Ciudad de México, 20/08/26 (Más).- México atraviesa un deterioro acelerado de su sistema de información pública, marcado por la desaparición de organismos autónomos, la reducción de bases de datos, menores capacidades de fiscalización y evaluación, dificultades para ejercer el derecho de acceso a la información y una creciente concentración de datos en manos del Estado, una combinación que disminuye las herramientas disponibles para conocer, evaluar y exigir cuentas al gobierno.
De acuerdo con una investigación conjunta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Signos Vitales, durante los últimos ocho años se debilitó la infraestructura institucional que México había construido durante décadas para generar estadísticas, evaluar políticas públicas, fiscalizar recursos y garantizar que los ciudadanos pudieran contrastar el discurso de las autoridades con información independiente, verificable y comparable.
El reporte advierte que el problema no consiste únicamente en tener menos datos, sino en perder las instituciones y capacidades técnicas necesarias para convertirlos en evidencia útil para la toma de decisiones.
Uno de los cambios más relevantes fue la desaparición formal, en marzo de 2025, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas atribuciones fueron transferidas a dependencias vinculadas con el Poder Ejecutivo, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo. Antes de su eliminación, la Plataforma Nacional de Transparencia acumulaba más de 14 millones de registros generados mediante solicitudes ciudadanas y obligaciones de transparencia.
Los efectos de ese cambio ya aparecen en las cifras de ejercicio del derecho a saber. Entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2024 fueron registradas 39 mil 81 inconformidades relacionadas con acceso a información; durante el mismo periodo de 2025 fueron 15 mil 828. En materia de protección de datos personales, las quejas pasaron de 3 mil 593 a solamente 633.
El informe considera que la caída no necesariamente representa una mejora, pues también puede ser consecuencia de una menor disposición ciudadana a recurrir a mecanismos cuya efectividad es percibida como limitada.
Las dudas aumentan al revisar el funcionamiento de la institución que sustituyó parte de las tareas del INAI. Según la investigación, de los primeros 2 mil 253 recursos recibidos por Transparencia para el Pueblo solamente 457 habían sido procesados, mientras 99.6 por ciento fueron clasificados como improcedentes.
Al mismo tiempo, durante 2025 fueron documentadas fallas recurrentes de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre ellas problemas para consultar expedientes, realizar búsquedas o presentar recursos contra respuestas de las autoridades.
La pérdida de información también se observa en datos.gob.mx, el sitio creado para concentrar bases gubernamentales de consulta pública. El portal pasó de tener 12 mil 570 conjuntos de datos en 2023 a 6 mil 920 en 2026, una reducción de 44.9 por ciento.
El reporte advierte que parte de la aparente mejora en los indicadores de actualización ocurrió porque bases rezagadas fueron eliminadas del universo disponible en vez de ponerse al día. Como ejemplo, los datos de inversión extranjera directa en esa plataforma llegaban únicamente al segundo trimestre de 2024, pese a que la Secretaría de Economía ya publicaba información correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también enfrenta una mayor presión. Entre 2019 y 2025 su presupuesto ejercido creció solamente 3.7 por ciento en términos reales, mientras sus responsabilidades se ampliaron. En 2025 recibió recursos adicionales para realizar la encuesta intercensal y, de acuerdo con el análisis, sin esa ampliación presupuestal habría registrado una disminución real de 12.3 por ciento respecto de 2019. A esta situación se sumó la absorción de funciones que anteriormente correspondían al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Coneval desapareció en 2025 y el Inegi asumió la medición de la pobreza, pero no existe un reemplazo equivalente para una de las funciones centrales que realizaba el organismo: evaluar de manera externa e independiente los programas y políticas de desarrollo social.
El cambio plantea, según MCCI y Signos Vitales, riesgos para la continuidad metodológica, la comparabilidad histórica de las mediciones y la existencia de contrapesos técnicos capaces de determinar si las políticas gubernamentales realmente producen los resultados prometidos.
Una situación semejante ocurrió en educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desapareció en 2019 y fue sustituido por Mejoredu, organismo que a su vez dejó de operar el 31 de mayo de 2025.
El reporte sostiene que las sucesivas modificaciones interrumpieron la continuidad de las evaluaciones nacionales y pusieron en riesgo alrededor de dos décadas de información educativa, dificultando comparar resultados de aprendizaje a través del tiempo y establecer si una determinada política mejora o empeora el desempeño de los estudiantes.
