Ciudad México 17/04/26 (Más).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en la antesala del embargo a empresas vinculadas a figuras cercanas a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación, tras detectar adeudos fiscales acumulados durante varios años que no fueron cubiertos ni garantizados, de acuerdo con información difundida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Los casos corresponden a Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, actual vocero de los diputados de Morena.
Según los documentos oficiales del SAT revisados por la organización, ambas empresas enfrentan créditos fiscales que han crecido con el tiempo debido a recargos, multas y actualizaciones, luego de que optaran por impugnar las resoluciones sin cubrir ni asegurar los montos reclamados, lo que derivó en la emisión de mandamientos de ejecución para proceder al embargo de bienes.

En el caso de Argos Producciones, el adeudo se originó en febrero de 2020 por impuestos sobre la renta, pagos provisionales y retenciones.
El crédito fiscal fue determinado en diciembre de 2022 y, tras no ser cubierto en el plazo establecido, la deuda continuó incrementándose hasta alcanzar al menos 8 millones 690 mil pesos para febrero de 2026, cuando el SAT ya había iniciado el proceso de cobro forzoso.
El reporte también destaca que esta empresa recibió en 2020 un crédito de hasta 150 millones de pesos por parte de Bancomext, además de haber sido beneficiada previamente con condonaciones fiscales por más de 8 millones 800 mil pesos entre 2020 y 2022.

La empresa IBN, vinculada a Arturo Ávila, acumuló adeudos correspondientes a 2021, cuando el actual legislador encabezaba la compañía.
El SAT determinó el crédito fiscal en junio de 2024 y, ante la falta de pago o garantía, la deuda creció hasta sumar más de 2 millones 593 mil pesos, casi el doble del monto original.
La investigación refiere que durante el periodo en que se generaron estos adeudos, la empresa mantenía contratos activos con el gobierno federal, incluyendo servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contratos con Pemex, algunos de los cuales fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias.
Asimismo, se señala que IBN contaba con antecedentes administrativos, como una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública en 2021, lo que añade elementos de escrutinio sobre su operación y cumplimiento de obligaciones.
De acuerdo con MCCI, ambos casos presentan patrones similares: acumulación de adeudos fiscales, litigio sin respaldo financiero y crecimiento sostenido de las deudas, lo que finalmente derivó en acciones del SAT para garantizar el cobro.
La información subraya el contraste entre el discurso público de combate a la evasión fiscal y los expedientes de empresas vinculadas a actores políticos, en los que persisten incumplimientos prolongados y procesos abiertos que podrían derivar en el embargo de bienes.
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