendo terrenos propiedad del Instituto. Dichos recursos provendrán de dos fuentes principales: el patrimonio propio del Infonavit y el Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, los rendimientos generados por los ahorros de los trabajadores.

Carlos Martínez, exdirector del Infonavit, explicó en la red X que los activos administrados por el Instituto ascienden a 2.5 billones de pesos, de los cuales cerca de 763 mil millones están en un fondo de inversión a largo plazo con vencimientos en al menos cuatro años. El resto, detalló, corresponde a la cartera de crédito neta por 1.5 billones de pesos, aunque aclaró que estos no son recursos líquidos disponibles de forma inmediata.

La reforma también impacta la estructura interna del Infonavit, ya que desaparecen las direcciones sectoriales del sector obrero y empresarial, áreas encargadas de recopilar las opiniones y propuestas de sus respectivos sectores. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal tendrá mayoría en la Comisión de Vigilancia, integrada por cinco representantes del gobierno frente a dos del sector obrero y dos del empresarial, así como en el Comité de Auditoría, con tres integrantes del gobierno, uno del sector obrero y uno del empresarial.

Especialistas y sindicatos han cuestionado el desequilibrio que esto podría generar en la toma de decisiones. “Gran parte de cómo se va a disponer los recursos se ve mediado por la composición del Infonavit, y al tener mayor participación del gobierno sí genera duda de qué tan equilibrado esté el Instituto”, afirmó Escoffié.

Por otro lado, la propuesta incluye la implementación de programas de arrendamiento social. Los trabajadores con al menos un año de cotización continua tendrán derecho a participar en este esquema, que les permitirá acceder a viviendas cercanas a sus centros de trabajo, con opción a compra. Para ello, se autoriza que las rentas no excedan el 30% del salario de los trabajadores.

En contraste con el modelo actual, la Secretaría de Hacienda asumirá la función de emitir reglas sobre el régimen de crédito y vigilar su cumplimiento, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dejará de supervisar los sistemas de contabilidad y operaciones del Instituto.

Aunque el dictamen ya fue aprobado por el Senado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la reforma será discutida hasta el próximo periodo ordinario, en 2025, con el fin de abrir un espacio para una mayor reflexión sobre su contenido.