El debilitamiento también alcanza a la Auditoría Superior de la Federación. Aunque el número de auditorías pasó de mil 348 en 2019 a más de 2 mil 200 anuales entre 2023 y 2025, la recuperación de recursos observados cayó considerablemente. Mientras en la gestión anterior se recuperaron alrededor de 68 mil millones de pesos, en el periodo más reciente la cantidad fue de poco más de 12 mil millones.
Para las organizaciones autoras del estudio, el aumento del número de revisiones no significa necesariamente una fiscalización más efectiva si las observaciones tienen menores consecuencias o disminuye la recuperación de dinero público.
El deterioro no siempre consiste en la desaparición absoluta de datos. En sectores como energía, seguridad, salud y personas desaparecidas existen registros que presentan problemas de actualización, consistencia, comparabilidad o trazabilidad.
En el sector eléctrico, por ejemplo, el margen de reserva operativa dejó de estar disponible públicamente desde julio de 2024 al quedar sujeto a restricciones relacionadas con seguridad nacional, limitando la posibilidad de evaluar independientemente la capacidad y los riesgos del sistema eléctrico.
El uso de argumentos de seguridad nacional también ha mantenido restringida información relacionada con proyectos estratégicos. El reporte señala que continúan limitaciones para conocer contratos, convenios con proveedores, costos, sobrecostos y expedientes técnicos del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y obras administradas por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Este esquema comenzó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y permaneció bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La investigación identifica además una paradoja: mientras disminuyen algunas herramientas utilizadas por la ciudadanía para obtener información gubernamental, aumentan las capacidades del Estado para recopilar y relacionar información de las personas.
Las reformas en seguridad e inteligencia permiten integrar registros fiscales, patrimoniales, vehiculares, criminales y administrativos mediante sistemas coordinados por el Centro Nacional de Inteligencia, además de fortalecer la interoperabilidad entre instituciones federales, estatales y municipales.
Ese crecimiento también se refleja en la vigilancia de comunicaciones. Entre 2019 y 2025 las intervenciones de comunicaciones privadas pasaron de 5 mil 576 a 8 mil 528, un aumento de 52.9 por ciento; las solicitudes de información dirigidas a empresas telefónicas crecieron de 10 mil 344 a 19 mil 791, equivalente a 91.3 por ciento, mientras las órdenes autorizadas para obtener información de usuarios aumentaron de 6 mil 653 a 15 mil 517, un crecimiento de 133.2 por ciento.
La expansión de estas capacidades ocurre mientras persisten vulnerabilidades para proteger los propios datos concentrados por las autoridades. Entre 2022 y 2025 fueron identificados al menos 16 incidentes críticos de ciberseguridad; entre ellos destaca el ataque contra la Secretaría de la Defensa Nacional que expuso aproximadamente seis terabytes de documentos.
El reporte agrega que el gasto en tecnologías de información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cayó 85.2 por ciento entre 2018 y 2025.
Para MCCI y Signos Vitales, la consecuencia de este proceso rebasa el debate administrativo sobre organismos, presupuestos o plataformas digitales. Cuando desaparecen evaluadores independientes, se interrumpen series históricas, se restringen datos o las instituciones pierden capacidad técnica, también se vuelve más difícil determinar la magnitud real de problemas como la pobreza, el aprendizaje escolar, la inseguridad, el desabasto de medicamentos, las desapariciones o el uso irregular de recursos públicos.
El problema central, advierte el estudio, es que un gobierno con menos información independiente disponible para ser confrontado dispone también de mayores márgenes para sostener sus propias interpretaciones sobre los resultados de las políticas públicas. A diferencia de una base de datos que simplemente desaparece, la pérdida de comparabilidad, independencia metodológica y capacidad institucional puede ser menos visible, pero sus consecuencias se acumulan y dificultan reconocer errores antes de que éstos produzcan daños mayores.
La investigación concluye que reconstruir las capacidades perdidas no será un proceso inmediato. Recuperar sistemas de información, personal especializado, metodologías acumuladas durante décadas y mecanismos confiables de evaluación requerirá recursos y un fortalecimiento efectivo de los contrapesos institucionales.
La transparencia, plantea el reporte, no depende solamente de que existan páginas gubernamentales o grandes volúmenes de datos, sino de que la información permanezca disponible, sea verificable y permita a cualquier ciudadano conocer qué hace el gobierno, cuánto cuesta y cuáles son sus resultados.
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