Debido al riesgo y las amenazas que han recibido, mujeres de la entidad dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas reciben protección federal
Por Héctor García Álvarez
Saltillo, Coahuila 24/03/25 (Más).- Tres buscadoras de desaparecidos en Coahuila están bajo protección federal ante las amenazas que enfrentan. Su labor refleja las deficiencias en la búsqueda oficial y la urgencia de mayor seguridad y justicia.
La búsqueda de personas desaparecidas ha recaído principalmente en familiares, especialmente en madres buscadoras, quienes han asumido la tarea que las autoridades han dejado inconclusa. Sin más herramientas que palas, varillas y su propio instinto, recorren ejidos, cerros y fosas clandestinas en busca de los restos de sus seres queridos, enfrentándose no solo al dolor de la pérdida, sino también a amenazas, hostigamiento y violencia.
Coahuila es uno de los estados con mayor número de desapariciones en el país, con registros que superan las 3,500 personas desaparecidas, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el Informe de Red Lupa.
A pesar de la existencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda y el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), las madres buscadoras han denunciado que las investigaciones avanzan con lentitud y que, muchas veces, son ellas quienes proporcionan la información clave para ubicar cuerpos en fosas clandestinas.
La labor de estos colectivos no está exenta de riesgos. En municipios como Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova, las madres buscadoras han sido amenazadas por grupos del crimen organizado, que ven en su trabajo un obstáculo para sus actividades delictivas. Algunas han tenido que desplazarse forzadamente, cambiar de identidad o abandonar la búsqueda por miedo a represalias.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, donde desde hace años se han descubierto restos humanos calcinados en un predio utilizado como centro de exterminio. A pesar de estos hallazgos, las familias han denunciado que las autoridades han sido omisas en la identificación de los cuerpos y que la impunidad sigue siendo la norma.
Las madres buscadoras en Coahuila han exigido mayor seguridad y apoyo institucional, pero su lucha sigue siendo solitaria. Mientras el gobierno estatal anuncia avances en la identificación de restos, ellas continúan recorriendo el desierto y los campos en busca de respuestas, sabiendo que cada día que pasa sin encontrarlos es un día más en el que la impunidad se impone sobre la justicia.
Para atender estos riesgos, en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que brinda seguridad a quienes enfrentan amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos o el ejercicio periodístico.
A nivel nacional, 249 personas buscadoras están bajo este esquema, de las cuales 201 son mujeres y 48 hombres. En el caso de Coahuila, solo se sabe que tres personas reciben esta protección, sin que se hayan revelado sus identidades ni detalles sobre las amenazas que enfrentan.
A pesar de estos esfuerzos, madres buscadoras han denunciado que las medidas de protección son insuficientes. Un grupo de 37 mujeres ha solicitado una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando desplazamientos y hasta feminicidios relacionados con su labor. Muchas han sido expulsadas con violencia de los lugares donde encuentran restos humanos, y algunas han sido asesinadas en represalia.
El reconocimiento oficial de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos es un paso fundamental para fortalecer su seguridad. En la Ciudad de México, ya se ha propuesto la creación de un Fondo Nacional de Apoyo, pero es necesario que estas medidas se extiendan a nivel nacional, especialmente en estados como Coahuila, donde la crisis de desapariciones es alarmante.
La protección a las madres buscadoras bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas refleja el nivel de riesgo que enfrentan en un país donde la búsqueda de desaparecidos se ha convertido en una actividad de alto peligro. Si bien este mecanismo es un avance en la garantía de su seguridad, también evidencia la falta de respuestas eficaces del Estado en la localización de las víctimas y la impartición de justicia.
La necesidad de que estas mujeres recurran a medidas extraordinarias de protección indica que su labor, en lugar de ser apoyada plenamente, las expone a amenazas y agresiones. Esto plantea un desafío para las autoridades: fortalecer la seguridad de quienes buscan justicia sin que ello implique que su papel sustituya la responsabilidad estatal en la investigación y resolución de casos de desaparición.
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