La elección popular de personas juezas, magistradas y ministras contemplada en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo estimado en más de 22 mil millones de pesos
REDACCIÓN MÁS / IA
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 127 mil personas y no contempla los costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de los 6 mil 711 jueces y magistrados de los estados y la Federación que podrían perder su empleo si se aprueba esta iniciativa, según la agencia Animal Político.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 los poderes judiciales locales empleaban a 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación daba empleo a 54 mil 388 personas.
Esta reforma podría causar una “inestabilidad laboral grave” a las 127 mil 388 personas que actualmente trabajan en los 33 poderes judiciales del país, según datos oficiales. Además, no se han considerado los costos al erario público derivados de destituir a 5 mil 25 jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales y a 1 mil 686 del Poder Judicial de la Federación.
Estos costos incluirían demandas laborales o litigios internacionales, implicando el pago de indemnizaciones por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
“Hay un nerviosismo importante porque no tienen la certeza de que, en caso de que terminen sus contratos laborales, el gobierno los va a liquidar. Imagínate el costo de liquidar a 1,600 servidores públicos que llevan 20 o 30 años trabajando en el cargo”, señaló Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM) en entrevista con Animal Político.
Existe también el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. La Corte advierte que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) podría no ser evaluado conforme a la calidad de su trabajo, sino según su afinidad ideológica u otros criterios políticos.
El 6 de junio de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, pidiendo ser considerados ante la “inminente reforma” judicial impulsada por el presidente López Obrador. En la misiva, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato del PJF, expresó que más de 32 mil trabajadores sindicalizados sienten incertidumbre laboral y económica.
“¿Cuál es la alternativa? No indemnizarlos, sino darles un finiquito que sería contrario a la legislación laboral o simplemente despedirlos de manera inapropiada. Esto añade otro ingrediente respecto a la viabilidad de una elección judicial y ese impacto sería mucho más caro que las propias elecciones”, afirmó Ricardo Mendoza del INCAM.
Según la organización civil Laboratorio Electoral, las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, a nivel federal y local, reciben 41 mil 170 millones 580 mil 855 pesos. Si se suma lo destinado al financiamiento de los partidos políticos, el presupuesto electoral para 2024 asciende a más de 60 mil 451 millones 351 mil 931 pesos, en un proceso electoral con más de 20 mil puestos de elección popular en juego.
Un cálculo preliminar estima que un proceso de elección para jueces, magistrados y ministros costaría 22 mil millones de pesos, equivalente al 2% del gasto de inversión física presupuestaria, subsidios para el sector social y para todas las entidades federativas y municipios del país.
“Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, ya que existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de jueces que garantizan su independencia e imparcialidad, permitiendo destinar estos recursos a mejorar la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”, concluye la Corte.
Con información de Animal Político
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