En rebeldía

Las investigaciones en México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses permanecen abiertas pese a que el mandatario retomó la gubernatura tras 112 días de licencia. En agosto, el caso sumó la salida de Gerardo Mérida Sánchez del sistema penitenciario estadounidense y la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado por encubrimiento y falsedad de declaraciones

Culiacán, Sinaloa, 22/08/26 (Más).- El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia temporal, ocurre mientras permanecen abiertas investigaciones en México y continúa vigente la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos que lo vincula presuntamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información publicada por este medio, el caso ha tenido nuevos movimientos durante agosto, entre ellos la salida del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez del sistema federal de prisiones de Estados Unidos y la detención en México de Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo clave de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado e Ismael «El Mayo» Zambada fue privado de la libertad.

El origen de la investigación internacional se remonta a la acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. De acuerdo con el expediente estadounidense, Los Chapitos habrían apoyado la campaña electoral de 2021 mediante intimidaciones y secuestros de opositores, mientras que posteriormente habrían recibido protección para sus actividades criminales.

La acusación sostiene que los funcionarios señalados habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de otros delitos relacionados con armas. Rocha Moya rechazó las imputaciones y las calificó de falsas, al argumentar que se trataba de un ataque político y contra la soberanía mexicana.

El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó al Congreso de Sinaloa una licencia temporal para separarse de sus funciones y ponerse a disposición de las autoridades mexicanas. Durante ese periodo compareció ante la Fiscalía General de la República, mientras que otros funcionarios señalados en la acusación estadounidense enfrentaron procesos distintos.

Uno de los casos fue el del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo después de salir de México. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa permaneció aproximadamente tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, mientras enfrentaba acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con Los Chapitos.

El 11 de agosto, Mérida Sánchez dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. El registro penitenciario confirmó su salida del centro de detención, aunque no estableció públicamente su situación actual ni confirmó que se encuentre en libertad. Su proceso judicial continúa abierto y también se ha reportado que su salida podría estar relacionada con alguna modalidad de cooperación con las autoridades estadounidenses, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.

Otro movimiento relevante ocurrió el 19 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Fausto Corrales Rodríguez, quien acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a una reunión en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, el 25 de julio de 2024. En ese sitio, de acuerdo con las investigaciones federales, Cuén fue asesinado y Zambada fue privado de la libertad y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

La FGR atribuye a Corrales Rodríguez probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento del homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones. Las autoridades sostienen que sus versiones sobre lo ocurrido presentaron contradicciones y que su declaración es relevante para esclarecer los acontecimientos de aquella jornada.

Un día después de su detención, un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Corrales Rodríguez y ordenó su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. La audiencia inicial se realizó a puerta cerrada luego de que la FGR argumentara posibles riesgos para la seguridad nacional. La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la situación jurídica del detenido será definida posteriormente.

La detención de Corrales ocurrió apenas dos días antes del regreso de Rocha Moya a la gubernatura. El mandatario anunció el 21 de agosto que retomaba sus funciones después de 112 días de licencia y aseguró que la FGR no había encontrado elementos mínimos de prueba para relacionarlo con alguna conducta delictiva. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación precisó que su reincorporación fue una decisión personal y recordó que las carpetas de investigación de la FGR relacionadas con las diez personas señaladas por Estados Unidos permanecen abiertas.

El regreso del gobernador también generó reacciones de dirigentes y legisladores de oposición, quienes cuestionaron que reasumiera el cargo mientras continúan las investigaciones en México y Estados Unidos. Desde Morena y el Gobierno federal también hubo un deslinde respecto de la decisión, al señalar que la reincorporación no fue resultado de una determinación del Ejecutivo federal.

El episodio se suma a una cadena de acontecimientos que comenzó con la acusación estadounidense de abril, continuó con la licencia de Rocha Moya, las comparecencias ante autoridades mexicanas y la situación judicial de funcionarios señalados, y ahora incorpora dos movimientos ocurridos en agosto: la salida de Mérida Sánchez del registro penitenciario estadounidense y la detención de Corrales Rodríguez en México.

En paralelo, el caso permanece vinculado a las investigaciones sobre los hechos del 25 de julio de 2024, considerados un punto central para esclarecer la privación de la libertad de Ismael «El Mayo» Zambada y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda. La captura de Corrales coloca nuevamente esos acontecimientos en el centro de la investigación federal, mientras la situación jurídica de Mérida Sánchez permanece pendiente de nuevas determinaciones en Estados Unidos.

Con Rocha Moya nuevamente al frente del gobierno estatal, la investigación no está cerrada en México. La diferencia entre la afirmación del gobernador sobre la inexistencia de elementos en su contra y el señalamiento de Gobernación sobre la continuidad de las carpetas de investigación mantiene abierto el escenario judicial y político en torno al mandatario y a los demás funcionarios incluidos en el caso.